Presentadas dos nuevas querellas por crímenes franquistas en València

Vicent Alminyana fue detenido en 1972, algunos meses después de una manifestación por el 1 de mayo. Tenía 18 años. Fue trasladado al cuartel de Patraix junto a otros compañeros de entre 15 y 19 años. La guardia civil encontró en aquel grupo de chavales, y especialmente en Alminyana, la figura perfecta para colgar los cargos por las diferentes acciones de protesta que habían tenido lugar en la manifestación. Previos insultos, amenazas y numerosos golpes, fue coaccionado para firmar una declaración en la que se admitían las acusaciones. Primero pasó cuatro meses en la cárcel Modelo de València, hasta que el Tribunal de Orden Público le condenó a un año de prisión.

El agente denunciado en este proceso es José Luis Cebrián, conocido por el sadismo con el que actuaba. Desarrolló su actividad en el cuartel de Patraix, donde llevaban a la mayoría de grupos de jóvenes detenidos en la época. En 2019 ya se presentaron otras dos querellas por casos parecidos de maltrato contra él.

Ahora, años después de que Alminyana falleciera después de una vida marcada por lo sucedido en aquel cuartel, Ausiàs Alminyana, su hijo, presenta esta querella de la mano de Acció ciutadana contra la impunitat del franquisme y la Cooperativa El Rogle. La suya es una de las cuatro que se han presentado en todo el Estado español aprovechando la aprobación de la ley de Memoria Democrática. Dos de ellas desde València. El otro caso corresponde a Concepción Edo, hoy afincada en la capital valenciana, pero que sufrió torturas en una cárcel de Iruña tras ser detenida en una manifestación en apoyo de los trabajadores de una fábrica automovilística. El caso ha sido contado recientemente por Ter García en El Salto.

Aràdia Ruiz, de El Rogle, es la abogada que ha estado presente en la mayoría de procesos de memoria democrática que han tenido lugar en el País Valencià en los últimos años. Ruiz no es especialmente optimista con el recorrido judicial que puedan tener las querellas, a pesar de que sean las primeras que se presentan con la Ley de Memoria Democrática en vigor. Para ella, hay “grandes avances que hay que valorar”, pero a nivel jurídico “no elimina los obstáculos que siempre tenemos”. Esta es una cuestión de “voluntad de los jueces”, asegura, pues “España ya cuenta con las leyes necesarias para poder condenar este tipo de crímenes”.

“Todavía estamos intentando que los jueces acepten que esto fueron crímenes de lesa humanidad, y que por tanto no prescriben”. La prescripción es uno de los principales argumentos que esgrimen desde los juzgados para archivar una querellas tras otra. También, cuenta Ruiz, se alega que los acusados ya han muerto o que la ley de amnistía impide investigarlo, algo que es falso, pues solo impide que sean condenados, no que se aclaren los hechos.

Esto último es la gran reivindicación de las querellas. Que más allá de que los acusados puedan o no ser acusados, de que vayan a vivir o no el proceso judicial, lo que se persigue con las querellas es el reconocimiento de lo que sucedió, la creación de un relato oficial de la memoria que ponga nombre a lo ocurrido y aparte el foco de la víctima para ponerlo sobre el victimario.