En agosto de 2022, más de veinte asociaciones emitieron un comunicado en el que criticaban que tres años y cinco meses después de la aprobación de la ley de recuperación de memoria democrática de Asturias, el Gobierno del Principado no hubiera ejecutado prácticamente ninguna de sus previsiones. Desde entonces, la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, les ha convocado a dos reuniones y la siguiente está fijada para el día 28 de noviembre; además, les propone verse una vez por mes, en un avance hacia una más fluida participación de estas entidades en las decisiones políticas.

Sin embargo, en este cambio de actitud hacia una aparente mayor sensibilidad, se aprecia sobre todo una cercanía de las elecciones, como indican José Manuel Puente Pintos, de la Asociación Republicana Cabo Peñas Cristino García o el portavoz asturiano de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), David Fernández. Opinión en la que abunda Juan Cigarría de la Federación Asturiana Memoria y República(FAMYR) que apunta que esta postura proviene de que el PSOE nunca quiso la aprobación de la mencionada norma, por eso no pone demasiado interés en su implementación. De hecho, Pintos recuerda que la regulación salió en el Parlamento asturiano gracias al empuje de Concha Masa y Rosa Espiño de IU y Podemos, respectivamente. Tampoco ninguna de las entidades consultadas ven lógico que se achaque la falta de actuación del Gobierno a la pandemia y en ese sentido, Fernandez argumenta que “desde ARMH utilizamos recursos propios y hemos exhumado en los dos últimos años 50 víctimas, 38 y 9 halladas en las fosas del Rellán y la Garba en Grao; 2 en Villapedre, Navia y 1 en Piloña y ellos, que disponen de todos los medios, casi no han actuado en cerca de cuatro años, lo que demuestra su escaso interés”.

Por eso se atribuye a desidia de la Administración la falta de desarrollo de la ley a través de un reglamento. Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón y Alejandro Ferrer, presidente de la Asociación por los Servicios Públicos y Contra los Recortes de Avilés y Comarca, destacan que, aunque sigue pendiente ese pilar básico, es un avance que se apruebe, previsiblemente, a principios de 2023 y que sea afín al contenido de la regulación estatal. Porque la ley es buena, según valora Pintos, aunque incluya también “carencias como la falta de responsabilidad jurídica de los asesinatos que se cometieron durante el posfranquismo y un poco más acá o la creación de un consejo técnico que es más institucional y político que memorialista, porque de las 30 entidades, solo unas 8 son asociaciones, así que es disfuncional. Además, es consultivo, no tiene capacidad decisoria, a lo que se añade que la ley nace sin dotación presupuestaria y a expensas de los créditos que cada gobierno pueda consignar”.

No obstante, se prevén partidas económicas para el estudio de fosas, pero Cigarría califica de vergonzoso el procedimiento, porque la Universidad de Oviedo ya tiene un estudio y un mapa de fosas realizados y lleva muchos años trabajando en este campo. Sin embargo, “en lugar de renovar el convenio con la entidad, que ya tiene su trayectoria y personal formado, prefieren subcontratar, porque así el Principado fija las condiciones”. Fernández se pregunta “qué concepto puede tener el Principado sobre los Derechos Humanos cuando subcontrata a Tragsa para este tipo de trabajo; nadie plantearía que en crímenes como el de Marta del Castillo o Diana Quer las buscara una subcontrata de FCC, de Florentino Pérez; pero las víctimas del franquismo son las paganinis, parece que estorban y molestan y que la solución se puede abordar de cualquier manera, cuando en este caso se revictimiza”.

Un capítulo aparte lo integra el reconocimiento de honores a guerrilleros antifranquistas. Pascual menciona que supone un aspecto positivo que la Junta del Principado concediera el título de Hijo Predilecto a los tres luchadores Felipe Matarraz, Cristino García y el comandante Robert. Sin embargo, Cigarría remarca que llevaban desde el año 2010 con cuatro campañas para que se otorgara esa distinción cuando algunos de estos guerrilleros aún seguían vivos y les contestaban que era imposible. Por eso “se consiguió contra el PSOE. Durante la etapa de Javier Fernández se intentó dos veces, pero prefirieron premiar a luchadores por las libertades asturianas como Cosme Adelaida o Sabino Fernández Campos. Fue la intervención directa de Adrián Barbón la que lo permitió, porque el PSOE lo rechazaba y el año pasado conseguimos una reunión con él y en un mes estaba resuelto”.

En conexión con la simbología, parte de los emblemas del Régimen todavía sigue estando presente en lugares públicos. Pintos relata que en febrero de 2022 enviaron un escrito al Ayuntamiento de Carreño para la retirada de placas que aunque pertenezcan a la propiedad privada, ocupan la vía pública, tienen que ver con el Ministerio de la Vivienda del franquismo y llevan el yugo y las flechas. Entienden que la competencia es del municipio, pero este les respondió que se pusieran en contacto con la Dirección General de Memoria Democrática, a la que enviaron los trámites realizados hasta aquella fecha. Les contestaron que debían cubrir una ficha con las características de los elementos a los que se referían, los datos y una argumentación de qué motivaba su retirada. Lo que muestra de nuevo la escasa intención de resolver esta materia.

En cuanto a los aspectos positivos, aluden Pascual y Ferrer a la modificación del currículum educativo y a las conversaciones mantenidas con editoriales para acometer tal actuación, además de la posibilidad de que las entidades memorialistas colaboren en un grupo de trabajo con la Consejería de Educación para definir contenidos. Porque es fundamental que esta parte histórica entre en los planes de estudio de los colegios, ya que el “desconocimiento de los chavales llega a extremos como no saber quién fue Franco, quién se levantó contra el Gobierno legítimo y de ahí pasamos a la normalización que se está dando con la extrema derecha, al negacionismo y al revivir de discursos que se creían olvidados”, según remata Fernández.

Asimismo, quedan pendientes el diseño de rutas y sitios de memoria. Cigarría remarca que no existen oficialmente más que el Cementerio de los Caxigales, en Laviana, cuando hay cientos que se podían habilitar. También sería necesaria una intervención para facilitar el acceso digital a los archivos, como recuerda Fernández, lo que permitiría un gran avance en la investigación y recuperación de historias que siguen sepultadas. Todas estas acciones serían necesarias para cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas para las víctimas de conflictos que obligan a la aplicación de los principios de verdad, justicia y reparación. Entretanto, las entidades memorialistas siguen, según expresa Cigarría, en la lucha para que se cumplan las previsiones de la ley de memoria democrática que el pueblo asturiano aprobó por mayoría en el Parlamento.