La nueva ley de la memoria histórica cuenta con aspectos relevantes, como la ilegalización del régimen franquista.

Cuatro elementos para conocer la nueva ley de la memoria histórica  / Maria Isabel Portillo

La búsqueda de la verdad y la justicia, ha sido para España un eje transversal en su camino por la construcción de una institucionalización democrática.

Parte de esta hoja de ruta necesaria reposa en la nueva ley ya aprobada de la memoria historia. Esta implica en sí misma una serie de avances en relación a la ley anterior (2007).

Este nuevo cuerpo legal, a pesar de seguir generando discordia entre los partidos políticos, organizaciones y sociedad civil por causas disimiles como la presencia de algunos actores intervinientes y la profundidad parcial de su normativa; plantea nuevos horizontes para esta terrible realidad a sanar.

La derecha

La reacción del PP y Vox ha sido recalcitrante ante la ley. Las diferencias políticas e ideológicas han consumado el resto. La posición de la bancada ha separado no solo a la opinión pública, además ha hecho brecha en las agendas.

Todo esto en el medio del proceso pre electoral que ha servido de telón de fondo y parte de la espectacularización impuesta dentro del hemiciclo.

Las heridas dejadas por la dictadura aún poseen un peso específico en lo humano y en lo político. Es por ello que las medidas innovadoras y contradictorias descansan sobre algunos de estos propósitos:

El primero, la búsqueda de personas desaparecidas. Este punto fundamental para cerrar ciclos sociales y familiares, tan anhelado por la mayoría.

Segundo, el régimen franquista es declarado ilegal, al igual que todos los juicios y procesos llevados por su aparato jurídico.

En tercer lugar, el caso de la Amnistía. Esta nueva no deroga la ley anterior, agrega sí elementos en pos de “garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, así como las oportunas formas de reconocimiento y reparación”.

Como cuarto punto, la creación de un fiscal que investigue los casos de derechos humanos. En este sentido la ley incorpora una nueva figura en un fiscal de sala encargado de la investigación de estos procesos históricamente pendientes.

Una nueva definición del concepto de víctima

La ley entiende por víctima a aquellas personas que hayan sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales. Dichas personas serán consideradas desde el período histórico comprendido entre 1936 – 1978.

La ley habla de los fallecidos y desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura, exiliados, el grupo LGTBI, menores adoptados sin permiso de sus padres.

La ley también incorpora fechas de conmemoración a las víctimas del golpe militar, guerra civil y dictadura; siendo el 31 de octubre un homenaje y recordatorio y el 8 de mayo relacionado con la figura del exilio.

En fin, estos nuevos elementos de ley que para algunas partes son insuficientes, aportan herramientas para la lucha. Todos estos procesos apuntan a resolver un tema sensible y complejo.