Los falangistas en la calle y las limitaciones de las leyes de memoria democrática

El 20 de noviembre de 1936, el fundador y líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, era fusilado en Alicante en el contexto de la Guerra Civil. Desde la victoria del bando sublevado, los homenajes al inspirador fascista han sido continuos. Destacó el de 1939, cuando militantes del partido, que Franco le convirtió en el único legal de la dictadura, condujeron su cuerpo a pie hasta Madrid, donde desde entonces descansan sus restos, concretamente en el Valle de los Caídos. Una placa colocada en el cementerio municipal de Alicante recuerda que en ese lugar fue enterrado, en primer término, el líder falangista.

Aquel punto neurálgico de comunión fascista se convirtió incluso en lugar turístico durante la dictadura, cuando el franquismo quiso dotarlo de importancia simbólica y ofrecía visitas para que los recién llegados descubrieran los hitos del régimen en la ciudad. Muerto el dictador, los falangistas nunca se dejaron de concentrar, haciendo marchas desde la cárcel en la que fue fusilado hasta el cementerio en el que fue enterrado. Aún ahora, en 2022, 86 años después del fusilamiento, 47 años después de la muerte de Franco y quince años más tarde de la primera aprobación de una ley de memoria histórica.

Desde el acceso de los gobiernos progresistas de forma generalizada a las instituciones autonómicas, son muchos los gobiernos que han incorporado su ley de memoria histórica. La Comunidad Valenciana no ha sido una excepción, como tampoco Catalunya –pionera en este sentido– o las Islas.

En el caso de Alicante, las leyes aprobadas tanto en el Congreso como en las Cortes en materia de memoria histórica están siendo desobedecidas por el Ayuntamiento, gobernado por PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox. Fue el partido ultraderechista quien impulsó una proposición rechazando, por ejemplo, la retirada exigida de la cruz de los caídos ubicada en el centro de la ciudad, en la avenida más comercial. Vox, además, no se mencionaba la militancia de la consejera del ramo, Rosa Pérez Garijo, en el Partido Comunista, ideología con la que los ultraderechistas vinculan a cientos de miles de muertos en el Estado español. PP y Cs votaron a favor.

Más llamativa, por su visibilidad, fue la marcha falangista celebrada el pasado sábado. Con la ley de memoria democrática española recientemente aprobada, y con la previsible excitación de una derecha que ya ha prometido derogarla si accede a Moncloa y que ha acusado al Gobierno español de aprobarla gracias al apoyo de EH Bildu, lo cierto es que pese a esta ley los falangistas pudieron desfilar por la ciudad, protegidos por la Policía española, que a su vez disolvió la contramanifestación antifascista convocada.

Por si fuera poco, la manifestación pudo celebrarse después de que, en primer término, la subdelegación del Gobierno español en la ciudad la prohibiera. Los motivos eran claros: había posibilidad de destrozos en el cementerio con la presencia de falangistas, que pasearían justo al lado de las fosas que están en fase de exhumación. Además, el pasado año, en la misma fecha, la placa que recuerda a las víctimas del bombardeo de la aviación italiana contra el Mercado Central de Alicante, en mayo de 1938, fue rota el mismo día en que los falangistas van recordar a su líder. La subdelegación, dirigida por la socialista Araceli Poblador, también valoraba el riesgo de que se convocaran contramanifestaciones que alteraran el orden. Precisamente, el artículo 212 de la Constitución española, argumentaba la institución, permite impedir manifestaciones en caso de que el orden público esté en riesgo.

En cambio, el Tribunal Superior de Justicia valenciano desautorizó esa prohibición tras un recurso presentado por Falange. El alto tribunal valenciano concluía que los argumentos de la subdelegación no estaban suficientemente motivados, y que los derechos de reunión y manifestación deben prevalecer sobre las posibilidades inciertas de alteración del orden público. Una posibilidad, además, de que según el TSJ no estaba suficientemente argumentada por parte de la subdelegación, que no podía limitar ese “derecho fundamental”. “Es evidente que si el ejercicio del derecho de la voluntad de los contrarios entorpece las manifestaciones, ninguna de ellas podría celebrarse”, decían desde el tribunal.

¿Está justificado, por tanto, que el falangismo se manifieste en las calles exaltando la dictadura o sus promotores a pesar de las leyes de memoria histórica vigentes? El magistrado Joaquim Bosch, profesor de la Universidad de Valencia, recuerda que "hay mucha gente que piensa que llevar una bandera franquista es delito, y no lo es". Lo que hay son sanciones administrativas en algunos casos, pero la ley española, explica Bosch, vincula estas sanciones a “las manifestaciones de descrédito, desprecio o humillación de víctimas o familiares. Por eso las delegaciones admiten manifestaciones y sólo las prohíben en caso de peligro de alteración o desperfeccionamiento de corderos, y la de Alicante fue la única que intentaron prohibir”, argumenta.

La ley valenciana, aprobada en 2017, en cambio, sí considera contrario a la memoria democrática, y por tanto a la ley mencionada, “la celebración de actos y/u homenajes de cualquier tipo que tengan como finalidad la conmemoración, exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial”. En esta ley no se especifica que tales actos o exhibiciones deben ser promovidos –para ser prohibidos– por estamentos públicos, tal y como especifica la ley española. “El gobierno español no propuso como delito el simple homenaje o manifestación, porque esto podía ser inconstitucional. La democracia alemana sí lo establece como delito, pero nuestro sistema constitucional es distinto y pone los límites de las manifestaciones en la violencia”, especifica Bosch.

Según el magistrado, ambas leyes, la valenciana y la española, no se contradicen, pero la española es más específica a la hora de establecer límites. En cualquier caso, las leyes actúan contra las exhibiciones promovidas por instituciones públicas a favor de la dictadura, y no contra las manifestaciones privadas, lo que permite que se dé la paradoja de que Falange se manifestara en Alicante con dos leyes de memoria histórica vigentes.