Hace tan sólo unos días el Parlamento de Cataluña aprobó instar al gobierno a personarse como acusación en la causa abierta a la administración de justicia argentina por las víctimas de la Dictadura ya incorporar a Gustau Muñoz, joven militante de dieciséis años del PCE (i) asesinado por los disparos de la policía en la calle Ferran de Barcelona el 11 de septiembre de 1978. En paralelo, también se reclamó al gobierno español que investigue la responsabilidad del ex ministro Martín Villa en la comisión de crímenes durante los años en los que ocupó cargos de responsabilidad. Esta toma de posición de la cámara catalana coincidió con la aprobación en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados de la Ley de Memoria Democrática que sustituye a la llamada popularmente como Ley de la Memoria Histórica del año 2007 promovida por el gobierno de Rodríguez Zapatero .
En ese primer texto legislativo, al que el republicanismo catalán votó negativamente, el reconocimiento de las víctimas de la dictadura estaba condicionado por dos fechas. La primera 1968. En función de que la víctima hubiera fallecido antes o después de esa fecha recibía una reparación económica distinta, lo que era absurdo y arbitrario. E injusto. ¿Por qué los familiares de Julián Grimau, ejecutado en 1963 en Madrid eran menos víctimas del Franquismo y menos luchador por las libertades que los abogados asesinados en 1975 en Madrid a manos de la ultraderecha? Cabe decir que la explicación estaba, sin embargo, cargada de intencionalidad política en la medida en que la fecha de 1968 se correspondía con la primera víctima mortal de ETA. Es decir, existía interés en dar menor importancia a las víctimas de los primer Franquismo, etapa coincidente con el momento en que la dictadura había sido excluida del concierto internacional democrático y al mismo tiempo hacer coincidir el reconocimiento de las víctimas del último Franquismo con las del terrorismo. Con todo el artículo 10 de la ley de 2007 daba pie a que víctimas como Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974 a raíz de un juicio llevado a cabo sin ninguna garantía procesal y utilizando pruebas falsas, pudieran acogerse a ellas. a través de sus familiares. Es por ello, después de un año de vigencia de la ley, en 2008, el gobierno de Rodríguez Zapatero tuvo cuidado de aprobar un Real Decreto que reducía el alcance del mismo artículo y dejaba fuera a las personas que habían pertenecido a una organización armada. Por la puerta trasera recortaron la ley aprobada por el Congreso de los Diputados. En los años en que las generaciones jóvenes de catalanes descubrían la crueldad de la dictadura a través de la película de Manuel Huerga Salvador, el gobierno socialista se atrevía a excluirle del reconocimiento y la reparación. Perversidad que iba acompañada del vergonzante relato emitido por el Tribunal Supremo en respuesta a la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Barcelona cuando éstos presentaron un recurso contra el reconocimiento y las reparaciones concedidas a Melitón Manzanas, funcionario que a lo largo de muchos años practicó todo tipo de torturas que había aprendido de la Gestapo. En la resolución del Tribunal Supremo, los magistrados argumentaron que no tenía por qué presuponerse que, si el policía Manzanas no hubiera sido muerto por ETA, una vez advenidas las libertades no se hubiera comportado como funcionario respetuoso con los derechos democráticos. Es evidente que esta lógica no fue aplicada a Salvador Puig Antich a quien no se tiene por qué presuponer que hubiera continuado perteneciendo a la organización MIL una vez alcanzadas las libertades democráticas. En cualquier caso, con la nueva Ley de Memoria Democrática, lo que había sido reconocido en la Ley de 2007 ahora se convierte en una estricta posibilidad de reparación. Porque el texto aprobado se limita a comprometer que en el plazo de un año una comisión técnica elaborará un estudio para que haga recomendaciones y elabore conclusiones sobre los déficits a enmendar.
Conviene recordar, al mismo tiempo, que la Ley de 2007 reconocía a las víctimas hasta diciembre de 1977. Es decir no incluía el año el período hasta la aprobación en referéndum de la Constitución Española, fecha fundacional del Estado español democrático actual. Este hecho, había supuesto la exclusión, entre otras muchas víctimas, de Gustau Muñoz, lo que añadió, conjuntamente con el no reconocimiento de las víctimas a partir de 1979, argumentos a votar en contra de la ley de 2007 por parte de Izquierda Republicana. Con la nueva ley, que se aprobará este jueves en el plenario del Congreso de los Diputados, se amplía el período hasta el mes de diciembre de 1983. Una ampliación trampa, sin embargo, porque se limita (medio siglo más tarde de la muerte del dictador!) al compromiso de designar una comisión técnica que deberá elaborar un estudio sobre hipotéticos casos de vulneración de derechos para que señale posibles vías de reconocimiento.
Puig Antich y Gustau Muñoz, dos ejemplos de cómo el Régimen del 78 ha sabido adecuar la impunidad a los nuevos tiempos para continuar derrotando a la Verdad, la Justicia y la Reparación, contando con los réditos de la desmemoria y el avance del relativismo histórico entre los hasta ahora irreductibles del memorialismo antifascista.
Fuente → larepublica.cat
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