“Hay que incidir en la política para que se investigue lo que pasó en el Patronato de Protección a la Mujer”

Ya no es un tema tan invisible, según señala Pilar Iglesias Aparicio, pero hay que propiciar ya respuestas desde la institución sobre las violaciones de derechos humanos que sufrieron las mujeres víctimas del Patronato de Protección de la Mujer. Este es el objetivo de una petición realizada por Iglesias Aparicio y la Federación Feminista Gloria Arenas, que a día de hoy está en fase de búsqueda de apoyos para en breve ser presentada a los partidos políticos. “Queremos ver cómo reaccionan ante este compromiso, si de alguna manera lo incluirían en sus propuestas electorales en los diferentes ámbitos, local o autonómico”.

El Patronato de Protección a la Mujer fue creado durante la II República por Decreto de 11 de noviembre de 1931 para sustituir al llamado Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, hasta su disolución en junio de 1935. Seis años después, el régimen Franquista recuperó la institución, que encerraría en centros por todo el Estado a “mujeres extraviadas”, eufemismo utilizado entonces para referirse a la prostitución, y en general, a las mujeres que no encajaran en el modelo de mujer nacionalcatólica que propugnaba el régimen franquista.

Sobre el papel, el Patronato de Protección a la Mujer fue una institución encargada de “la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la Religión Católica”. Así lo describía el decreto por el que se creó el 6 de noviembre de 1941, cuando se le otorgó la misión de acabar con la prostitución clandestina de menores de edad.

Pero la realidad iba mucho más allá, según han mostrado los trabajos sobre esta institución de Iglesias Apario —Políticas de represión y punición de las mujeres: Las Lavanderías de la Magdalena de Irlanda y el Patronato de Protección a la Mujer en España—, de García del Cid —Las desterradas hijas de Eva y Ruega por nosotras— y, recientemente, el libro Lunática, de Andrea Momoitio.

“Darte un morreo en la última fila del cine, estar por la calle en horario de colegio, fumar, o ya ni te cuento quedarte embarazada. El Patronato tenía una figura, que era la de las celadoras, mujeres que paseaban por las piscinas, bares, cines, etc. En el momento en el que veían a una menor en una actitud supuestamente sospechosa, llamaban a la Policía, detenían a la menor, se la llevaban a un lugar que estaba cerca de Arturo Soria, en el caso de Madrid, llamado COC —Centro de Observación y Clasificación–, gestionado por monjas trinitarias. Era una especie de comisaría, como un centro penitenciario oculto para menores”, explicaba a El Salto García de Cid en una entrevista publicada por El Salto en 2018.

“Miles de jóvenes de entre 16 y 23 años fueron detenidas, privadas de libertad, aisladas, sometidas a castigos físicos y todo tipo de humillaciones, explotadas laboralmente, obligadas a cumplir las obligaciones religiosas impuestas, sin ningún tipo de juicio ni sentencia, por actos y situaciones que no constituían delito para los hombres. Es más, en muchos casos, por haber sido víctimas de violencia sexual por parte de varones, como en el caso de jóvenes embarazadas que habían sido violadas por sus padres, hermanos u otros familiares, o por su empleador o un sacerdote, sin que en ningún caso los victimarios fuesen perseguidos o castigados”, explica la petición de investigación impulsada por Iglesias Aparicio. En el caso de las jóvenes embarazadas, según denuncian, muchas veces además les robaban a sus hijos.

A pesar de ello, las violaciones de derechos humanos cometidas por el Patronato de Protección a la Mujer no se han contemplado en la Ley de Memoria Democrática. “Este tema, dentro de las muchas violaciones de derechos humanos a las mujeres, y sobre todo en el régimen franquista pero también en democracia, está invisible hasta el extremo de que la Ley de Memoria Democrática, en su artículo 3, que recoge los supuestos de víctimas, no contempla a las mujeres víctimas del Patronato que sufrieron represión sin haber cometido ningún delito tipificado ni siquiera en el franquismo”, destaca Iglesias Aparicio. “Dar a conocer esto es importante, pero hay que pasar a una incidencia política con la Secretaría de Memoria Democrática y con los partidos políticos, y, si no responden a esta demanda, acudiremos a organismos internacionales de derechos humanos”, continúa. Para ello, Aparicio explica que se han inspirado en el caso de los Conventos Lavanderías de la Magdalena y las Casas de Madres y Bebés de Irlanda, donde la incidencia política de la sociedad civil ha conseguido que se pongan en marcha comisiones de investigación y se apliquen posteriormente esquemas de reparación.

“El pasado viernes 24 de febrero me entrevisté en Moncloa con el director general de Memoria Democrática; nos pidió documentos, pero la inmensa mayoría han desaparecido o se hicieron desaparecer, y una parte fueron descaradamente olvidados en pisos que fueron las Juntas Provinciales del Patronato”, explica Consuelo García del Cid. “No nos tuvieron en cuenta, y nadie, hasta 2012, había hablado del Patronato; es como si no hubiera existido”, continúa.

“Yo tenía 16 años cuando pasé ese infierno; ahora tengo 64 y no me quiero morir sin que salga a la luz lo que sufrimos las que pasamos por esa Gestapo española; llevo luchando por esto desde 2012”, concluye Consuelo García del Cid.