Ley Mordaza: una cuestión de democracia

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha vuelto a poner el foco este sábado en la reforma de la Ley Mordaza –Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana–, recordando que su derogación se mantiene como uno de los grandes compromisos del Gobierno de coalición a la vez que avisa a su socio que "no hay justificación" para que su tramitación no se desbloquee en el Congreso antes de que finalice el año.

Según él mismo ha confirmado, ya son muy pocos los detalles que quedan por acordar, entre ellos, "todo lo que tiene que ver con el concepto de desobediencia o faltas de respeto a los agentes", la utilización de material antidisturbios, como las pelotas de goma, o "cuestiones relacionadas con el consumo de drogas blandas". Por este motivo, retrasar el asunto solamente lo convertiría en algo más complicado y echaría a perder el trabajo que sus aliados parlamentarios han realizado “para recuperar los derechos que fueron recortados en 2015" con la reforma impulsada por el PP, cuando gobernaba con mayoría absoluta y que constituyó un duro recorte de derechos fundamentales con el objetivo de criminalizar y desincentivar la protesta social en un contexto de fuerte indignación popular.

Además de un acuerdo del Gobierno de coalición y del bloque de investidura, sustituir la Ley Mordaza es una petición de organismos como la ONU o el Consejo de Europa. La norma ha sido objeto de críticas y rechazos en múltiples ocasiones –270 organizaciones firmantes en su contra– desde el día de su aprobación y, actualmente, la Comisión de Derechos Humanos expresa su negación ante esta por “vulnerar los derechos fundamentales como la libertad de reunión y de expresión”, y el New York Times se refiere a ella como “una ley que trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco”.

Igualmente, es una de las peticiones de No Somos Delito, integrada por más de un centenar de colectivos –entre ellos, Amnistía Internacional, Greenpeace, Ecologistas en Acción, los sindicatos CNT y CGT, la FeSP (Federación de Sindicatos de Periodistas) o la ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados)– que aboga por una “derogación total” de la norma y “unos mínimos que garanticen el libre ejercicio de los derechos fundamentales”.

La derogación de la Ley Mordaza

Los puntos debatidos hasta el momento, muestran que la derogación de la norma provocaría la llegada de algunos cambios. Por ejemplo, no se podría sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. No será necesario informar de aquellas manifestaciones que se convoquen con inmediatez y únicamente podrán ser sancionadas si desembocan en actos violentos o alteración del orden público. Y las unidades antidisturbios tendrán que evitar el uso de recursos que puedan provocar “lesiones irreparables”. Aún así, estas medidas siguen siendo consideradas como “insuficientes” para una parte de la opinión pública, que espera con las nuevas negociaciones se acuerde mejoras de la actual propuesta.

Entre las peticiones de la ciudadanía, se encuentra la eliminación de la presunción de veracidad del agente actuante, porque colisiona de frente con la presunción de inocencia y el derecho a la defensa y retirar la sanción al convocante de manifestación no comunicada, porque permite el margen de arbitrariedad que tanto han denunciado los activistas.

La Ley Mordaza ataca contra la libertad de prensa

Hace apenas unos meses, el director de Nortes, Diego Díaz Alonso, y otras dos personas, Jara Cosculluela y Nacho Durán, recibieron una notificación de la Policía Nacional en la que se les imponía una sanción administrativa de 601 euros por el contenido de una de sus publicaciones. En este caso, la revista se había hecho eco de una irregularidad policial sucedida el pasado mes de julio en Xixón a través de una crónica en la que se denunciaba una intervención desproporcionada firmada por dos de los denunciados. Los implicados rechazaron toda acusación y consideraron que se trataba de una “represalia”, la noticia no tardó en propagarse y fueron muchos los que sostuvieron que era algo poco digno de una “democracia plena”.

El fotoperiodista asturiano Javier Bauluz –el primer español en recibir un Pulitzer de Periodismo– fue sancionado este pasado mes de junio con dos multas por un valor de 960 euros en aplicación de la Ley Mordaza mientras fotografiaba el desembarco de varias personas rescatadas en el mar. Otro ejemplo que muestra el nivel de censura que la norma impone en nuestro país, poniendo límites a la libertad de expresión y la libertad de información. El reportero ya ha anunciado que no pagará el importe.