El viacrucis de Don Luciano: un episodio de violencia anticlerical en la Revolución de Octubre

 

En la construcción de tópicos tan manidos y arraigados como la turbia figura del minero asturiano sacrílego y profanador de las cosas santas han concurrido más componentes literarios y, sobre todo, propagandísticos, que conductas y hechos adverados. Hasta octubre de 1934, solo en el valle de Aller la cuestión religiosa salpicó de sangre el conflicto de clase, ya que la izquierda asturiana, salvo excepciones, no recurrió al anticlericalismo como fulcro en el que apoyar la palanca del proselitismo y la movilización social. Tras la proclamación de la II República, en Asturias no se secundó la oleada de asaltos e incendios de edificios religiosos que se generalizó por casi toda España. El 15 de diciembre de 1930 fue pasto de las llamas la iglesia de la Compañía de Jesús en Gijón, pero la pirómana reacción popular en este caso vino precedida del asesinato de un manifestante que había penetrado en el templo, hecho perpetrado por un jesuita. La indignación de la gente pronto derivó en la mordaz comidilla de recordar al victimario, mediante coplillas coreadas por los niños, que “el padre Elorriaga ya nun podía ser más cura” por haber mandado a Tuero “pa la sepultura”.

En el verano de 1934, fueron interpretados como expresiones de anticlericalismo los incendios de las iglesias de Cabueñes (Gijón) y San Martín de Grazanes (Cangas de Onís), actos aislados que se circunscriben al ámbito de la conflictividad local. Tras la insurrección militar del verano de 1936, la desactivación de las instituciones coactivas del Estado y el empoderamiento de las capas populares en la Asturias republicana proporcionaron un contexto propicio para la emergencia de atávicos resentimientos anticlericales, pero los brotes habidos, si bien no desdeñables, terminaron siendo controlados por las autoridades frentepopulistas. Entre las 2.009 víctimas atribuidas al “terror rojo” por la Causa General, figuran identificados 105 “sacerdotes y religiosos”, los cuales representan poco más del 5% de los represaliados. Aunque la resistencia armada de posguerra en Asturias se destacó en el panorama nacional por el elevado número de atentados perpetrados, paradójicamente, dados los precedentes de 1934 y 1936, observó un respeto casi reverencial hacia la Iglesia y sus ministros. Por el contrario, Secundino Serrano atestigua que, solo entre 1937 y 1945, los guerrilleros leoneses, mucho más pacatos en el uso de las armas, abatieron nada menos que a 14 sacerdotes.

En la construcción de tópicos tan manidos y arraigados como la turbia figura del minero asturiano sacrílego y profanador de las cosas santas han concurrido más componentes literarios y, sobre todo, propagandísticos, que conductas y hechos adverados. Hasta octubre de 1934, solo en el valle de Aller la cuestión religiosa salpicó de sangre el conflicto de clase, ya que la izquierda asturiana, salvo excepciones, no recurrió al anticlericalismo como fulcro en el que apoyar la palanca del proselitismo y la movilización social. Tras la proclamación de la II República, en Asturias no se secundó la oleada de asaltos e incendios de edificios religiosos que se generalizó por casi toda España. El 15 de diciembre de 1930 fue pasto de las llamas la iglesia de la Compañía de Jesús en Gijón, pero la pirómana reacción popular en este caso vino precedida del asesinato de un manifestante que había penetrado en el templo, hecho perpetrado por un jesuita. La indignación de la gente pronto derivó en la mordaz comidilla de recordar al victimario, mediante coplillas coreadas por los niños, que “el padre Elorriaga ya nun podía ser más cura” por haber mandado a Tuero “pa la sepultura”.

Así pues, la siniestra equiparación del “plutónico y ciclópeo” colectivo laboral de los mineros asturianos con una turba blasfema sedienta de sangre de cura procede, casi en exclusiva, de una reconstrucción mistificada de la insurrección obrera de Octubre del 34. Ni que decir tiene que el peyorativo lugar común se cimentó sobre bases tan sólidas como el asesinato de 32 representantes del clero, la tercera parte de los crímenes perpetrados por los insurrectos durante aquellas jornadas, pero con argumentos tan lábiles, cuando no espurios, como sostener que las víctimas fallecieron por su vestidura talar, por sus convicciones o por su condición de ministros de la Iglesia. Tanto Ignacio Núñez, en su diatriba publicada en la colección Las Sectas, como R. Rucabado, en su folleto sobre los hermanos de la Doctrina Cristiana asesinados en Turón, coincidieron en afirmar que el movimiento no tenía un carácter antifascista, sino anticristiano. Ante el enfoque martirial y hagiográfico utilizado por los detractores de la revuelta obrera para demonizar a los verdugos, cabe interponer una revisión microhistórica, sociológica y antropológica de las inmolaciones, en las que prevalecen móviles mucho más prosaicos que la cainita persecución de los apóstoles de una doctrina, y ello sin que sea necesario esgrimir como justificación de la violencia la inveterada consagración de la Iglesia a la legitimación de los poderes tradicionales.

Como pieza de convicción para estigmatizar al minero asturiano se esgrimió, entre otros, el asesinato del tinetense Luciano Fernández Martínez -según Aurelio de Llano su segundo apellido era Antuña-, párroco de La Rebollá (Mieres), donde se avecindó en 1907, desde 1920. Su crimen fue descrito en Asturias roja, un martirologio de los religiosos perseguidos durante octubre de 1934, con medida truculencia. En la reconstrucción de su martirio realizada durante el primer semestre de 1935 por Ángel García Solís, miembro de la sección de Oviedo de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, se sostuvo que fue capturado el 10 de octubre de 1934 por “un grupo de forajidos”, quienes, entre “denuestos, insultos y golpes”, lo condujeron hasta Ablaña, donde alardearon “del raposu que habían cazado”. Aquellas “fieras embriagadas”, se enfatizó en el relato, cargaron al cura con un pico y una pala, le preguntaron en qué lugar deseaba ser ejecutado y, sin atender a razones, lo llevaron escoltado hasta el vecino cementerio de Loredo. Tras obligarle a cavar su propia fosa en el camposanto “con diabólica ferocidad”, las “hienas salvajes” “consumaron tan horrendo crimen” descerrajándole cuatro tiros en la cabeza, al parecer procedentes de diferentes armas. En puridad, esta reconstrucción, realizada por la organización católica encabezada en Oviedo por Sabino Álvarez-Gendín, quiso ser una versión ecuánime y contenida del relato publicado el 29 de octubre de 1934 por Rafael de Luis en El Debate, mucho más morboso y tremendista.

En contra de lo divulgado por los hagiógrafos, consta en el sumario instruido para depurar responsabilidades que los impactos de bala recibidos, dos en la cabeza y uno en el tórax, fueron tres, no cuatro. Tampoco fue el cura quien excavó su propia fosa, tarea encomendada a Luis Tellado, uno de sus captores, ferroviario de profesión. No menos desatinada fue la identificación como principal inductor y ejecutor del asesinato de un tal Higinio Casas, caracterizado por Arturo Álvarez, canónigo de Oviedo, como el “jefe rojo”. En dos artículos sobre el homicidio publicados por El Noroeste los días 23 y 29 de octubre de 1934 ya había quedado establecido que la dirección del piquete de ejecución había recaído en Faustino Casal, vecino de la víctima. En sus declaraciones, ambos testificaron que habían sido secundados por Luciano García, quien también participó en el crimen. En la autobiografía titulada Cuando el mundo era Ablaña, sin más concreción, se aseguró que intervino en la represalia un vecino de La Manigua (Langreo), afirmación que carece de fundamento porque está acreditado que los tres implicados estaban en contacto con la víctima y obraron por resentimientos personales. Figura en autos la irritación de los verdugos por la conducta del cura desde el momento de su captura. Se revistió de la condición de mártir de la fe y convirtió su conducción hasta el cementerio de Loredo en su particular camino hacia el Calvario. Una de las paradas de su viacrucis la escenificó ante el domicilio de Josefina Sánchez en Ablaña, a la que le pidió que le diera de beber, pero no fue esta sobreactuación, inducida por el instinto de supervivencia, la que precipitó su trágico desenlace.

En El valle negro, se insertó el crimen de Loredo en la tradición literaria de los arrebatos coléricos o exasperados provocados por pasiones amorosas malogradas, en unos casos por desavenencias entre los progenitores de los amantes y, en otros, como en este caso, por la intromisión de un tercero, preferentemente un cura. De hecho, la trama descrita por Corso, sosias de Alfonso Camín, contiene todos los ingredientes del drama romántico. Relata el poeta de Roces que en el domicilio utilizado por “don Luciano” como posada en La Rebollá residían dos hermanas: la mayor, “la queridanga”, puesta a su servicio, y otra, más pequeña, rendida a los encantos de un “mozalbete comunista, dicharachero y minero”. El cura no solo persuadió a los padres para que se opusieran al noviazgo, sino que movilizó a la Guardia Civil para que propinara una paliza al joven cada vez que pretendiera cortejar a la enamorada. En la casa y en el pueblo, remachó Corso, “solo se hace su voluntad”. La decepción por los apaleamientos y el amor frustrado transformaron al galán en un sujeto torvo y pendenciero, blasfemo y dado a la bebida, sin más afán que saciar con sangre su sed de venganza, al que la revuelta minera le proporcionó la oportunidad, largo tiempo acariciada en el fondo de la mina o frente a la botella de vino, de ajustar cuentas con el causante de su infelicidad y degradación personal.

El vecindario no recurrió a circunloquios literarios tan alambicados para justificar el asesinato de don Luciano porque, bajo la sotana, solo vislumbraba a un cura mujeriego y lascivo merecedor de su cruel destino. Se daba por sentado que mantenía relaciones sexuales con su posadera, más joven que él, pero no fue este incumplimiento del voto de castidad el que le granjeó tal inquina entre sus parroquianos que llegaron a asignarle el mortificante epíteto de Rasputín. Mucha mayor animadversión suscitaba su conducta lasciva con las mujeres que se postraban ante su confesionario, como una vecina de Ablaña que, al parecer, salió sofocada e indignada del trance. Relata en sus memorias José Fernández Sánchez que el despechado marido se presentó en la iglesia provisto de pistola, puso al cura de rodillas y, con el arma apoyada sobre su sien, se abstuvo de disparar porque “no quería caer en pecado mortal”. Al Obispado llegaron noticias de la conducta libidinosa del párroco de La Rebollá, pero el denunciado salió al paso de las acusaciones arguyendo que formaban parte de una campaña de desprestigio de su persona orquestada por los socialistas.

En el tráfago de humillaciones y rencores que desembocaron en su inmolación también concurrieron los resentimientos acumulados contra su persona por favores insatisfechos o, peor aún, por el salaz peaje exigido para obtener su beatífica e interesada intermediación. Dada su condición de confesor de los dueños de Fábrica de Mieres, no fueron pocos los parroquianos que, con desigual fortuna, imploraron su intercesión ante los condes para conseguir un puesto de trabajo en la factoría, objetivo que colmaba las aspiraciones laborales del vecindario de condición humilde. La satisfacción de esta demanda, al parecer, estaba supeditada a que fuera planteada, no directamente por el peticionario, sino por su esposa u otra mujer que lo representara, la cual no ignoraba cómo debía proceder con el cura para que bendijera con su mediación la consecución del anhelado puesto de trabajo. Estos supuestos manejos, convertidos en rumor popular propalado a los cuatro vientos, exacerbaron su imagen de párroco obsceno y sicalíptico, preludio de su particular tragedia.

En el tráfago de humillaciones y rencores que desembocaron en su inmolación también concurrieron los resentimientos acumulados contra su persona por favores insatisfechos o, peor aún, por el salaz peaje exigido para obtener su beatífica e interesada intermediación. Dada su condición de confesor de los dueños de Fábrica de Mieres, no fueron pocos los parroquianos que, con desigual fortuna, imploraron su intercesión ante los condes para conseguir un puesto de trabajo en la factoría, objetivo que colmaba las aspiraciones laborales del vecindario de condición humilde. La satisfacción de esta demanda, al parecer, estaba supeditada a que fuera planteada, no directamente por el peticionario, sino por su esposa u otra mujer que lo representara, la cual no ignoraba cómo debía proceder con el cura para que bendijera con su mediación la consecución del anhelado puesto de trabajo. Estos supuestos manejos, convertidos en rumor popular propalado a los cuatro vientos, exacerbaron su imagen de párroco obsceno y sicalíptico, preludio de su particular tragedia.

El mero avistamiento de un cura por un grupo de manifestantes tras doblar una esquina fue tildado de afrenta merecedora de escarmiento por un periódico anticlerical del siglo XIX, pero los mineros del 34 no persiguieron a los representantes de la Iglesia ni por su indumentaria, ni por su fe, ni por el mero hecho de estar, existir o ser. Más allá del choque con la Guardia Civil y otros cuerpos uniformados, caracterizados como el brazo armado del enemigo de clase, la violencia revolucionaria careció de plan, objetivos y programa, fue protagonizada por una miríada de insurrectos, respondió a motivaciones de la más diversa índole y tuvo un carácter reactivo. Cartografiada a escala local, se constata que no respondió a un plan rector preestablecido y coordinado, sino a impulsos unilaterales: no se persiguieron convicciones o creencias execradas, sino actitudes y conductas consideradas amorales por la multitud. Fueron excepcionales los actos de violencia revolucionaria carentes de un rosario de desencuentros previos erizado de humillaciones, afrentas y amenazas. Agresor y agredido casi siempre estuvieron relacionados por sólidos antecedentes de conflictividad, inquina y animosidad personal. Visto al por menor, cabe concluir que entre los victimarios prevaleció el deseo de venganza, que salieron al paso de actos de prepotencia sufridas, que fueron acicateados por rencores largo tiempo enquistados y, en algunos casos, que quisieron restablecer principios éticos mancillados o conculcados, porque fue sentir común entre los revolucionarios que se recurría a la violencia, no para convertirse en verdugos, sino para dejar de ser víctimas.