Se cumplen dos años del encarcelamiento de Pablo Hasél. Un caso que generó una explosión de rabia juvenil, en especial en Catalunya. Las leyes que lo condenaron siguen vigentes. Su estancia en prisión está repleta de vulneraciones de derechos. Más de 4000 activistas siguen procesados.
Esta semana se cumplen dos años de uno de los capítulos represivos de la historia reciente del Estado español más graves: el encarcelamiento de un rapero por cantar contra la Monarquía.
El 15 de febrero de 2021 los Mossos d’Esquadra detenían en la Universidad de Lleida a Pablo Hasél para su inmediata entrada en prisión. Desde entonces, la acumulación de otras condenas hace que este rapero tenga todavía por delante otros cinco años y medio de condena.
El caso de Hasél había estado precedido del también rapero Valntonyc, condenado a prisión por otra letra contra los Borbones y que terminó exiliado en Bélgica hasta la actualidad.
Este encarcelamiento se enmarcaba en una escalada represiva que ha ido ganando terreno, de una manera especial, desde la aprobación de la Lay Mordaza en marzo de 2015. Si en otras épocas el País Vasco se convirtió en el laboratorio represivo de todo el Estado, en esta ocasión Catalunya había pasado a jugar este papel.
La persecución del movimiento independentista y otros movimientos sociales en territorio catalán se saldó con los presos políticos del procés – condenados en 2019 – y más de 4.000 procesados, muchos de ellos con peticiones de pena elevadísimas.
Las protestas que siguieron a la entrada en prisión de Hasél se extendieron por todo el Estado. Fue en Catalunya donde alcanzaron una masividad, combatividad y duración en el tiempo mucho mayor. Hasta dos semanas de protestas diarias, en particular en Barcelona, que acostumbraban a terminar con brutales intervenciones de los Mossos d’Esquadra.
El primer día una joven de 19 años perdía un ojo fruto del impacto de un proyectil de foam. La primera de una larga lista de heridos y detenidos, a cargo de la Generalitat, que se sumaban a los centenares de las protestas contra la sentencia del procés en 2019.
Muchos de aquellos jóvenes, como Pablo Castilla, portavoz de Contracorrent, explicaban que esta explosión de rabia “era por Hasél y no solo por Hasél”. Se rechazaba a todo un régimen monárquico que se identificaba con la represión, con instituciones reaccionarias como la Corona y la negativa del derecho a decidir. A la vez era una respuesta a la criminalización sufrida durante la pandemia, la falta de perspectivas producida por la precariedad laboral, la crisis educativa... que estaba estallando en forma de protestas callejeras.
Algunos pelearon por convertir aquella rabia en organización, tratando de llevar el movimiento a los centros de estudio por medio de asambleas contra la represión. Así lo plantearon desde Contracorrent a otras organizaciones estudiantiles de la izquierda independentista -como el SEPC o Arran-. Sin embargo, la política de ese momento de la CUP, que negociaba su posterior apoyo a la investidura de Aragonés, apuntaba más bien a dejar que el movimiento se agotara solo en la calle, como terminó pasando.
Dos años más tarde, el andamiaje represivo que hizo posible el encarcelamiento de Hasél sigue en pie. Tanto la Generalitat de Aragonés como el gobierno “progressista” de PSOE y Unidas Podemos han seguido haciendo buen uso de él.
Los Mossos siguen siendo el azote contra los activistas en desahucios, piquetes y movilizaciones. El Govern sigue siendo acusación particular en decenas de juicios contra luchadores o disidentes políticos.
El gobierno central, con el apoyo de ERC, derogó el delito de sedición a cambio de endurecer el de desórdenes públicos contra la protesta social. Los delitos de opinión, como el de injurias a la Corona, siguen vigentes en el Código Penal y la Ley Mordaza se mantiene intacta. Además, las prácticas propias de la dictadura, como la infiltración policial en movimiento sociales, se está destapando como un modus operandi del ministerio del Interior “más progresista de la historia”.
Hasél por su parte ha venido denunciando como su carácter de preso político le está conllevando vulneraciones de derechos penitenciarios básicos de forma sistemática. Una de las últimas fue la negativa a autorizarle la realización de una prueba médica sin presencia de agentes policiales.
La lucha por su libertad, por la amnistía para los miles de procesados y el resto de presos y presas políticas, así como por la derogación completa de la Ley Mordaza y el resto de la legislación liberticida, sigue siendo una tarea pendiente. Solamente con una potente movilización antirrepresiva unitaria podremos conseguir torcerle el brazo al gobierno central, la Generalitat, sus cuerpos represivos y la Judicatura.
Fuente → izquierdadiario.es
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