
La ley de memoria y la memoria sin ley
Isaac Rosa
Isaac Rosa
¿Será esta la ley que por fin resuelva todo lo pendiente, o hará falta otra ley de memoria dentro de otros 15 años?
En octubre de 2022, 47 años después de la muerte de Franco, 44
desde la aprobación de la Constitución Española, 83 transcurridos desde
el final de la Guerra Civil, con cada vez menos supervivientes entre las
víctimas, sucedidas varias generaciones de hijos, nietos y bisnietos…
en España se aprueba una ley de memoria democrática. Y yo estoy temiendo
el momento en que, mañana mismo, me llamen los habituales periodistas
europeos que siempre me llaman para pedirme mi opinión sobre el tema,
que a la prensa extranjera le excita mucho eso de que los españoles
sigamos a vueltas con la memoria tantos años después.
Mi primera sensación con la aprobación de la ley, y sobre todo
con los debates previos, ha sido un ‘déjà vu’ que imagino han sentido
muchos: esto ya lo hemos visto antes. En concreto, 15 años antes, cuando
la ley de memoria de Zapatero. De hecho, algunas medidas ahora
incluidas llaman la atención porque ya estaban en discusión hace quince
años, y hasta las habíamos dado por resueltas. Las fosas, por ejemplo.
¿En serio seguimos en el mismo punto 15 años después? ¿Cómo se lo
explico a los periodistas europeos?
La nueva ley promete cumplir todo lo que en su día dimos por
hecho con la ley anterior, y que quince años después comprobamos que no,
que sigue pendiente. Sobre el papel, las medidas suenan bien, incluso
muy bien. Luego desciendes al detalle, la letra pequeña, y te encuentras
mucha “comisión técnica” que estudiará el asunto, aplazamientos de
temas por concretar, fórmulas indefinidas, y ausencias que explican la
resistencia de algunos socios de gobierno, y la decepción de las
asociaciones de memoria y de familiares de represaliados.
Pregunto a mi amigo Emilio Silva, que algo sabe de memoria desde
que hace más de veinte años exhumara la primera fosa desde la
Transición. Me confirma su decepción: no cree que la ley sirva para
investigar y en su caso perseguir a los responsables de los crímenes
franquistas, ni confía en que el Estado vaya a hacerse cargo de las
exhumaciones. Ve mucha falta de concreción, echa en falta medidas de
reparación que llevan tantos años esperando, y lamenta que las víctimas
del franquismo sigan siendo “víctimas de segunda” para la democracia
española.
Por su parte, los partidarios de la nueva ley celebran y
subrayan avances de gran importancia para la normalidad democrática, y
que en efecto están en la ley: reconocer la ilegalidad del franquismo y
de sus sentencias, la creación de una fiscalía para los crímenes de la
dictadura, un banco de ADN de víctimas, la apología del franquismo como
causa para extinguir fundaciones franquistas, más contenido democrático
en la enseñanza…
¿Es una ley ilusionante o decepcionante? ¿Pondrá fin de una vez a
la vergüenza de las fosas comunes, o seguirá siendo una tarea lenta,
dependiente de la voluntad de los familiares y asociaciones, y a merced
del ayuntamiento o el juzgado de turno? ¿Responde a la demanda de
verdad, justicia y reparación, o hará falta otra ley de memoria dentro
de otros quince años? ¿Qué le digo al periodista alemán que mañana me
preguntará qué pasa con el franquismo en España?
Le diré lo que digo siempre: que por suerte la memoria
democrática de este país no depende de que se apruebe una ley. La
memoria democrática de España se viene levantando desde hace décadas,
algunas veces gracias a las leyes, pero más a menudo a pesar de las
leyes. Son todas esas mujeres y hombres, víctimas, hijos, nietas,
bisnietos, compañeras, miembros de asociaciones, profesoras,
investigadores, antifascistas y demócratas todas, que llevan décadas
reparando, dignificando, construyendo memoria, con sus propios medios,
contra todo tipo de obstáculos, con poca o ninguna ayuda de las
administraciones y a veces obstaculizadas por estas.
Si la nueva ley ayuda, bienvenida sea. Y si no, tengamos la
tranquilidad de que la memoria democrática, que no es algo del pasado
sino fundamental en este presente regresivo, no la fija el BOE, ni
depende de mayorías parlamentarias o cambios de gobierno, sino de toda
esa gente que lleva años peleándola. Ha sido durante mucho tiempo una
memoria sin ley y, ahora que tenemos ley nueva, seguirá yendo muy por
delante, forzando sus límites, llegando más lejos. Gracias.
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