Aprobada definitivamente la Ley de Memoria Democrática, que abre la puerta al reconocimiento a las víctimas del caso Almería

El Senado aprobaba este miércoles la Ley de Memoria Democrática, que entre otras medidas abre la posibilidad al reconocimiento a las víctimas del caso Almería o a la creación de los lugares de memoria (en los que en Cantabria podrían encajar las Caballerizas de La Magdalena, que fueron campo de concentración, entre decenas de sitios en la comunidad),

La Ley, con medidas de reparación, localización de víctimas o educación, extiende el período al que se refiere hasta 1978, alo de aprobación de la Constitución y una disposición adicional permite, previo paso por comisión de expertos, extender el reconocimiento a quienes fueron víctimas de abusos o lucharon por la democracia hasta el año 83.

Es una forma de entender de algún modo que toda la etapa anterior no se cerró de golpe, como se puso de manifiesto en la actitud de la Guardia Civil en el propio caso Almería, ya en los años 80: tres jóvenes que aparecieron calcinados, confundidos con terroristas y en un proceso en el que se impuso la opacidad y encubrimiento por parte de los mandos.

El PRC ha votado en contra de la Ley, al igual que PP, Ciudadanos o Vox, algo a lo que se ha referido el vicepresidente cántabro y secretario general socialista, Pablo Zuloaga. Y eso pese que en su día se sumó a la Declaración Institucional aprobada en el Parlamento que pedía al Estado medidas de reparación a estas víctimas. Después de esa declaración y antes de esta legislación estatal, se aprobó una Ley autonómica de Memoria, que detenía el reloj en 1978, quedando por tanto el reconocimiento a las víctimas del caso Almería ya sólo sujeto a legislación estatal. 

El Caso Almería

El 10 de mayo de 1981, tres jóvenes trabajadores de Cantabria aparecieron calcinados en una carretera de Gérgal (Almería). Habían sido detenidos dos días antes por la Guardia Civil y supuestamente confundidos con unos etarras que unos días antes habían atentado contra un teniente general, jefe de la Casa del Rey, en Madrid. Pocos días después, el gobierno reconoció que se había tratado de un trágico error.

Los tres jóvenes salieron en coche de Cantabria y se quedaron a dormir en Madrid, el mismo día en que el general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, sufrió un atentado en la capital. Al día siguiente, las víctimas retomaron el viaje, pero su coche se averió y alquilaron otro vehículo en una localidad de Ciudad Real.

Una de las personas con las que coincidieron ese día mientras buscaban una solución para poder llegar hasta Almería creyó reconocerles como los tres terroristas que aparecían como presuntos autores del atentado en una imagen publicada por los medios de comunicación y se lo comunicó a la Guardia Civil, que les detuvo el día 9 en Roquetas de Mar.

El 10 de mayo aparecieron en el coche alquilado los cuerpos de los tres jóvenes «calcinados, desmembrados y con múltiples balazos». La versión oficial fue que murieron en un tiroteo tras un intento de fuga aunque las familias nunca lo creyeron.

En 1984, la familia de Mañas recibió una carta anónima y redactada a máquina por un supuesto guardia civil en la que se detallaba la implicación de 11 agentes de la Benemérita en el secuestro y asesinato de los jóvenes, entre ellos el teniente coronel Castillo Quero.

Únicamente este alto mando de la Guardia Civil, que fue el jefe del operativo en el marco del cual se detuvo a los tres jóvenes, y otros dos agentes fueron procesados y condenados por el ‘caso Almería’.

Incluso, la Guardia Civil trató de falsear hechos y eliminar indicios, la investigación y el juicio estuvieron llenos de irregularidades y amenazas, sólo tres de los once participantes cumplieron condena (mínima y luego rebajada con indultos) .

Gracias al dolor de los familiares, a la tenaz actividad de su abogado (que soportó múltiples amenazas e incluso intentos de hacer explotar su coche) y al apoyo de algunos periodistas, se pudo poner en duda la versión oficial y procesar a tres de los once guardias civiles implicados en el secuestro y asesinato de las víctimas.

Finalmente sólo esos tres procesados fueron condenados por 3 homicidios (no asesinatos): El Jefe del Operativo, Teniente Coronel Castillo Quero, a 24 años de prisión y dos de sus subordinados a 15 y 9 años de prisión, aplicando el Tribunal la circunstancia atenuante de cumplimiento del deber, como eximente incompleta, en el primer condenado, y con la circunstancia atenuante de obediencia debida, como eximente incompleta en los otros dos.

Además, cumplieron tan sólo una parte de las condenas: Castillo Quero logró el tercer grado en 1988 y salió en libertad condicional en 1992, con lo que estuvo 11 años en prisión, dos de ellos en régimen abierto. Murió libre, de muerte natural, en 1994. Gómez Torres estuvo en la cárcel 7 años y Fernández Llamas no llegó a 5 años. El cumplimiento de las penas fue en unas condiciones privilegiadas, hasta que la prensa lo destapó, recluidos en establecimientos militares.

Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas fueron los tres jóvenes asesinados, en un caso que tuvo seguimiento en medios de comunicación y sobre el que existe una película. 

Reconocimiento en Cantabria

En 2018, el Parlamento de Cantabria homenajeaba a las víctimas y aprobaba de forma unánime una declaración institucional, en la que instaba al Gobierno central a reconocerles como víctimas, en un acto promovido por el colectivo Desmemoriados. Se sumaba a una petición en la misma línea aprobada en el Ayuntamiento de Santander, a instancias de Miguel Saro, portavoz de IU.

Concretamente, la declaración consensuada en 2018 por todos los grupos del Parlamento de Cantabria instaba a “iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos para que todas las víctimas de terrorismo o violencia política, incluyendo las víctimas de la violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección que corresponde a su condición de víctimas”.

Sin embargo, ese reconocimiento no llegó a la Ley de Memoria Histórica autonómica, que detuvo el reloj en el 78 en lugar de, como llegó a plantearse, en el 82, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía. Colectivos como Desmemoriados o Cantabria No Se Vende alertaron sobre esta carencia, y el coordinador de IU en Cantabria, Ruiz Salmón, se reunió con los familiares de las víctimas en el marco de la última fiesta del PC.

Lo que sí se habilitó fue una escultura conmemorativa, obra del artista campurriano Nacho Zubelzu, que se encuentra en la zona de las Estaciones en Santander, en los jardines ubicados frente a la entrada de la estación de trenes de ADIF en Santander, próximo a la boca sur del Pasaje de Peña, donde se descubrirá un monumento que ha contado con la financiación del Gobierno regional, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica.

Y se trata de una escultura en acero corten compuesta de tres siluetas de espacios vaciados, identificándose con las tres vidas que se fueron. Mediante el acero, las siluetas atestiguan la permanencia en la memoria de quienes las observan, para hacer reflexionar sobre la sinrazón, el odio y la injusticia

La corporación municipal de Pechina, localidad en la que nació Juan Mañas, ha dedicado un parque a esta memoria, y que en el barranco de Gérgal, donde apareció el automóvil con los cadáveres calcinados en la madrugada del 10 de mayo de 1981, hay instalado un monolito conmemorativo.