La reflexión con la que empezamos titulando este artículo no es
de nuestra cosecha, aunque estemos de acuerdo con ella. Es la opinión de
una asociación memorialista estatal, decepcionada ante lo que pudo
haber sido y no es… al menos, de momento. Otros calificativos que
entidades como la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica, la Plataforma contra los Crímenes del Franquismo, la
Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, el Foro por la
Memoria o, a nivel más cercano, la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo
o Sanfermines 78 Gogoan han empleado son “tibia”, “timorata”,
“insuficiente judicial y económicamente”, “tímida”, “cierre en falso que
no acaba con la impunidad”, que “consolida la discriminación entre
víctimas de diferentes violencias”… y un largo etcétera en este sentido,
bien resumido por la siguiente sentencia, que compartimos: “esta ley trae mejoras importantes pero parciales”.
No es de extrañar la postura de las asociaciones de memoria, en
primer lugar porque –a pesar del gran trabajo que vienen realizando
desde hace décadas– esta ley ignora una parte muy elevada de sus demandas.
Como ignora las peticiones que, en forma de enmiendas, distintos grupos
de izquierda hemos realizado. Peticiones sistemáticamente rechazadas
(hasta 158 en nuestro caso) por unos grupos proponentes que han mostrado
una preocupante falta de altura de miras en su rechazo a sumar
adhesiones a una norma que –en este caso, especialmente– necesita del
máximo consenso posible.
Porque, si bien es cierto que esta ley recoge novedades importantes, que reconocemos y aplaudimos, como la declaración de ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas, la elaboración de un censo de víctimas (no así de victimarios, aunque realizamos esta petición en el Senado) o la prohibición de las fundaciones franquistas, también lo es que se queda corta en aspectos fundamentales.
Uno de ellos es el del periodo temporal que cubre la ley, que se detiene en el año 1983.
Fecha a todas luces insuficiente si lo que se pretende es –tal y como
aseguran sus promotores– “cerrar una deuda de la democracia española con
su pasado”. Una ley que realmente tenga este objetivo debería
comprender la totalidad de vulneraciones de Derechos Humanos por
motivaciones políticas sucedidas en nuestro país desde 1936, y
no detenerse en una fecha tan aleatoria como incomprensible. Porque
quedan fuera de su ámbito de aplicación casos tan significativos y
dolorosos para la sociedad navarra como la muerte de Mikel Zabalza en
el cuartel de Intxaurrondo, en noviembre de 1985. Decisiones injustas a
todas luces, pero por desgracia coherentes con otras propuestas, como
el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que
el Gobierno de España ha aprobado para sustituir a la franquista Ley de
Secretos Oficiales, y que podría alargar hasta 65 años los plazos para
la desclasificación de los llamados “secretos de Estado”. Demostrando,
por tanto, una nula voluntad política para ofrecer la verdad a las
familias de las víctimas, y menos aún justicia y reparación.
Volviendo a la recientemente aprobada Ley de Memoria
Democrática, otra actuación difícilmente comprensible ha sido la mención
que ésta hace en su disposición adicional decimoséptima –a propuesta de
EH Bildu– al Fuerte de San Cristóbal. Mención que
pretende, supuestamente, hacer de este espacio un lugar de Memoria de
Navarra, pero que no garantiza dos condiciones necesarias para ello: la
redacción conjunta, entre los gobiernos de Navarra y de España, de un
proyecto consensuado con las asociaciones memorialistas referido al
fuerte (qué se quiere hacer allí, en definitiva, con una perspectiva de
medio-largo plazo) y, tan importante como la anterior, concretar quién
va a financiar esa inversión, que un estudio de hace cinco años valoraba
en 35 millones de euros.
Y mención legal que es innecesaria, tanto a nivel jurídico como
político, aportando únicamente confusión. La Ley Foral 33/2013, de
reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos
navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar
de 1936, señala que “El Gobierno de Navarra adoptará las medidas
necesarias para la preservación del Fuerte de San Cristóbal y el
cementerio del mismo como lugar de Memoria Histórica en relación con el
penal instalado en dicho lugar durante la Guerra Civil y los hechos
sucedidos en el mismo”. Por otra parte, la Ley Foral 29/2018, de Lugares
de Memoria de Navarra, establece que corresponde al Gobierno de Navarra
garantizar la conservación, protección, asesoramiento, mantenimiento y
rehabilitación de los lugares de la memoria histórica, así como sufragar
los gastos correspondientes para todo ello.
Así pues, contando Navarra con un marco jurídico claro y
suficiente para poder intervenir en ese espacio, y sabiendo que el
Ministerio de Defensa no tiene ningún interés estratégico por seguir
poseyéndolo, no entendemos el empeño de algunos de supeditar su futuro a
una ley estatal, en lugar de centrarnos en trabajar conjuntamente para
conseguir lo que realmente necesitamos: que el Estado se comprometa a
financiar íntegramente las obras de rehabilitación del Fuerte,
con carácter previo a su entrega al Gobierno de Navarra, con un proyecto
de amplio consenso como base. No tenemos ninguna duda de que el
departamento de Relaciones Ciudadanas sabrá gestionarlo de la mejor
manera. Como ha hecho, sin ir muy lejos, con la creación de la GR-225,
ruta de montaña que sigue el itinerario de los presos fugados en 1938
desde Ezkaba hasta Urepel. O limpiando y saneando el cementerio de las
botellas situado en la cima del monte, y presentando un proyecto para
declararlo lugar de Memoria. Solicitud denegada por el Ministerio de
Defensa bajo el pseudoargumento de que podría “fomentar una gran
afluencia de personal civil que interferirá con la finalidad militar”
del Fuerte. Excusa que se comenta sola…
Terminamos citando un último aspecto de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática: su incapacidad para reconocer el trabajo que algunas comunidades llevamos años realizando.
En nuestro caso, y aunque no fue hasta el año 2015 cuando, bajo el
liderazgo político de la presidenta Barkos y la consejera Ollo, el
Gobierno de Navarra empezó su trabajo en este ámbito, hemos sido
pioneros en llevar adelante actividades de sensibilización, en impulsar
actos de reconocimiento y reparación de víctimas, en la eliminación de
simbología franquista, en la democratización del espacio público junto a
entidades locales, en trabajar con los y las jóvenes en el ámbito
educativo, en la colaboración con las asociaciones memorialistas, en
impulsar exhumaciones y un banco público de ADN, en aprobar una Ley
propia de Lugares de Memoria, en realizar investigaciones y un fondo
documental sobre todas las formas de represión, como la ejercida contra
las mujeres o el colectivo LGTBI, sobre el expolio económico…
Trabajo del que nos enorgullecemos enormemente, puesto que está
trayendo algo de verdad y reparación a familias olvidadas durante
décadas. Seguir profundizando en él es, además de una obligación legal,
un imperativo moral que en Geroa Bai realizamos –y continuaremos
realizando– muy gustosamente.
*Los autores son: parlamentario foral de Geroa Bai, y senador autonómico, respectivamente
Fuente → noticiasdenavarra.com
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