Primera querella por torturas contra policías franquistas tras la aprobación de la Ley de Memoria

Primera querella por torturas contra policías franquistas tras la aprobación de la Ley de Memoria / Oriol Solé Altimira

Entidades de memoria histórica inician una campaña jurídica y social para que la comisaria de Via Laietana de Barcelona deje de tener un uso policial y sea un espacio de recuerdo de la represión de la dictadura
Presentación de la querella ACN
 

Era conocida como 'la casa de los horrores'. La comisaría de la Policía de la Via Laietana de Barcelona fue centro de detención y tortura de la dictadura franquista contra comunistas, catalanistas y obreros. Por primera vez tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática uno de los represaliados ha acudido a los tribunales con una querella contra seis de los policías que lo torturaron.

La acción legal busca no solo una respuesta de los tribunales a la represión franquista, hasta ahora negada bajo el pretexto de la Ley de Amnistía de 1977, sino que es el primer paso de una campaña de varias entidades para conseguir que la comisaría de Via Laietana (que a día de hoy sigue albergando la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona) sea un espacio de memoria de la represión franquista. Hasta ahora el PSOE y el PP lo han vetado.

El querellante es Carlos Vallejo, militante del PSUC que fue detenido y torturado en dos ocasiones en 1970 y 1971 por su actividad política y sindical. Al menos durante la primera detención, que duró 21 días, Vallejo “fue objeto de torturas a manos de los querellados y de otros agentes pendientes de identificar”, relata la querella redactada por las abogadas del centro Irídia Laura Medina y Sònia Olivella.

La acción legal se encuentra a priori con dos obstáculos. El primero es el paso del tiempo (Vallejo ha pedido al juzgado comprobar si los policías querellados han fallecido), y el segundo es la ley de Amnistía, que ya ha vetado investigaciones contra responsables de la represión franquista en el pasado, como el juez que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich.

La defensa de Vallejo alega que el derecho internacional obliga a “investigar, perseguir y penalizar” los crímenes internacionales, los malos tratos y torturas. Pero además los querellantes señalan que la reciente Ley de Memoria Democrática dispone la obligación del Estado de garantizar “el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra y la Dictadura”.

En conjunto, son seis los policías franquistas querellados: Vicente Juan Creix, Genuino Nicolás (ya fallecido), Rafael Núñez, Francisco Javier Torres, José Antonio González y Francisco Manuel Escobedo. El primero tenía la categoría de comisario jefe, el segundo de comisario y el resto con la categoría de Inspectores, adscritos Brigada Político-Social.

La querella relata que Vallejo fue paulatinamente controlado por la policía a medida que iba asumiendo responsabilidades sindicales en la SEAT, cuando se precipitaría su primera detención. Fue detenido por primera vez el día 17 diciembre de 1970, cuando salía de casa.

Durante los interrogatorios, que se alargaron varios días, Vallejo fue sometido a distintas técnicas de tortura física y psicológica para extraerle información sobre las actividades de los trabajadores en SEAT, el PSUC y CCOO. Hubo torturas físicas: lo golpearon y le dieron patadas en varias partes del cuerpo; lo ataron en una silla por las rodillas manteniéndole acuclillado durante horas; le sometieron a las denominadas “ruedas”, en que Vallejo fue situado en el centro de unos cinco o seis agentes de policía puestos en círculo y que lo agredían por turnos; y fue sometido a asfixia mediante el método de “la bolsa”.

A la tortura física hay que añadir la psicológica, mediante técnicas de desorientación temporal y amenazas de muerte. En uno de los interrogatorios le hicieron creer que le estaban apuntando con una pistola en la cabeza, tratándose en realidad de una grapadora. También lo humillaron llamándole “rojo de mierda, ¿qué te has creído?”, y diciéndole que “lo que hacía era una tontería, que no merecía la pena”.

“La tortura era una herramienta constante para humillar a todo el que se atrevía a combatir la dictadura”, ha dicho Vallejo en la presentación de la querella y de la campaña que varias entidades impulsarán para lograr que de una vez por todas que la comisaría de Via Laietana sea un espacio de memoria.

Se trata de la Amical Mathausen, l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, l’Ateneu Memòria Popular, la Comissió de la Dignitat, Comissió de la Memòria Històrica, EUROM (European Observatory on Memories), Fundació Cipriano Garcia–CCOO, Irídia, la Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes y Òmnium Cultural.

Las entidades quieren superar las reticencias que hasta ahora tanto el PSOE como el PP han puesto a convertir la Vía Laietana en un memorial de la represión franquista. “Via Laietana 43 ejemplifica lo oscuro de la dictadura franquista como un auténtico centro del horror en el corazón de la ciudad de Barcelona”, ha expresado el presidente de Òmnium, Xavier Antich.

Por su lado, la abogada Pilar Rebaque, también represaliada durante la dictadura, ha dejado claro que se trata de una reivindicación y una demanda que hace “toda la sociedad”. “Los centros de memoria son necesarios para tener una buena salud democrática para que lo que pasó no se vuelva a repetir, ha indicado.


Fuente → eldiario.es

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