Joseba Santamaria
El informe sobre la Tortura elaborado por el Instituto Vasco de Criminología para el Gobierno de Navarra documenta 532 expedientes de malos tratos y torturas desde 1979 y estima que los casos reales desde 1960 en Navarra serían al menos 1.068. A estas cifras hay que sumar los 4.133 casos acreditados en la CAV entre 1960 y 2014. Son cifras brutales. Poner cifras y nombres y aval institucional a una realidad conocida es un paso más en la memoria histórica y la calidad de la convivencia democrática en este país.
La tortura y los malos tratos han sido una de las líneas rojas democráticas que el Estado se saltó de forma sistemática con la excusa de la lucha contra el terrorismo de ETA. Hubo también otras líneas rojas como la guerra sucia, la violencia parapolicial o el terrorismo de Estado de los GAL. Mirar a otro lado o rasgarse las vestiduras políticas no es sino un ejercicio de burda hipocresía. Eran tan conscientes de su existencia tanto en la dictadura franquista como después como el resto de la sociedad de este país.
No sólo por las denuncias de miles de personas que han sido detenidos en ese periodo de tiempo la mayor parte de las cuales fueron luego puestas en libertad sin cargos, sino porque aunque de forma excepcional los propios tribunales españoles han dictado condenas contra miembros de las fuerzas de seguridad y los tribunales europeos han condenado en diversas ocasiones al Estado español por casos de tortura. Negar los hechos no tiene sentido alguno. Como tampoco lo tiene negar que la impunidad sistemática tuvo la cobertura de jueces, fiscales, medios de comunicación, forenses y partidos políticos.
La tortura, con golpes, asfixia e incluso abusos sexuales, forma parte también del relato de las violencias que ha sufrido esta tierra durante décadas. No elimina ni reduce las responsabilidades de cada cual en los distintos hechos de violencia ni justifica las otras violencias, pero asumir que torturar, además con el amparo consciente del Estado, estuvo mal también es un mínimo ético. Antes o después el Estado y los diferentes gobiernos responsables que condecoraron y premiaron a las pocas personas condenadas por torturas o malos tratos, tendrán que asumir sus responsabilidades y admitir que ese informe revela unos hechos inadmisibles en una democracia avanzada y consolidada. Investigar e informar del alcance de las torturas y malos tratos en Navarra es una medida básica de higiene democrática que no busca extender la sospecha generalizada, sino el contrario: eliminar espacios de impunidad. En este sentido, Navarra ha avanzado honestamente en el reconocimiento a todas las víctimas de todas las violencias que ha sufrido este país en las últimas décadas. Desde las víctimas del genocidio franquista a las del terrorismo de ETA, de la guerra sucia del Estado y del terrorismo de derechas en la transición y en la democracia a las de tortura y malos tratos en comisarías y cuartelillos. Valores de una democracia real, garantista y honesta.
Fuente → noticiasdenavarra.com
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