La dictadura constitucional y el rey felón
La dictadura constitucional y el rey felón
Manuel Ruiz Robles 
 
La monarquía, aun siendo parlamentaria, no es democrática, pues la sucesión en la jefatura del Estado viene dictada por un clasista “derecho de cuna”. 

La monarquía, aun siendo parlamentaria, no es democrática, pues la sucesión en la jefatura del Estado viene dictada por un clasista “derecho de cuna”. Si además se apoya en una constitución otorgada, como es el atípico caso español, fundamentada en las leyes de sucesión franquistas, aún vigentes, es obvio que se trata de una burda imposición. 
 
Debido a ello siguen existiendo en España, a estas alturas del siglo XXI, organizaciones tales como la FNFF, cuya sola existencia es una burla al pueblo español y una indignante humillación a las víctimas del franquismo. 
 
Víctimas del franquismo, a las que el rey, con su silencio cómplice, también humilla. Un rey por la gracia de Franco, pues no parece que tenga la menor intención de presentarse a unas elecciones generales; ni siquiera a un simple referéndum de ratificación, no trucado, casi medio siglo después. 
 
¿Quién ha votado al ciudadano Borbón para que detente tanto poder? 
 
El Parlamento español está “atado y bien atado”, y habrá que desatarlo, ¿o no? 
 
Lo prueba el reciente artículo de Luis María Anson “El Parlamento está sujeto a la Constitución”. 
 
Comienza este ilustre académico, periodista y escritor, afirmando: El soberano no es el Parlamento sino el pueblo. Sin embargo, concluye su artículo afirmando lapidariamente que no ha existido el “golpe togado”, contradiciéndose. 
 
El pretendido poder de amordazar al Parlamento, sede de la soberanía popular, no emana del pueblo, sino de los jueces, que no son los elegidos para legislar; les élus, en la República francesa. 
 
Por si fuera poco, la derecha española anuncia que ha registrado una Proposición de Ley para fortalecer la Justicia y para que los jueces elijan a los jueces (sic). 
 
Un poder del Estado no elegido, como lo son el rey, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, no son precisamente democráticos. Sus poderes entran en abierta contradicción con lo establecido: todos los poderes del Estado emanan del pueblo español. 
 
Situaciones tan escandalosas se evitarían si los sujetos de ambos poderes, tanto el jefe del Estado como la cúpula judicial, fuesen elegidos (élus); como lo son -aunque con una ley electoral tramposa- los parlamentarios. Quizá así se podrían evitar los llamados “golpes togados” o, al menos, quedarían mitigados. 
 
Mientras el Parlamento continúa amordazado, un rey felón, que huyó precipitadamente de España, continúa gozando impunemente del dinero público. Ingentes gastos superfluos, detraídos de los fondos necesarios para cubrir las apremiantes necesidades sociales: pensiones, sanidad, enseñanza pública, dependencia… 
 
Oiga ¡y no pasa nada! 
 
La oligarquía financiera y terrateniente continúa hoy en día manteniendo intacto el poder que detentó durante la dictadura, acrecentado por el consentimiento, más o menos tácito, de la principal fuerza de izquierda que actuó durante la dictadura: el partido comunista. Único partido de masas que se opuso a Franco con el arrojo y generosidad de sus militantes, apoyado por la clases populares. 
 
Los “peronismos” en el Estado español, tanto de izquierda como de ultraderecha, han nacido prácticamente de forma simultánea, como consecuencia de la crisis del Estado y del abandono de la lucha obrera por parte de las fuerzas de oposición al franquismo, que dejaron al pueblo trabajador confundido y abandonado a su suerte, como consecuencia de los llamados pactos de la Moncloa. 
 
La clandestina Unión Militar Democrática (UMD), durante su brevísima existencia, se sumó a la lucha popular que, desde los tajos y las aulas, se extendía por todo el territorio, confrontando con el poder represivo de los aparatos franquistas; por lo que sus militantes fuimos perseguidos, y los compañeros más activistas, encarcelados, procesados y expulsados. 
 
La rápida disolución de la UMD, días después de las elecciones del 15 de junio de 1977 -impuesta por el núcleo dirigente-, no fue ajena al PCE y el PSOE, devenidos monárquicos de la noche a la mañana. 
 
El llamado pacto de la llamada “transición” se consumó forzado por el representante de los poderes de hecho, es decir por el entonces jefe de la dictadura: el rey felón y su entorno cortesano. 
 
La dictadura mantuvo su tiranía sanguinaria durante décadas, apoyada en una clase dominante sustentada por su policía, sus jueces, su ejército y el “amigo americano”, auténtico “poder constituyente” oculto tras la tramoya de una transición tramposa. Transición que dio lugar a una constitución oportunista, sin mayor recorrido, pues dejó a la soberanía popular al pie de los caballos, como más tarde pudimos constatar. 
 
La presente legislatura, que concluirá en el año en curso, irá dejando abundantes pruebas de ello. Los retoques legislativos más importantes -como la Ley de Memoria Democrática-, sin subvalorar su posible alcance, quedarán probablemente en agua de borrajas. 
 
Es primordial, por tanto, impulsar un proceso de ruptura con el franquismo y su monarquía que -camuflados tras sus oropeles y falsos medios- representan una amenaza creciente para la soberanía popular y, por tanto, para la paz. 
 
Por todo ello, es de esperar que el llamado bloque de investidura acuerde un amplio frente de izquierdas, con la imprescindible participación de las fuerzas soberanistas de Cataluña, Euskadi y Galicia; naciones sin estado, sojuzgadas por la dictadura constitucional que el rey felón pretende imponer, aliado a una derecha internacional filonazi. 
Los pueblos del Estado merecen todo nuestro respeto y apoyo. Constituyen, sin duda, uno de los factores primordiales del cambio democrático. El anhelado derecho a la autodeterminación de las naciones sin Estado se hará realidad gracias a su perseverancia y valentía. 
 
Solo de este modo será posible preservar la cohesión del Estado, en la unidad de su diversidad plurinacional, y no mediante la coerción amenazante de poderes de hecho que no son elegidos (les élus). 
 
El ejército -que no es un poder constituyente- no es garante del orden constitucional en ningún país democrático de nuestro entorno. En España, sí. Hay una cadena de poder que comienza con el rey. 
 
Poderes de hecho que prueban, de forma escandalosa, la existencia de una estructura antidemocrática en la génesis y desarrollo del actual régimen, impuesto por la dictadura (leyes de sucesión de Franco). 
 
Por último, tras el discurso del rey, televisado en directo este 6 de enero de 2023, se ha podido constatar, una vez más, su bobalicona adhesión a la OTAN, incluida su indignante referencia a invasiones imperialistas, como la de Irak. Un discurso militarista en línea con el ardor guerrero del Sr. Borrell. 
 
Su doble rasero prueba su lacayuna sumisión a los dictados de los USA, que arrastran al continente europeo a una potencial guerra termonuclear; un suicida Armagedón que extinguiría toda vida sobre el planeta 
 
Valerosas voces comienzan a elevarse con fuerza en Europa, exigiendo un alto a la guerra, un alto el fuego inmediato, sin condiciones. 
 
Sin una revolución democrática, cívica y pacífica, no habrá cambio.
 

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