Podríamos celebrar que después de 44 años de democracia el gobierno se decida a derogar la Ley franquista de Secretos Oficiales de 1968, con la que el dictador y su régimen se garantizaban la ignorancia de la población y la impunidad de sus fechorías. Pero la alegría se desvanece pronto, incluso antes de ojear el texto del anteproyecto. Que salga en agosto, con sólo 7 días hábiles para hacer alegaciones y por la vía de urgencia, induce a la sospecha. Que todavía tengamos que seguir esperando bastantes años para conocer no sólo lo que pasó en el franquismo sino también los entresijos de la transición, la vergonzosa entrega del Sáhara a Marruecos, piezas clave del 23F, bebés robados o las andanzas de nuestro rey emérito, por citar sólo algunos casos relevantes, resulta intolerable. La insistencia en su ocultamiento nos priva del derecho a la información, a conocer la verdad de lo sucedido, a exigir responsabilidades y a poder poner los medios para la no repetición de los errores, la estafa democrática o los delitos. No podemos menos que preguntarnos qué tendrán que ocultar para que dilaten tanto una necesaria transparencia.
Los secretos oficiales suponen una zona oscura para la democracia, un agujero negro por donde circulan las cloacas del Estado, las violaciones de la ley y hasta los crímenes. Los llamados fondos reservados no son otra cosa que el dinero en negro que el sistema se reserva para no dejar rastro de las ilegalidades que comete. Donde hay secretos, zonas oscuras, fondos opacos, no hay transparencia y sin transparencia, la democracia se resiente. Los secretos oficiales suponen para el ciudadano un acto de fe en la bondad de sus dirigentes que la historia nos desmiente una y otra vez. Es considerarnos menores de edad para saber qué pasa en asuntos que nos atañen y que no ponen en peligro nuestra seguridad ni la del estado pero que dejarían al descubierto la desvergüenza de algunos de sus dirigentes. No olvidemos las masivas escuchas con el sistema Pegasus, las revelaciones de Villarejo que nos inundan con la delincuencia desde el poder, incluso creando pruebas falsas, o la utilización de policía y fondos reservados para evitar que Bárcenas, el tesorero del PP, deje pruebas de la delincuencia del partido, por no remontarnos a hechos más sangrantes como los GAL, el 11-S o las razones para participar en las guerras de Irak, Afganistán o Libia, que nos dejaron un mundo más inhabitable. Es comprensible que los guardianes y beneficiarios del sistema se negaran rotundamente a que los advenedizos a la política de Podemos tuvieran acceso a los “secretos” del CNI.
Cierto que la competencia pasa de manos militares al Consejo de Ministros y que los secretos tienen fecha de caducidad; pero tan larga, 50 años con posibilidad de prórroga de otros 15 años, que nos vuelve a inducir a pensar mal. Con el actual anteproyecto podrían estar clasificadas desde graves violaciones de Derechos Humanos a simples intereses económicos o industriales, pudiendo llegar la protección a “cualquier otro ámbito cuya salvaguarda requiera de la más alta protección”, es decir, todo lo que interese ocultar. Con la nueva ley seguiríamos sin conocer las claúsulas opacas de la venta de armas a la dictadura amiga de Arabia Saudí y que sirven para alimentar la guerra, para provocar la muerte y el hambre en la población civil de Yemen.
No es menos grave el régimen sancionador que es, en sí mismo, una advertencia para cualquier alertador o denunciante. Para las infracciones muy graves, la sanción va de 1.000.001 a 3.000.000 € más otras sanciones, como no poder contratar con el sector público o el despido disciplinario. La ley pone en peligro derechos y libertades de periodistas, jueces y ciudadanos, como denuncian las numerosas alegaciones que se han presentado, pese a las dificultades del verano y el brevísimo plazo, del 3 al 12 de agosto.
Llegados a este punto no podemos olvidarnos de Julian Assange, pendiente de extradicción a EEUU, acusado de poner en peligro la seguridad, de violar la Ley de Espionaje americana de 1917 , una acusación burda y carente de toda credibilidad para la mayor potencia militar del mundo. Lo que sí quedaron acreditados fueron los crímenes de guerra del ejército americano en Afganistán e Irak. Su denuncia le ha supuesto un periplo judicial sin garantías, el encarcelamiento, la persecución y el ensañamiento por parte de los estados amigos, incluido el español, paladines todos ellos de la libertad y los derechos humanos. Su persecución hasta hacerle rayar en la locura no es nueva ni desgraciadamente es el único que lo ha sufrido por desvelar “secretos” (crímenes) militares del ejército americano. Recordemos a Daniel Ellsberg, Chelsea Manning, Edward Snowden y tantos otros que sufrieron la represión, especialmente encarnizada cuando se denuncian delitos militares. Es una clara advertencia para cualquiera que pudiera caer en la tentación de sacar los trapos sucios de nuestras democracias formales, en el ejercicio de sus responsabilidades como periodista o como simple ciudadano. Desgraciadamente la prensa mayoritaria ha olvidado a Julian, haciendo dejación de su deber de defender, difundir la verdad y no someterse a las presiones del poder.
En muchos aspectos, el anteproyecto de Ley de Información Clasificada se asemeja a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Tanto la Ley de Secretos Oficiales como la Ley de Seguridad Ciudadana se presentan con el maquillaje de defender nuestra seguridad, cuando lo que defienden es su seguridad, su impunidad. La primera, porque da margen para que hayan prescrito los delitos de nuestros políticos, militares, oligarcas o jueces; la segunda porque da presunción de inocencia y veracidad a cualquier actuación policial. Ambas suponen una clara obstrucción al ejercicio de derechos y libertades. Si con la segunda se pretendía tener los medios para impedir que surgiera un nuevo 15M, con la primera se garantizan que seguirán teniendo los medios legales e ilegales para extorsionar, espiar, perseguir o atentar contra todo aquello que ponga en riesgo el disfrute del poder y sus privilegios. En ambas se establece un régimen sancionador disuasorio, capaz de arruinar la vida de las personas más comprometidas. Si la ley mordaza protege sobre todo a la policía, la de secretos protege a políticos, militares y servicios de inteligencia, espacios opacos de alta concentración de violaciones estructurales de derechos.
La ley no contempla la existencia de una comisión independiente que evalúe la necesidad del secreto, ni nos garantiza que los documentos objeto de ocultamiento puedan salir algún día a la luz, pues se van a poder seguir destruyendo como ha venido pasando hasta ahora. La existencia de una comisión en el Congreso donde pueden ser vistos por un grupo selecto, obligado a guardar secreto no es sino otra demostración del sistema protegiéndose a sí mismo, aparentando transparencia donde sigue la opacidad. Por todo ello no debería seguir adelante una ley que, a pesar de las dificultades, ha tenido numerosas alegaciones dejando descontentos a historiadores, archiveros, asociaciones por los derechos humanos, asociaciones por la memoria democrática…¡Deroguen la ley franquista y esmérense en construir un Estado decente!
Esta vocación por la opacidad y el secreto no está sólo en el ejército y las altas esferas del Estado, lo vemos también en la iglesia, la administración o la empresa, donde cada vez mas se exige firmar contratos con “claúsulas de confidencialidad” que, con la excusa de proteger a la empresa, al cliente o al paciente, lo que hacen es asegurarse de que no saldrán a la luz negligencias, trato degradante, deficiencias en el servicio o desvío de fondos. Frente a todos estos abusos de poder es necesario organizarnos para poder dar respuestas colectivas a personas concretas que se niegan a seguir amparando la impunidad, sabiendo que hay situaciones en la vida donde la única conducta responsable es la desobediencia. No tengamos miedo ni minusvaloremos su poder, pero debemos esforzarnos en que ningún alertador o denunciante quede sin amparo, sin nuestro apoyo y protección. La sociedad civil debe organizarse para defenderse de las imposiciones, la opacidad y la delincuencia de los poderes pues, como afirma Aníbal Malvar, “Cuando se desclasifican secretos de Estado, uno se da cuenta de que no eran secretos, sino solo crímenes”.
Fuente → alternativasnoviolentas.org
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