Sin complejo alguno, como tan habitual es en todas las actuaciones y mensajes de las derechas españolas, la parafernalia propagandística de VOX, en un acto lúdico-festivo, patriótico y familiar, pero de profunda raigambre dogmática, escenificó abiertamente en Madrid su decidido combate contra lo que denomina dictadura ideológica de la izquierda; porque -repetimos- dicen ser los españoles sin complejos y amantes de la libertad.

Vamos a volver al 36, como se coreaba desde el escenario del mencionado evento, no tiene ninguna otra interpretación que la del enfrentamiento radical entre los fascistas [… somos la resistencia, somos fachas.., se cantó ante centenares de personas] y los que no lo somos. Hasta entonces no parecía tan real la batalla que están dando, pero ya sí lo es, y este combate, como se puede comprobar, no será tan sólo en las redes sociales o en los medios de comunicación; será en la calle, en las organizaciones, en las instituciones, en la escuela y con la ciudadanía entera… o no será y entonces saldremos perdiendo sin remedio. Este nacionalismo español que se predica, de corte populista y de raíces totalitarias, permite enorgullocerse de ser franquista y, por tanto, de todo lo que aquello significó y continúa significando en nuestra sociedad a día de hoy.

Consideramos que los jueces deberían pronunciarse sobre la constitucionalidad de ciertos contenidos expresados durante el desarrollo de las actividades que tuvieron lugar en una convocatoria realizada por un partido con representación en las administraciones del Estado. Es grave, muy grave, si no hicieran nada.

Defender la ley de Memoria Democrática

Y más grave, si cabe, con una nueva Ley de Memoria Democrática aprobada en el Senado casi a la vez de los acontecimientos arriba señalados. La Dirección General de Memoria, o al estamento que le corresponda en el Ministerio de la Presidencia, algo debería decir al respecto, y más aún con el riesgo de derogación que existe sobre ella -y con que el vienen amenazando desde la redacción de su primer borrador hasta su trámite parlamentario, por parte de toda la derecha nacional-, y con la mirada puesta en los resultados que están arrojando las últimas encuestas.

Nuestro parecer es que este nuevo texto -que puede tener carencias que esperamos sean subsanadas una vez inicie su recorrido e implementación-, supera, con creces, la siempre corta y ya obsoleta ley de 2007; su apuesta por un fortalecimiento de nuestra democracia es inequívoca al incluir aspectos educativos necesarios para ello, es clara en relación con la exigencia de la ONU en apostar por las garantías de no repetición de situaciones tan execrables durante la dictadura junto a las de justicia, reparación y el derecho a la verdad que tienen las víctimas y sus familiares -y el conjunto de la sociedad- y que las derechas españolas niegan sistemáticamente. Instaladas en un el nacionalismo español excluyente -que hay que vencer-, utilizan la Memoria como arma política para eludir cualquier acuerdo o consenso en esta materia.

Es evidente que no están, ni parece que quieran, por una memoria democrática compartida que construya el necesario relato crítico de una dictadura, de lo que significó y de las consecuencias que tuvo para el desarrollo normalizado de un país con aspiraciones a una sana e igualitaria convivencia, al respeto y al diálogo. Un pasado dictatorial reconocido, como han aceptado algunas derechas de otros países de nuestro entorno y más allá, abriría la vía para el acuerdo hacia una memoria democrática común e iría cerrando las heridas a las que, con tanto interés, recurren en sus argumentaciones.

Aún con todo, ha habido últimamente casos aún aislados, eso sí, que podrían significar que queda esperanza para que esto nos ocurra a nosotros también: en Mallorca, una nieta de Pedro Urraca, colaborador con la Gestapo en la captura de republicanos españoles exiliados en Francia, denuncia los hechos y pide perdón público a sus víctimas. Parece ser que hay más casos, aunque sin la claridad y contundencia de este. Es otra fórmula de reparación, sin duda.

De momento, con la nueva ley queda declarado ilegal el régimen franquista y todos sus tribunales así como nulas todas sus condenas, que son ampliadas a las víctimas represaliadas por su orientación sexual (los denominados entonces presos sociales), los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores y las personas castigadas o perseguidas por razones lingüísticas o culturales. Y, a partir de ahora, es el Estado quien asume la responsabilidad de la localización y exhumación de los desaparecidos.