Reconstruyendo el mapa del horror: control social y tortura en el franquismo

La memoria vuelve a ocupar un espacio preferente en la agenda pública. Culmina así un proceso que se remonta a la década de los noventa, cuando la llamada "generación de los nietos" inició la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las personas represaliadas durante la guerra civil y el franquismo. Algunas experiencias recientes ponen de manifiesto la fortaleza de las entidades memorialistas. Por ejemplo, la campaña Via Laietana 43 , que exige resignificar la Jefatura Superior de Policía de Barcelona para convertirla en un lugar de memoria y centro de interpretación de la tortura, en la línea de lo que se ha hecho en otros espacios de represión simbólicos de algunas dictaduras del siglo XX. También la querella impulsada por Irídia con la que Carles Vallejo, presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo , pretende sentar en el banquillo a los agentes que, a principios de los años setenta y durante 20 días, le sometieron a toda clase de tormentos por su condición de activista sindical en la SEAT.

La historia de Carles Vallejo es una más de las que conforman el quebradizo del horror que la dictadura dejó como legado. La parte más dura de este mosaico del terror fueron, obviamente, los fusilamientos: entre 140.000 y 150.000 personas asesinadas durante la guerra y la posguerra, como recoge el informe pericial que sustentó a la querella argentina contra los crímenes del franquismo, elaborado por varios historiadores. El hecho de que en torno a un tercio de estos fusilamientos fueran ejecutados una vez terminado el conflicto ilustra la voluntad de la versión española de los fascismos de hacer tabula rasa con cualquier vestigio liberal, democrático u obrerista.

La dictadura de Franco fue un auténtico punto y aparte en la historia contemporánea española, de una violencia inusitada, muy superior, por ejemplo, a la practicada por Pinochet en Chile (alrededor de 3.000 víctimas mortales) o por la dictadura cívico- militar en Argentina (unos 30.000 muertos y desaparecidos). Lejos, eso sí, de las principales experiencias de asesinatos en masa del siglo XX, como las del régimen de Suharto en Indonesia (entre medio millón y tres millones de muertos) o el genocidio de los jemeres rojos (entre un millón y medio y dos millones de muertes).

Si bien el recuento de víctimas mortales de la violencia franquista es, a día de hoy, casi definitivo, no ocurre lo mismo con todos los apartados de la represión. Pero el auténtico talón de Aquiles y, al mismo tiempo, el gran reto de los esfuerzos memorialistas se encuentra en hacer llegar a la sociedad los conocimientos que la historiografía ha ido acumulando en los últimos años. Si no se supera ese obstáculo, será difícil que la población tome conciencia del coste que tuvo el derribo de la dictadura. Es por eso que la persecución que sufrió el activismo antifranquista se ha convertido en una prioridad para las iniciativas memorialistas.

Una dictadura amb voluntat de control total

Si un tret va caracteritzar la dictadura franquista aquest va ser la seva voluntat d’exercir un control total de la població que impedís el ressorgiment de projectes polítics d’arrel democràtica o revolucionària. En els anys de la postguerra, un instrument fonamental per a aquest objectiu va ser el Servicio de Información e Investigación de FET y de las JONS (el partit únic feixista). El 1940 aquest servei afirmava tenir més de cinc milions de fitxes personals. Això voldria dir que la Falange disposava d’informacions polítiques o socials sobre un terç de la població espanyola adulta. En alguns llocs d’extracció majoritàriament obrera, com Sabadell, s’ha calculat que aquest percentatge podria ser fins i tot superior al 50%.

La derrota dels feixismes en la Segona Guerra Mundial va obligar la dictadura a introduir alguns canvis. El més visible va ser la dràstica reducció en el ritme d’afusellaments, que ja des dels anys finals del conflicte havia decaigut de manera significativa. Però les modificacions en la façana institucional del règim, amb el partit únic temporalment relegat a un segon pla, no es van traduir en una menor voluntat repressiva. Si bé el servei d’informació de la Falange va deixar de tenir un paper central en aquest àmbit, els organismes de masses del partit únic van continuar exercint una funció essencial de control, especialment visible en el cas del Sindicat Vertical.

Alhora, els cossos policials van prendre més importància en tasques d’informació. La principal pota d’aquest entramat repressiu la va constituir la Brigada de Investigación Social (BIS), l’anomenada político-social, encarregada, per exemple, de l’elaboració de fitxes personals amb antecedents i altres informacions. En alguns àmbits, aquest zel informador era especialment acusat. Així, per exemple, la BIS tenia ordres per elaborar, conjuntament amb la Guàrdia Civil, fitxers d’obrers on constessin “els noms i les filiacions completes, amb els seus antecedents politico-socials, de tots els treballadors” de cada província.

Mucho menos presente que la político-social en el imaginario colectivo, pero también de gran importancia, fue el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), el otro gran instrumento policial de control y vigilancia. Su delimitación en el ámbito rural y en los pequeños núcleos urbanos, donde la densidad de población era más baja, hacía que muchas veces su tarea pudiera ser más eficaz. El documento —hasta ahora inédito— con las normas de funcionamiento de este organismo, con ediciones de 1958 y 1965, es diáfano sobre la misión del servicio: “Confeccionar los ficheros […] en los que figuren todos los domiciliados en la demarcación y , como mínimo, aquellos individuos que tengan antecedentes penales, político-sociales o fiscales, y todos aquellos que por sus cargos, forma de vivir u otras circunstancias, así se juzgue conveniente”.

Un último componente de gran importancia sobre el entramado de vigilancia y control, del que formaban parte todavía otros organismos (gabinetes de información directamente dependientes del gobierno, servicio de información militar), es el de la colaboración ciudadana. Dada la cifra relativamente limitada de agentes propios, y en la línea de lo que han destacado los estudios sobre la Alemania nazi, la colaboración -interesada o no, según los casos- de la población se reveló como un elemento fundamental en el ejercicio del control social en el caso del franquismo. Un control que era político, pero también social y moral: las informaciones alcanzaban desde inquietudes políticas hasta creencias religiosas o costumbres (infidelidades, comportamiento público…). El mismo documento ya citado del SIGC dedicaba una especial atención a colaboradores y confidentes, “que dan una mayor amplitud al Servicio y permiten que se llegue a donde resultaría muy difícil hacerlo […] sin provocar sospechas”.

La persistencia de la tortura

“Tiene todo el cuerpo negro […] toda la cabeza llena de bultos de los golpes; heridas en ambos brazos y algunas en las piernas; una herida en la ingle derecha que se va profundizando […]; pierde en ocasiones el hilo de la conversación […]; al ingresar en prisión tenía los dos ojos negros y apenas podía hablar”. En ese estado se encontraba JMM cuando abandonó Via Laietana 43 para pasar, en octubre de 1975, a la cárcel Modelo. La descripción fue facilitada por su abogado defensor, quien se encontraba con él por primera vez después de una detención que se había prolongado durante tres días. En la dictadura, las comisarías y cuarteles, por donde pasaron miles de personas, se convirtieron en espacios de impunidad, donde la tortura y los malos tratos eran una práctica habitual. Lejos de desaparecer con el paso del tiempo, estas prácticas experimentaron un reavivamiento a partir de los años sesenta, en paralelo a la creciente contestación social.

La nómina de victimarios fue amplia. No sólo participaron los agentes de la BIS, sino que en ocasiones también lo hicieron los del Cuerpo General de Policía no adscritos a la citada policía política. Asimismo, algunas sesiones de tortura corrieron a cargo de miembros de otros cuerpos, como la Policía Armada -como fue el caso del JMM, con la humillación y la venganza como móvil- o la Guardia Civil. En cuanto a la Benemérita, en Barcelona hay casos documentados en otro de los puntos negros de la violación del derecho a la integridad de los detenidos: el cuartel situado en la calle Sant Pau 93, sede de la comandancia y del SIGC. Incluso en prisión —espacio que muchos de los reos consideraban casi como una liberación después del calvario vivido en comisaría—, las torturas y malos tratos, esta vez en manos de los funcionarios penitenciarios, podían seguir teniendo lugar en forma de palizas o aislamientos extremos. De manera excepcional, entre los torturadores podían encontrarse incluso colaboradores civiles.

El imaginario colectivo asocia la práctica de la tortura con repertorios más propios de la mazmorra medieval, pero es necesario matizar esta imagen. Si bien la presión física directa —iniciada a menudo en el mismo momento de la detención— constituyó un recurso habitual, las técnicas utilizadas evolucionaron para convertirse en más “sofisticadas”. Así, más allá de las palizas, los electrodos o las quemaduras de cigarrillo, se implementaron de forma asidua torturas posicionales (suspensión, miembros tirantes, posturas estresantes, etc.), la asfixia, la privación del sueño o la manipulación de los estímulos sensoriales y la presión psicológica extrema (amenazas de muerte o de infligir dolor, etc.). Éste era el repertorio macabro con el que los torturadores pretendían romper la resistencia del torturado, humillarle y evidenciar su impotencia y total sumisión a la voluntad del victimario.

Documentar la tortura siempre ha constituido un reto. Su práctica, ejecutada en la penumbra y negada sistemáticamente, dificulta enormemente su estudio. Una de las pocas pero valiosas aportaciones que se han dedicado al fenómeno ha sido el libro La tortura en la España contemporánea , donde el historiador César Lorenzo dedica un capítulo a esta práctica durante el franquismo. Sin embargo, el acceso a los medios de prueba que permiten captar el fenómeno es posible, sean testimoniales o documentales. Disponemos de indicios, incluso, en las diligencias policiales cuando, a modo de ejemplo, se obtenía la confesión del detenido después de haber sido, eufemísticamente, “abrumado a preguntas”. A pesar de tratarse de un ámbito de investigación que se encuentra en pañales —ni siquiera disponemos de cifras totales de detenidos en las últimas décadas del franquismo—, todo parece apuntar que, durante la dictadura, la tortura tuvo un carácter generalizado . Esto situaría el fenómeno en el terreno de los crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y no amnistiables.

El impulso del movimiento memorialista a partir del cambio del siglo XXI vive ahora un nuevo empuje. El contexto actual ofrece la oportunidad para dar todos los pasos pendientes en materia de memoria y hacer efectivos los principios de verdad, justicia y reparación. En el ámbito del conocimiento del pasado quedan todavía muchas piezas por completar el mapa de la represión franquista. La auténtica garantía de no repetición es hacer llegar el conocimiento sobre las pasadas vulneraciones de los derechos humanos a las generaciones del presente. Y el momento para hacerlo es ahora: la generación de la guerra ya no podrá verlo, pero la del antifranquismo todavía está viva, y merece el reconocimiento que no ha tenido hasta ahora.