¡Que los pueblos decidan mediante elecciones a Cortes Constituyentes!

El Estado de Derecho, del que presume el Gobierno y todos los partidarios de la Transición de la dictadura a la monarquía, es quien secuestra toda expresión soberana y democrática, impidiendo la solución radical de los graves problemas de nuestra sociedad. El Gobierno de coalición, que tan cuidadoso es con la preservación de los privilegios de la Corona, de la Iglesia y del Ejército, en detrimento de las demandas democráticas y sociales, se enfrenta ahora a un verdadero golpe de togas de los altos magistrados.

La reforma del Código Penal y las enmiendas a la Ley Orgánica del Poder judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha sido la gota que ha desbordado el vaso del consenso del régimen monárquico. La reforma de la LOPJ, impulsada por el Gobierno de coalición y sus socios de legislatura, busca acabar con el acuerdo entre el PP y el PSOE de los tres quintos del CGPJ para elegir los dos magistrados constitucionales, y hacer valer el principio de la mayoría simple.

El fondo del asunto no es otro que la ruptura del consenso de la los representantes de la izquierda y del partido de las familias franquistas a la hora de elegir candidatos de unidad nacional, como corresponde al espíritu constitucional (lo que supone la negación de la regla democrática de mayoría y minoría). En sentencia del Tribunal Constitucional del año 86, se establece que “el reparto de los cargos se hiciese por cuotas, sin vetos mutuos”. La reforma pretende que cada barco sostenga su vela, lo que ha sonado como una declaración de guerra en las instituciones del régimen, sabedores que solo la unidad nacional en torno a la monarquía y a sus instituciones de los principales partidos puede sostener el engendro antidemocrático. Lo que pone en claro que la reforma del CGPJ no es solo una cuestión jurídica, sino que dicha crisis entre instituciones encierra una gran cuestión política: la preservación a toda costa el consenso con los franquistas o, por el contrario, establecer la soberanía popular.

La reforma de la LOTC conlleva, por su parte, la supresión del privilegio del Tribunal Constitucional para decidir sobre la idoneidad de los magistrados para ocupar dichos altos cargos, lo que vendría a limitar el poder de los jueces del Constitucional, cuya base no es otra que la del consenso político del 78. El Tribunal Constitucional con sus decisiones se eleva de forma dictatorial por encima de los recursos de la Fiscalía General del Estado y de las decisiones políticas del Congreso y el Senado. Todo un golpe político para imponer un gobierno de los jueces, que anula toda expresión de democracia, secuestrando la voluntad popular expresada mediante sus representantes elegidos. El Tribunal Constitucional se erige en poder político y judicial establecido por encima de las Cortes y del Senado (instituciones elegidas mediante el voto popular), prohibiendo con sus dictados que se puedan llevar adelante dichas reformas; y para ello cuenta con el silencio-complicidad de la misma Jefatura del Estado, que reside en la familia Borbón por herencia franquista.

No tenemos por menos que señalar cómo la crisis política e institucional a la que asistimos deviene de una larga polarización política desde la constitución de una mayoría que acabó con el gobierno de la corrupción de Rajoy. Desde ese momento, las familias franquistas desalojadas del gobierno tomaron la decisión de hacerse fuertes en los altos tribunales para así ocultar, de la mejor forma posible, sus crímenes e imponer la impunidad. Al mismo tiempo, comenzaban una guerra política sin cuartel, acusando desde el primer día al gobierno elegido por la mayoría de diputados y senadores de” ilegal” e” ilegítimo”, por el hecho de constituirse y gobernar con el apoyo de sectores nacionalistas vascos y catalanes. La ocupación ilegal de las altas magistraturas se ha tratado de resolver con los métodos del consenso por parte del gobierno, sin haberlo conseguido durante cuatro largos años. El enredo judicial debe ser desvelado para aclarar que se trata de poder decidir entre el mantenimiento del consenso monárquico o de la democracia política. Mientras que el gobierno consensua soluciones con el PP, este le exige la dimisión y la convocatoria inmediata de elecciones generales.

El mismo contexto internacional de guerra imperialista y recesión económica viene a contribuir a la polarización política y a la quiebra institucional. Y todo ello, a pesar de la política del gobierno de coalición que multiplica los gastos militares en beneficio de la OTAN y de los EEUU; de sus políticas chapuceras en todos los terrenos, poniéndose de forma permanente al servicio de los planes de la Comisión Europea para la privatización de los servicios públicos esenciales, que afectan a la sanidad, a la educación; amenazando con acabar hasta con el sistema público de pensiones.

La crisis política se quiere resolver entre unos pocos, manteniendo la criminalización de la protesta social para así impedir que la mayoría descubra que detrás de este embrollo no está sino el intento del 1% de la población -que concentra en sus manos buena parte de la riqueza social- de preservar sus privilegios manteniendo el régimen monárquico y corrupto.

La misma Unión Europea y su Comisión de Venecia insisten en el mantenimiento de los consensos antidemocráticos de gobierno y oposición, en la estrategia de seguir legislando con el apoyo de los partidos que componen la actual mayoría en las cámaras. Ya en el año 2020 los comisarios europeos echaron atrás una reforma del Gobierno como la que ahora subleva a la mayoría (seis magistrados contra cinco) del Tribunal Constitucional.

El poder de la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional aplasta, de esta forma, la representación de las asambleas representativas que componen las Cortes Generales, que son las que tienen legitimidad democrática. De hecho, la mayoría del Tribunal Constitucional, de una parte, y la mayoría de las Cortes Generales, de otra, se enfrentan por dos versiones de una misma Constitución. Contradicciones que se hacen evidentes en el terreno práctico, como ya se puso de manifiesto con anterioridad en el Parlamento vasco y catalán, cuando las decisiones democráticas de los parlamentos fueron aplastadas por los altos tribunales, encargándose la represión del resto. Unas Cortes y unos parlamentos, que en su Constitución y Estatutos proclaman falsamente que la soberanía reside en el pueblo, pero cuando se pisan las líneas rojas de los poderes y privilegios del régimen, se impide sistemáticamente soluciones democráticas, con la fuerza del poder que controlan el Ejército y los cuerpos de policía. Las decisiones vacías de legitimidad de las instituciones del régimen se imponen por la fuerza.

La crisis política e institucional amenaza ahora a la forma constitucional de gobierno del régimen de la monarquía establecida en la Constitución otorgada del 78, por la que los franquistas renunciaron parcialmente al poder ilimitado de la dictadura, otorgando al pueblo el derecho a elegir sus representantes a condición de que se mantuvieran de forma consensuada todos sus privilegios y alianzas, como es el caso del mantenimiento de la herencia franquista, los acuerdos con los EEUU, la entrada en la OTAN y la Unión Europea, y la preservación de los concordatos con el Vaticano.

La democracia y el derecho de los pueblos a decidir sobre sus asuntos es lo que está realmente en juego en estos momentos en la llamada crisis judicial, por lo que manifestamos la necesidad de un proceso destituyente/constituyente, que permita acabar con los privilegios de las viejas instituciones de la dictadura, para poder establecer el poder democrático del pueblo mediante elecciones a Cortes Constituyentes y Soberanas, con todos los poderes en manos de los representantes de los pueblos.