Hace pocos días se anunció la entrada en vigor de la Ley estatal 20/2022, de 19 de octubre, llamada: Memoria Democrática. Esta ley sucede a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en la que se otorgan derechos y se establecen medidas a favor de todas las personas que sufrieron torturas o persecución durante la guerra civil española (1936 –1939).
Este conflicto es uno de los mas sangrientos que había conocido Europa, después de la Primera Guerra Mundial.
Esta escalada militar destruyó un número importante de edificaciones, industrias, Iglesias, escuelas y establecimientos patrimoniales.
Se calcula que la guerra dejó al menos medio millón de muertes, unos 110 mil, de estos, fueron ocasionados por hambruna y enfermedades. Miles de españoles huyeron a Francia, así como 15.000 republicanos terminaron en campos de concentración nazis y otros centenares de personas fueron desplazados.
La norma ha sido publicada en el BOE tras una larga tramitación parlamentaria que concluyó el pasado 5 de octubre con su aprobación definitiva en el Senado. "Hoy saldamos una deuda de décadas", ha celebrado el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
La nueva Ley incluye los años de la dictadura y el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 y se extiende hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978. La ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, por lo que se anulan todas sus condenas.
En relación con este tenebroso y dolorido acontecimiento, el Gobiernos de Pedro Sánchez, además de los beneficios de esta ley a favor de las victimas, ha declarado el 31 de octubre de cada año, como día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura franquista. Este mismo día, pero del año 1975, la población del Sáhara Occidental sufrió la invasión marroquí-mauritana, que tuvo graves consecuencias basadas en la destrucción de la mayoría de las ciudades, aldeas y localidades del Sáhara Occidental, así como el asesinato de centenares de personas y el exterminio de decenas de manadas de camellos y rebaños de ganado.
Esta aventura militar fue autorizada a través de los vergonzosos Acuerdos Tripartitos de Madrid, en contra de las resoluciones de la comunidad internacional. La invasión extranjera dio origen a un duro exilio de la población saharaui en uno de los desiertos más inhóspitos del planeta. En aquella época, el Sáhara Occidental era la provincia 53 de España, era tan "española como Cuenca".
Durante la dictadura franquista se produjo la matanza de Zemla el 17 de junio de 1970, donde fueron asesinados, heridos e encarcelados numerosos manifestantes, así como la desaparición de otros ciudadanos saharauis, entre ellos Sidi Brahim Basiri.
La ley considera víctima a aquella persona que haya sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Tendrán derecho al "reconocimiento y reparación integral" por parte del Estado español, así como al "resarcimiento" de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Lo curioso, injusto y lamentable es la exclusión de los ciudadanos saharauis de los beneficios de esta ley. Sin quererlo, quizás, la ley profundiza aún más si cabe en la vinculación de la propia ley con la cuestión saharaui. Curiosamente, la ley, en su artículo 7, declara el 31 de octubre como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas, por ser el día en que se aprobó en 1978 la Constitución española por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado. ¡Y qué casualidad! Ese día 31 de octubre es el mismo día que, todos los años, los saharauis recuerdan como día de la invasión. El día en que se convirtieron en víctimas de la agresión marroquí, a resultas del abandono de aquella España, de la que la actual se quiere distanciar en determinados aspectos.
Los saharauis no reclaman sumas millonarias como independización por estas calamidades. Los habitantes de Saguia El Hamra y Rio de Oro (los saharauis) solo piden al gobierno de la Moncloa asumir sus responsabilidad como potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental y culminar el proceso de descolonización del territorio.
España tiene que seguir el ejemplo de Portugal, la cual colaboró con la ONU con el objetivo de culminar el proceso de descolonización, que condujo a la independencia de la noción de Timor Oriental.
Fuente → ecsaharaui.com
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