En el juicio por el denominado caso Erial, la Audiencia de Valencia tendrá que determinar la responsabilidad del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Zaplana, del PP, en el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (1997) y el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (2003). Entre la veintena de personas procesadas, figuran otro expresidente del Gobierno Valenciano, José Luis Olivas, y miembros de la familia del exconseller Juan Cotino.
“Los políticos españoles ven la transparencia como un estorbo”, afirmó en una entrevista –en el periódico asturiano El Comercio- el catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo, Víctor Lapuente (diciembre 2020); de esta universidad sueca depende el Instituto de Calidad de Gobierno (QoG), surgido en 2004. La clase política española “no ha hecho el cambio de filosofía de ‘vamos a mostrar qué se hace con el dinero de todos’”, añade Lapuente.
Un informe del grupo de Los Verdes en el Parlamento europeo, de 2018, cifraba el coste de la corrupción en España en cerca de 90.000 millones de euros anuales (en torno al 8% del PIB ese año); en 2019, un año después, los jueces del estado español procesaron/abrieron juicio oral por delitos de corrupción a 253 personas (el 71% de las sentencias fueron parcial o totalmente condenatorias).
Otras investigación, la realizada por el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible (TIDES) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, cuantifica el “coste social” de las prácticas corruputas en cerca de 40.000 millones de euros anuales; “la corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada en las estadísticas oficiales”, destaca el reporte de 2013.
Sobre el pasado y el presente de las irregularidades y presuntos ilícitos ha tratado la conferencia del magistrado Joaquim Bosch en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Algemesí, celebrada el 16 de febrero. Portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, además de juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Moncada, presentó en el municipio valenciano su ensayo La patria en la cartera, editado por Ariel en noviembre. El acto de presentación fue organizado por la asociación L’Ullal Cultural de Algemesí.
La perspectiva de Joaquim Bosch es de largo recorrido. El informe del Tribunal de Cuentas Europeo ¿Se gastan correctamente los fondos de la política de cohesión de la UE destinados a las carreteras?, de 2013,llegaba a la siguiente conclusión: el coste medio –en proyectos examinados de 1 kilómetro de carretera, a partir del conteo de tráfico (intensidad media anual)- “fue de más de cuatro veces superior en España que en Alemania”.
Asimismo, el autor hizo referencia a la multa que, en julio de 2022, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) impuso por un valor total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas: Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, Obrascón Huarte Lain (OHL) y Sacyr. La sanción por infracciones “muy graves” tiene como fundamento “haber alterado durante más de 25 años el proceso competitivo de miles de licitaciones públicas”, destinadas a la construcción de hospitales, puertos, aeropuertos o carreteras.
Por otra parte, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de 2022, que realiza Transparency International, señala que España “se estanca en la prevención y lucha contra la corrupción”; en concreto, se sitúa en la posición 35 sobre un ranking global de 180 países, junto a Botswana; Cabo Verde; o San Vicente y Las Granadinas. En el contexto de la UE, el estado español ocupa el número 14 sobre un total de 27 países, dos puntos por debajo de Portugal y Lituania, y apenas un punto superior a Letonia.
El portavoz de Jueces para la Democracia publicó en 2018 El secuestro de la justicia, junto al periodista Ignacio Escolar. En el acto de Algemesí, destacó la huella del franquismo. Así, a la muerte del dictador, en 1975, “los consejos de administración de 18 de las 20 empresas más importantes del país, por volumen de ventas, estaban plagados de excargos de la dictadura”; por ejemplo en Telefónica, SEAT, Iberia, RENFE, Altos Hornos de Vizcaya, Fasa Renault, Astilleros Españoles, Hidroeléctrica, Iberduero o Tabacalera.
“En España no fue delito el tráfico de influencias hasta los años 90, y la financiación ilegal de los partidos políticos no se incorporó al Código Penal hasta tiempos tan recientes como 2015 (…); en 2017 se aprobó con retraso una nueva Ley de Contratación del Sector Público, obligada por la trasposición de una directiva europea”, subraya Joaquim Bosch.
El análisis del magistrado no sólo incluye a los partidos políticos, administraciones públicas y empresas privadas, también hace referencia a la Corona; por ejemplo, a las revelaciones que el actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, hizo en 1989 al fallecido militar y entonces jefe del Centro Superior de Investigación de la Defensa (CESID), actual CNI, Emilio Alonso Manglano: “El rey de Arabia Saudí le proporcionó 36 millones de dólares para sufragar la Transición”.
En la introducción del texto, el juez señala el impacto que podría tener la intervención y el control sobre las prácticas corruptas. Adopta, como punto de partida, el informe Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España (Fundación BBVA, 2018), de Francisco Alcalá y Fernando Jiménez.
De este modo, “si se aplicasen las reformas estructurales necesarias contra la corrupción (…), España incrementaría en cerca de un 20% su PIB per cápita en un periodo de 15 años; esta mejora podría suponer un crecimiento medio anual de la economía en 1,2 puntos durante dicho periodo”.
La patria en la cartera recoge múltiples casos de presuntas irregularidades, actos ilícitos y prácticas indebidas. Tal vez podría incluirse entre ellas el denominado caso Gürtel: “Sus numerosas conductas delictivas (de la citada trama) han implicado que concurra casi todo el catálogo de los delitos vinculados a la corrupción”, escribe Joaquim Bosch. El pasado 30 de enero se inició en la Audiencia Nacional el juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por una de las piezas (adjudicaciones en FITUR) de esta macrocausa.
Fuente → rebelion.org
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