Remediando el olvido historiográfico de la Primera República

A casi ciento cincuenta años de la proclamación de la Primera República española, resulta chocante la falta de trabajos recientes que analicen este período fundamental de la historia contemporánea de nuestro país. Sirva como comparación el hecho de que, en enero de 1989, las librerías francesas contaban en sus catálogos con más de un millar de títulos listos para la celebración del bicentenario de la Revolución, a los que habría que añadir los varios centenares publicados en otros idiomas[1]. Salvando las distancias y las numerosas diferencias entre ambos acontecimientos, parece innegable que nos encontramos ante una suerte de olvido historiográfico que, próximo a una fecha tan significativa, todavía no ha sido remediado.

Este déficit ha provocado que, de lo sucedido entre 1873 y 1874, haya quedado en el imaginario popular el recuerdo de una serie de tópicos que vendrían a demostrar la inestabilidad del período: la existencia de cuatro presidentes —dos de ellos catalanes; los únicos, junto con Juan Prim, que ha habido en la historia de España— y cinco Gobiernos en poco menos de doce meses; el presunto separatismo del movimiento cantonalista; la carencia de base social de la propia República, la cual habría sido una quimera lanzada por algunos intelectuales, pues en España no había republicanos; y la supuesta entrada del general Pavía en el Congreso a lomos de su caballo, metáfora de todo tipo de golpe de Estado. Dados estos mitos, no es sorprendente que, en un artículo de 1903, el escritor bohemio Alejandro Sawa fuese tan crítico con la conmemoración que los republicanos realizaban los 11 de febrero:

Yo no sé por qué los republicanos se obstinan en conmemorar todos los años esa fecha triste. El breve período de tiempo comprendido entre el 11 de febrero de 1873 y el 3 de enero de 1874 es el más poderoso argumento que los monarquistas pueden esgrimir contra la República y los republicanos. ¡Ah, si ese régimen no hubiera jamás descendido de su excelsitud de utopía, aún podría, sin virtuales menoscabos, tener sacerdotes que lo exaltaran, que lo cantaran, que lo evangelizaran por los cuatro puntos cardinales de esta tierra! Pero, encarnada en medrosos como Figueras, en andróginos como Castelar, en caquéxicos como Salmerón, en sistemas [sic] como Pi y Margall, ¡Dios mío, qué antipática pesadilla![2]

El último libro publicado de Alejandro Nieto ha pretendido suplir este vacío de monografías específicas recientes sobre la Primera República. Aunque no logra desprenderse de muchos de los tópicos mencionados más arriba —los cuales comentaremos posteriormente—, el autor hace explícita «la necesidad de tomarse más en serio aquellos acontecimientos» (p. ix), lo cual le permite realizar una panorámica general de los primeros compases del período, prestando especial atención a la primera fase legislativa republicana: la Asamblea Nacional, cámara formada por la reunión conjunta del Congreso y el Senado tras la renuncia de Amadeo I[3]. Esta fusión de las antiguas Cortes monárquicas tuvo una importancia fundamental en tanto que fue la que proclamó la República y la que, asumiendo toda la soberanía de la nación —Nieto llega a referirse a ella como una «auténtica convención» (p. 100)—, ejerció un fuerte control sobre los miembros del poder ejecutivo en un caso claro de solución institucional fiduciaria, hasta el punto de entorpecer la propia acción gubernamental y generar numerosas tensiones entre un legislativo de mayoría radical y un ejecutivo de mayoría republicana federal.

Además, el ensayo reúne una segunda virtud que, a nuestro parecer, aún es más importante, ya que presenta una minuciosa crónica parlamentaria de los sucesos clave acaecidos durante la etapa de la Asamblea Nacional y su correlato inmediato, la Comisión Permanente previa a la convocatoria de Cortes Constituyentes. Para todos aquellos interesados en los acontecimientos históricopolíticos de la España contemporánea, la lectura pausada del Diario de Sesiones requiere dedicación y tiempo, sobre todo en una época, la segunda mitad del siglo xix, en la que los discursos parlamentarios floridos —e insinceros, según una de las tesis más polémicas defendidas por Nieto— eran una constante. Así, el trabajo realizado por el catedrático de Derecho Administrativo ofrece una síntesis de las leyes propuestas y aprobadas, los debates en el seno de la cámara y las diferencias partidistas que servirá al historiador actual para orientarse en las vicisitudes del magma demo-republicano del momento. De hecho, es obvia su semejanza con —e influencia manifiesta de— algunos capítulos de la otra crónica con la que se contaba del mismo período: la Historia político-parlamentaria de la República de 1873, de Juan Ferrando Badía[4].

Sin embargo, la narración de Nieto adolece de ciertas inexactitudes que han sido desmentidas por los últimos estudiosos de la cuestión, bien sea sobre la relación entre clase obrera y republicanismo, bien sea sobre el ámbito de las culturas políticas republicanas durante el ochocientos español. Concretamente, a nuestro juicio el autor incurre en tres grandes malentendidos, a saber: a) la caracterización pequeño-burguesa de la Primera República, fruto de una determinada «coyuntura interpretativa» predominante durante la década de los sesenta y setenta del siglo pasado; b) la falta de difusión de las ideas republicanas entre la población, algo que habría supuesto la mitificación de «La Federal» y su consecuencia necesaria, es decir, el previsible fracaso de la República; y, por último y relacionado con lo anterior, c) el escaso atrevimiento político que los prohombres republicanos —en especial, Francisco Pi y Margall— habrían demostrado al tratar de implementar su programa, tanto por lo que respecta a su idea de federación como por lo que respecta a la ampliamente denominada cuestión social. Lo que sigue es un intento de problematizar estos tópicos con el fin de empezar a ermediar el olvido de lo que ocurrió en 1873-1874.

Primer malentendido. Por «coyuntura interpretativa» debe entenderse la unicidad de puntos de vista existente en multitud de trabajos provenientes de diferentes disciplinas (tales como la teoría política, el derecho público o la historia social e intelectual) al analizar un fenómeno determinado[5]. Esta suerte de «sentido común» dominante fue lo que se produjo en la historiografía española de los años sesenta y setenta, cuando varios académicos —con motivo del centenario del Sexenio Revolucionario— trataron de sintetizar el auge y caída del federalismo decimonónico tomando como referencia la figura de Pi y Margall. Para la mayor parte de estos autores (los Jutglar, Trías, Trujillo, etc.), el republicanismo federal y, sobre todo, la ideología pimargalliana no pasaban de ser exponentes parciales de un movimiento democrático de raíz pequeñoburguesa.

Es decir, una teoría y una praxis encuadrables dentro de la tan manida categoría del «socialismo utópico», reformistas, que lo máximo que pretendían era que las clases jornaleras entrasen en la arena política de un Estado liberal-burgués democratizado.

Nieto reproduce en los mismos términos dicha interpretación al afirmar que la República, pese a que tuvo preocupaciones sociales, «nunca pasó de ser un movimiento pequeñoburgués, tal como se percató de inmediato La Internacional cuando aconsejó a sus afiliados que no se implicaran en esta empresa porque era ajena a las clases trabajadoras» (p. 59). No resulta extraño que el autor emita un juicio así si la referencia bibliográfica más tardía que maneja para describir la etapa republicana no fue publicada más allá de 1977. Ahora bien, una reinterpretación de las fuentes históricas utilizadas —con su consiguiente contextualización social e intelectual y desechando categorías que imposibilitan su correcta comprensión— puede dar cuenta de la importancia de las propuestas sociopolíticas del programa republicano federal.

Segundo malentendido. Uno de los argumentos más recurrentes del ensayo de Nieto es la premisa según la cual la teoría federal, en 1873, distaba mucho de estar madura. Para el autor, no se trataba más que de formulaciones dispersas que emanaban de los órganos del partido y de algunos discursos pronunciados en el Congreso o en mítines; además, estas publicaciones no pasaban de ser meros «instrumentos de propaganda y divulgación» (p. 61), mientras que la verdadera teorización doctrinal solo sería realizada una vez superada la experiencia republicana —simbólicamente, en Las nacionalidades (1877) de Pi—. Por eso, dada la falta de producción literaria, las masas populares habrían mitificado el significado de la República, cuya llegada supondría «libertad, reparto de tierras, ocupaciones de fábricas y conventos [y] subidas de salarios» (p. 62). Al no obtener esto último, los obreros habrían abandonado «La Federal» a su suerte o, en su defecto, se habrían sumado al apoliticismo propugnado por la sección española de la Internacional.

No obstante, esta interpretación —que afirma que el movimiento republicano habría tratado de engañar a la clase obrera con tal de incorporarla a un reformado Estado liberal— ya ha sido abandonada por la historiografía más reciente. De hecho, tanto estudios locales como análisis más generales del siglo xix han evidenciado que las relaciones entre republicanismo y sectores populares eran mucho más complejas y que, de hecho, fueron una constante antes, durante y después del Sexenio[6].

Incluso se ha llegado a hablar de que, a lo largo de todo el período y, en especial, en julio de 1873, se produjo una suerte de «República Obrera»: un movimiento heterogéneo que permitió que importantes contingentes de obreros asumiesen una doble militancia por la cual, políticamente, se integrasen en el Partido Republicano Federal y, económicamente, también participasen en asociaciones obreras ligadas a la Internacional. Las aspiraciones de esta República Obrera no eran solo el reparto de tierras o la conversión de proletarios en propietarios, «sino que constituía un sistema de organización global de la vida social española, sistema este alternativo al liberal-individualista y al tradicionalista y fundamentado en nuevas nociones de la dignidad humana, de la justicia social y de la ciudadanía: la satisfacción a todo español, por el mero hecho de ser humano, de sus facultades innatas físicas, morales e intelectuales»[7].

Tercer malentendido. Relacionado con el tópico interpretativo anterior, los pocos conatos de resistencia popular que hubo tras el golpe de Estado de Pavía pondrían de manifiesto que el nuevo régimen no habría sabido colmar las expectativas de aquellos sectores más interesados en su supervivencia; más aún, bajo las presidencias de Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, habría sido la propia República la que reprimió violentamente la revolución federal desde abajo que representaba el cantonalismo. En otras palabras, la apatía que los obreros barceloneses y los campesinos andaluces demostraron el 3 de enero de 1874 habría sido la consecuencia necesaria «de una república federal que no se atrevió a ser»[8]. Nieto incide en este punto sucesivas veces al explicar la decepción que sintieron los proletarios urbanos y las masas campesinas «cuando se percataron de que esto [el viejo sueño utópico del reparto de tierras y el acceso a los medios de producción] no era posible porque el Gobierno […] se manifestaba de manera terminante en favor del orden como elemento imprescindible de la República» (p.104). En este sentido, la «víctima más patética» (p. 90) de todo el proceso habría sido Pi y Margall, quien no pudo aplicar el programa federal que venía repitiendo toda su vida —la federación realizada «de abajo arriba»— y que se veía obligado a sustentar su (corto) gobierno en una mayoría republicana de derechas que ya se estaba decantando por el unitarismo y que no tenía contemplaciones a la hora de enfrentar a los cantonalistas.

Aunque este no es el sitio donde realizar un repaso pormenorizado de todos los cambios institucionales propuestos por el constituyente republicano, cabe apuntar dos cuestiones. En primer lugar, que los dos proyectos de Constitución presentados en Cortes —tanto el oficial redactado por Castelar como el voto particular de la minoría— recogían gran parte del ideario federal difundido por Pi y otros miembros del partido; si se hubiese discutido y aprobado una Constitución, España habría sido una República federal con una distribución territorial del poder radicalmente contraria a la del Estado liberal-centralista entonces existente. En segundo lugar, que la cuestión social no fue dejada de lado en ningún momento. Entre las leyes aprobadas o propuestas en el verano de 1873 destacaron: la denominada ley Benot, la cual regulaba el trabajo infantil, establecía cierta escolarización primaria obligatoria y está considerada como el primer caso de legislación laboral en España; la de creación de jurados mixtos, esto es, una especie de convenios colectivos que debían resolver los conflictos entre obreros y empresarios; la que fijaba la jornada laboral máxima de nueve horas; la de repartir a censo tierras de «propios y comunes» entre los jornaleros sin propiedad alguna, propuesta presentada y defendida por José María Orense, el viejo patriarca del republicanismo; y la de redención de foros y otras rentas de igual naturaleza, que se enmarcaba en el intento de edificar una reforma agraria. En definitiva, una República que, de haber podido ser, hubiera sido claramente federal y socializante.

Con todo, el último libro de Alejandro Nieto tiene el valor de abrir la veda para reinterpretar este período fundamental de la historia de España. Del mismo modo que en la década de los sesenta y setenta, ante el horizonte de una posible apertura constituyente, se recuperó la doctrina federal decimonónica, ahora toca a una nueva generación volver al archivo y, a casi ciento cincuenta años de su proclamación, empezar a remediar el olvido historiográfico de la Primera República.

[1] Eric J. Hobsbawm, Los ecos de la Marsellesa, Crítica, Barcelona, 2018, p. 9.

[2] Alejandro Sawa, Iluminaciones en la sombra, Iris M. Zavala (edit.), Alhambra, Madrid, 1977, p.138.

[3] El autor deja el análisis de las Cortes Constituyentes, esto es, la segunda fase legislativa de la República, para otro volumen de —esperamos— próxima publicación.

[4] Juan Ferrando Badía, Historia político-parlamentaria de la República de 1873, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1973.

[5] Suzanne Desan, The Family on Trial in Revolutionary France, University of California Press, Berkeley, 2004, p. 10.

[6] Román Miguel González, La pasión revolucionaria: culturas políticas republicanas y movilización popular en la España del siglo XIX, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007; Florencia Peyrou, El republicanismo popular en España, 1840-1843, Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones, Cádiz, 2002; Ramir Reig, Obrers i ciutadans: blasquisme i moviment obrer: València, 1898-1906, Institució Alfons el Magnànim, València, 1982.

[7] Román Miguel González, La pasión revolucionaria, op. cit., p. 469.

[8] Josep Fontana, Historia de España, 6: La época del liberalismo, Josep Fontana y Ramón Villares (dirs.), Crítica/Marcial Pons, Bar celona, 2007, p. 401.

*Jaume Montés es miembro de Debats pel Demà y doctorando en Sociología por la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral pretende indagar en una historia de los conceptos del federalismo español del siglo XIX, prestando especial atención a la figura de Francisco Pi y Margall.

Fuente: Historia Constitucional, 23, págs. 637-642

Portada: Litografía de Tomás Padró en La Flaca, elaborada como conmemoración de la proclamación de la República en España, publicada el 28 de marzo de 1873. La caricatura muestra el apoyo a la República española por parte de las repúblicas —Suiza, Estados Unidos y Francia— y el rechazo de las monarquías y los imperios.