La reforma de la ley franquista de Secretos Oficiales se aplaza de nuevo

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales, un vestigio del franquismo que aún condiciona la democracia 47 años después de la muerte del dictador, tendrá que seguir esperando. Algunas fuentes gubernamentales alegan que en los meses que quedan hasta las elecciones generales, previstas para final de año, no hay tiempo para tramitarla y que el Gobierno tiene otras prioridades para la recta final de la legislatura. Otras fuentes del Ejecutivo sostienen, por su parte, que aún sería posible sacarla adelante, pero reconocen que no hay fecha para que el Consejo de Ministros apruebe definitivamente el texto, y condicionan su remisión a las Cortes a que se logre un acuerdo previo con los grupos parlamentarios y a contar con el dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todavía pendiente.

El Consejo de Ministros aprobó el 1 de agosto del año pasado el anteproyecto de ley de Información Clasificada, que vendría a derogar la norma vigente desde 1968 y retocada en 1978, antes de la entrada en vigor de la Constitución. El Gobierno respondía así a una vieja a demanda de historiadores, investigadores y periodistas, que denuncian desde hace años que España es uno de los pocos países que no tienen un plazo de desclasificación automática de documentos, de forma que aquellos que un día se declararon secretos lo siguen siendo indefinidamente. También se trataba de adaptar la legislación española a las de la OTAN y la Unión Europea para facilitar el intercambio de documentos clasificados con socios y aliados.

A partir de entonces se inició el trámite de consulta del texto antes de su aprobación en segunda vuelta por parte del Gobierno. Se aplicó incluso un procedimiento de urgencia y se redujo a solo siete días hábiles el plazo para presentar alegaciones por parte de ciudadanos y ONG. Sin embargo, el anteproyecto encalló cuando le tocó el turno a los órganos consultivos del Estado y todavía está pendiente el informe del Consejo General del Poder Judicial. Aunque no es imprescindible —el CGPJ ha superado con creces el plazo que tiene para emitir su opinión—, fuentes gubernamentales alegan que prefieren esperar a la “tramitación completa” del texto y a contar con la opinión del Poder Judicial sobre el mismo antes de remitirlo al Congreso.

Más difícil parece lograr el consenso previo de los otros grupos para asegurarse de que no acaba en un naufragio parlamentario. Cuando se conoció el anteproyecto, los socios del PSOE, desde Unidas Podemos al PNV, se mostraron muy críticos, entre otros aspectos, con el plazo excesivamente largo —50 años ampliables a 65— para desclasificar los altos secretos. Aunque La Moncloa mostró interés en consensuar el texto con el Grupo Popular, apelando a que se trata de un “asunto de Estado”, la posibilidad de lograr un pacto con el partido de Alberto Núñez Feijóo en un año salpicado de citas electorales resulta remota.

Durante los últimos meses, según las fuentes consultadas, se han introducido algunos cambios en el texto ya conocido. A petición de las asociaciones de la prensa, se ha reconocido a los periodistas la capacidad para recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la clasificación de un documento como secreto, una posibilidad que hasta ahora se limitaba a quienes estuvieran “directamente afectados por su contenido” o acreditasen un “derecho o interés legítimo” en el mismo, lo que dejaba la interpretación en manos del juez. También se ha aclarado, según las fuentes consultadas, que las multas de hasta tres millones previstas por difundir información clasificada como secreta no se aplicarán a quienes ejerzan el derecho constitucional a la información; algo que, según el Gobierno, estaba “implícito” en el texto inicial y que ahora se debería poner blanco sobre negro.

Aun así, son muchos los puntos polémicos de la ley, como la amplitud de asuntos que pueden ser clasificados (de los “intereses económicos e industriales” de España al “funcionamiento de los servicios públicos”) o la cantidad de autoridades que pueden clasificar (incluidos embajadores y responsables de policías autonómicas). Otro tema controvertido es que no está previsto desclasificar automáticamente (ni siquiera pasados 65 años) los secretos anteriores a la entrada en vigor de la ley, lo que deja en manos del Gobierno, previa petición de parte, hacer públicos o no los papeles clasificados del franquismo o de la Transición.

Otro miembro del Gobierno reconoce que el Ejecutivo “tiene otras prioridades para la última fase de la legislatura”, que se ha visto complicada por las tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos por la ley trans, la del solo sí es sí o la de bienestar animal. El objetivo, aduce la misma fuente, es poner en primer plano la política económica y social y no abrir otros frentes. La decisión de acelerar la nueva ley de Información Clasificada la tomó Pedro Sánchez tras el estallido del caso Pegasus ―la intervención de los móviles de decenas de líderes independentistas, incluido el del presidente catalán, Pere Aragonès―, como una forma de pasar página a la polémica tras el relevo de la directora del servicio secreto CNI, Paz Esteban. Sin embargo, una vez pactado el Presupuesto de la Generalitat entre ERC y los socialistas catalanes, aquella crisis ha quedado definitivamente atrás.

En las últimas dos décadas se han abordado al menos media docena de intentos de reformar la ley de Secretos Oficiales, todos frustrados. Desde 2016, pero, tras admitirse a trámite, ha quedado varada en la mesa del Congreso hasta la disolución de las Cortes. Ahora también.