Huesos

 Huesos

El 2 de septiembre de 2015 se inauguraba en Berlín una exposición que, auspiciada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y bajo el título de “Exhumando fosas, recuperando dignidades”, pretendía abrir un debate en el seno de Europa sobre qué debía hacerse con los desaparecidos españoles y quién debía buscarlos. Aquella exposición, que poco tiempo antes había sido censurada por el Parlamento Europeo argumentando que “podía crear controversia por sus imágenes demasiado contundentes”(sic), fue directamente boicoteada por el Gobierno español, encabezado por Mariano Rajoy, que movió todas las teclas posibles en el grupo popular del Parlamento Europeo para que aquella exposición sobre la represión nacional-católica en España nunca viese la luz. Siete años después, aquellos mismos que intentaron impedir por todos los medios que la vergüenza del genocidio franquista se expusiese públicamente fuera de España, se rasgan hoy las vestiduras señalando con gritos y aspavientos cada nueva fosa común que aparece en la geografía de Ucrania, al tiempo que acusan con virulencia de guerra civilistas, revanchistas y poco menos que de criminales a quienes han conseguido que pudiese ver finalmente la luz la ley de Memoria Democrática, aprobada de forma definitiva en el Senado el miércoles 5 de octubre : «La Ley de Memoria es criminal, resucita el cainismo e inculca el odio sectario a la derecha» (sic), declaró el pasado mes de julio Fco. José Contreras, diputado de Vox, en una entrevista para Libertad Digital.

Es cierto que esta ley, por primera vez en la historia, declara ilegal la dictadura franquista, ampliando así los márgenes que ocupaba la anterior ley de Memoria Histórica, promulgada en 2007, durante el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. Con esta nueva ley el Estado, también por primera vez, se obliga, no ya a permitir, sino a liderar y sufragar la búsqueda e identificación de los desaparecidos y a facilitar las exhumaciones de los aproximadamente 114.000 cuerpos que aún se encuentran enterrados de forma anónima en cunetas, fosas comunes y cementerios a todo lo largo y ancho del país, al tiempo que reconoce el derecho de los familiares de las víctimas y de la sociedad en general a saber la verdad de aquellos hechos acaecidos hace más de 80 años, esta vez sin eufemismos ni farisaicas equidistancias.

Mediante la nueva ley se protege la conservación y acceso a documentos, se impulsa la implementación de un banco de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura, se ordena la creación de una Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la fiscalía general del Estado y se establece la necesidad de una auditoría y un inventario de los bienes requisados por los golpistas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. Así mismo, se declaran ilegales los tribunales franquistas de excepción y se dan por nulas sus sentencias, algo que permitirá que los familiares de las víctimas obtengan una declaración de reconocimiento y una reparación personal. Además, se aumentará el periodo de investigación de posibles delitos contra los Derechos Humanos hasta 1983 y no, como se contemplaba hasta ahora, solo hasta 1978. Los contendidos de Memoria Democrática se incluirán en los programas de la ESO y el Bachillerato y se fomentará la investigación en esta materia para hacer frente al negacionismo y la desmemoria, estableciéndose la obligación de retirar toda simbología franquista, prohibiendo cualquier tipo de fundación o asociación que haga apología del franquismo, así como cualquier tipo de actos o declaraciones que menosprecien y humillen la dignidad de las víctimas. También se retirarán los títulos nobiliarios a más de una treintena de familias a las que el dictador se los otorgó en premio a sus servicios y se exhumarán los restos de los principales cabecillas fascistas que aún reposan en iglesias, catedrales u otros lugares que puedan ser de dominio público. Para mejor garantizar el cumplimiento de la ley se establecerá un régimen regulador con multas desde los 10.001 y los 150.000 euros, así como otras posibles sanciones accesorias que podrán implicar el cierre temporal de los locales o establecimientos públicos donde se cometan las infracciones, o el “comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción” (sic).

Sin embargo, aunque esta nueva legislación es obviamente un paso adelante respecto a la anterior, no se trata de ningún remedio absoluto para acabar de un plumazo con la indeleble huella que han dejado en nuestra historia reciente los últimos 40 años, durante los que el franquismo ha gozado de una indisimulada dispensa. Buena prueba de ello es que esta ley ha salido adelante en el Senado por la exigua diferencia de 15 votos (128 a favor de su promulgación, 113 en contra y 18 abstenciones). Cifras estas que deberían provocar la vergüenza de aquellos ciudadanos que permiten con sus votos la existencia de ese 40% largo de senadores que siguen sin condenar el golpe de estado, la dictadura, sus crímenes y el carácter ilegítimo de un poder que solo pudo imponerse a base de escuadrones del amanecer, bandas de pistoleros y torturadores vocacionales. Y es precisamente la exención que siempre ha protegido a los esbirros del golpismo y de la dictadura lo que ha conseguido postergar una y otra vez —junto con la actitud tibia y pactista de una parte de la izquierda— la elaboración de una ley que posibilitase el definitivo desmantelamiento del andamiaje nacional-católico que ha ejercido de constante freno a todos y cada uno de los intentos protagonizados por el pueblo para convertir este país en una auténtica democracia homologable a cualquiera de aquellas que presumen de serlo.

Es cierto, hay que insistir en ello, que esta ley supone una importante mejora respecto a la anterior de 2007. Sin embargo, en algunos de sus aspectos más importantes el legislador ha vuelto a quedarse muy corto; una vez más ha pecado de timidez, cuando no directamente de una insoportable cobardía. Es muy llamativo que en esta nueva ley, que pretende acabar con la impunidad de quienes impulsaron, participaron, apoyaron, justificaron o disculparon el golpe de estado, la represión y la dictadura, no haga ni la más mínima mención a la Iglesia Católica, pilar indispensable para llevar a cabo “la cruzada” y la posterior y sistemática represión, ni a los sectores  monárquicos y falangistas o a las diversas instituciones paralegales que favorecieron el sostén del fascismo y el exterminio masivo de “rojos”; tampoco, por supuesto, a aquellas empresas —y no fueron pocas— que se enriquecieron mediante la explotación de una ingente cantera de mano de obra esclava, formada por miles de trabajadoras y trabajadores represaliados. Además, una buena parte de lo que persigue esta ley de Memoria Democrática no va a ser fácil de conseguir si no se modifica la ley de Amnistía de 1977, tan ensalzada una y otra vez por los más diversos estamentos del Estado por ser, según ellos, uno de los instrumentos esenciales para la transición española hacia la democracia. Aunque en realidad —como también ocurrió en su día en Argentina con la denominada ley de punto final— solo haya servido para impedir la investigación de las numerosas y graves violaciones de los derechos humanos que se produjeron en el país durante la Guerra Civil y la dictadura. Esa tabla rasa que decían que supondría aquella amnistía, ese partir de cero y construir una nueva sociedad democrática basada en la justicia y el perdón, no fue más que otro de los goles que el aparato posfranquista, perfectamente enraizado en la mayoría de los enclaves estratégicos del Estado, le metió por la escuadra a la ciudadanía evitando que se pudiesen exigir ningún tipo de responsabilidades a quienes durante 40 años habían mantenido bajo su bota a todo un pueblo.

Hay muchos millones de españoles que esperan, por encima de las limitaciones con las que desde un primer momento nace esta norma y a pesar de que la ultraderecha y la derecha extrema no van a dejar de poner zancadillas para dificultar su puesta en marcha, que la ley de Memoria Democrática sea el punto de inflexión a partir del que nos alejemos definitivamente y para siempre de esa larga sombra del franquismo que nunca dejó de ocupar un lugar en el panorama político español, a pesar de los muchos años que hace que el dictador se convirtió en pasto de gusanos. Pero para ello se necesita una decidida actitud beligerante que impida pasar por alto ningún tipo de provocación o de apología del franquismo por leve que sea y, sobre todo, que persiga con saña cualquier agresión física u ofensa moral contra la ciudadanía, protagonizada por la violencia de las bandas fascistas o por aquellos que, para nuestra desgracia, les jalean y animan desde las instituciones con desbordados discursos de odio.

Muy pronto, en un par de meses escasos, vamos a poder comprobar si lo contenido en esta ley de Memoria Democrática es algo más que un texto lleno de buenas intenciones. El próximo 20 de noviembre espero, como creo que así también lo siente cualquier persona demócrata y por lo tanto antifascista, que a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no les tiemble la mano a la hora de perseguir, detener y multar cualquier forma de apología o de celebración de la figura del dictador Franco, de su régimen y de sus símbolos. Es más, espero que actúen al menos con la misma determinación y contundencia que demostraron en anteriores ocasiones contra quienes rodearon pacíficamente el Congreso de los Diputados, organizaron un referéndum popular en Catalunya, intentaron defender sus fábricas del desmantelamiento, o intentaron evitar los numerosos desahucios que asolaron nuestro país durante la anterior crisis y que, para vergüenza de todos, aún siguen produciéndose con apabullante frecuencia. Solo entonces podremos creernos que la ley de Memoria Democrática no se convertirá en otro papel mojado al servicio de los de siempre.


HUESOS

Podrían ser, a simple vista, solo huesos
Desvencijados huesos
Enterrados al borde del camino
Abandonados huesos, no acariciados huesos
De un dolor no amortajado
Pero no son, a simple vista, solo huesos
Desvencijados huesos
En el calcio del hueso hay una historia:
Desesperada historia, desmadejada historia
De terror premeditado
Y habrá que contar, desenterrar, emparejar
Sacar el hueso al aire puro de vivir
Pendiente abrazo, despedida, beso, flor
En el lugar preciso de la cicatriz.

Podrían ser, a simple vista, solo huesos
Amoratados huesos
Olvidados sin fecha, en el camino
Abaratados huesos, invertebrados huesos
De un adiós no reclamado
Pero no son, a simple vista, solo huesos
Amoratados huesos
En el calcio del hueso hay una historia:
Acaudillada historia, desmemoriada historia
El horror no solventado
Y habrá que contar, desenterrar, emparejar
Sacar el hueso al aire puro de vivir
Pendiente abrazo, despedida, beso, flor
En el lugar preciso de la cicatriz.

Y habrá que contar, desenterrar, emparejar
Sacar el hueso al aire puro de vivir
Pendiente abrazo, despedida, beso, flor
En el lugar preciso de la cicatriz.

Letra y música: Pedro Guerra. 2004.

Celebración del aniversario de la proclamación de la IIª República en la fosa común del cementerio de Oviedo. 14/04/12.
 

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