La propuesta llegó a la Comisión de Justicia hace ahora dos años y el plazo de enmiendas se ha prorrogado más de 70 veces. Los afectados se concentrarán frente al Congreso en octubre para urgir la aprobación de la norma antes de que acabe la legislatura.
La proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español, cuya elaboración ha sido respaldada en hasta dos ocasiones por una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, llegó a la Comisión de Justicia de la cámara el 17 de septiembre de 2020, hace prácticamente dos años. La plataforma impulsora de la iniciativa, que busca la reparación de las víctimas y un impulso de las investigaciones, teme que la falta de voluntad política impida que vea la luz antes de que concluya la legislatura, y que todo el trabajo adelantado sobre este asunto quede en nada.
Así lo señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Soledad Luque, portavoz de CeAqua en el área de 'bebés robados' y presidenta de la asociación Todos los Niños Robados son también mis Niños. Por ello, han comenzado a movilizarse y en los próximos días volverán a dirigirse por escrito a los ministerios implicados --Justicia, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y también el de Presidencia-- y han convocado una gran movilización para el próximo 23 de octubre frente al Congreso que espera reunir a afectados por este fenómeno en toda España.
Hasta donde se ha podido acreditar, las prácticas que dieron origen a los bebés robados en nuestro país se iniciaron tras la guerra civil, continuaron durante todo el franquismo y siguieron cometiéndose más allá de la transición, hasta la década de los noventa del pasado siglo.
PLAZO DE ENMIENDAS PRORROGADO MÁS DE 70 VECES
Frente a este fenómeno, la asociación elaboró una propuesta de ley que en junio de 2020 firmaron todos los grupos parlamentarios a excepción de PP y Vox en junio de 2020, aunque los populares mostraron su apoyo a la iniciativa. Desde entonces, lo único saben, y que cualquier ciudadano puede consultar en la web del Congreso, es que la proposición de ley entró en la Comisión de Justicia de la cámara baja el 17 de septiembre desde año y que los plazos de enmiendas para que los grupos parlamentarios hagan sus aportaciones se han prorrogado más de 70 veces. El último concluye el próximo miércoles, día 14.
Luque señala que en las últimas semanas están viendo como otras reformas pendientes sí se están llevando al Pleno de la cámara para su aprobación, pero este no es el caso de la de bebés robados. Son conscientes de que las oportunidades que el texto tiene para salir adelante antes de que concluya la legislatura -y más teniendo en cuenta un eventual cambio en el Ejecutivo- son dos: "es ahora o en febrero". La segunda fecha, son conscientes, dejaría muy al límite de tiempo la tramitación parlamentaria necesaria.
"EL MOMENTO ES AHORA"
Por ello, y en las próximas semanas, las asociaciones se dirigirán de nuevo a los grupos parlamentarios. El riesgo, según apuntan, es que una victoria del PP paralice el proyecto, porque aunque la formación presidida ahora por Alberto Núñez Feijóo votó a favor en las dos tomas de consideración que ha protagonizado este proyecto en el Congreso, son conscientes de que los populares deberán contar con lo que diga Vox, "y son negacionistas".
Según Luque: "Es una cuestión de voluntad política, el momento es ahora", pero se teme que este asunto no sea ahora una prioridad del Gobierno, pese al empuje que se está dando a los asuntos de memoria histórica, como considera que es el de los bebés robados. "Pero incluso gente que respeta la memoria son negacionistas nuestros", lamenta. De hecho, la Ley de Memoria Democrática ya ha iniciado su tramitación parlamentaria y se encuentra en el Senado.
El texto propuesto por estas asociaciones no es nuevo, pues los grupos políticos lo conocieron formalmente en septiembre de 2018 cuando quedó registrado en el Congreso. Un mes más tarde, el 20 de noviembre, se aprobó de forma unánime su toma en consideración. El problema es que la legislatura decayó sin que la propuesta avanzara y, tras dos elecciones legislativas y la constitución del Gobierno de coalición PSOE-Podemos, el texto tuvo que volver a ser registrado y volver a valorarse.
FISCALÍA ESPECIAL Y ACCESO A DOCUMENTACIÓN
La norma pretende la creación de una unidad policial y una fiscalía especializada para investigar la trama de bebés rogados, además de facilitar a las víctimas acceder a la documentación que les pueda ser de interés, ya sea de la Administración o de archivos privados. También recoge la creación de una base de datos estatal de afectados y de un banco único de ADN gratuito con "toda la información relevante" en relación estos casos.
En cuanto a las medidas de reparación, los reconocidos como víctimas de esta trama buscan que la ley les reconozca derecho a asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita, así como a conocer su verdadera identidad y a ejercer acciones de reparación de daños y perjuicios contra las personas o instituciones responsables de su privación de derechos. El texto tomado en consideración también incluye la posibilidad de conceder indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes se les reconozca la condición de víctimas.
Otro frente son las investigaciones judiciales, un asunto que según esta asociación tuvo un "boom tremendo" entre 2011 y 2019 y que en la actualidad también parece haberse quedado en pausa. Desde la Fiscalía General del Estado, sin embargo, se señala que en el último año ha habido un incremento exponencial de las actuaciones sobre este asunto al abrirse un total de 47 diligencias de investigación, superando con creces los 7 y 3 asuntos que se registraron durante 2019 y 2020, respectivamente.
Fuente → epe.es
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