Cecilia Remis
Una concentración de las entidades memorialistas madrileñas a las puertas del Senado, horas antes de la votación, dejaba claro que la Ley no recoge las reivindicaciones de la lucha por la Verdad, Justicia y Reparación, en su totalidad
El debate previo a la votación ha durado cinco horas cargado de reproches cruzados. El PSOE no ha aceptado ninguna de las más de 500 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios en el Senado, muchas de ellas procedentes de socios del Gobierno como ERC, EH Bildu y Compromís, que coinciden al calificar esta ley de insuficiente, al igual que las asociaciones memorialistas. Bildu y Compromís han votado a favor de la Ley, ERC se ha abstenido.
La red CeAQUA y Amnistía Internacional han lamentado que no se hayan introducido modificaciones, y consideran que quedan importantes aspectos por corregir y mejorar:
– La ley no garantizará el acceso a justicia de las víctimas. No elimina los obstáculos a la investigación de crímenes del franquismo, pese a las reiteradas recomendaciones de ONU para privar de efectos a la Ley de Amnistía de 1977 (11 recomendaciones desde 2008).
– La ley establecerá una Comisión independiente para esclarecer las violaciones de Derechos Humanos del pasado, pero relegándola a ámbito meramente académico, sin atribuirle medidas efectivas de investigación, ni el mandato de identificar a las personas y autoridades implicadas.
– La reparación prevista en la ley mantiene la exclusión expresa de responsabilidad patrimonial del Estado o de indemnizaciones.
La ley impulsada por el Gobierno del PSOE y Podemos fue aprobada en el pleno del Senado con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones. La aprobación este miércoles es definitiva, ya que el texto no ha incorporado ninguna modificación respecto al aprobado el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso de los Diputados, por lo que no tendrá que volver a la Cámara Baja. entrará en vigor en los próximos días cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta ley, supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en la nevera al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC.
Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con EH Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.
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