A propósito de la nueva Ley de Memoria Democrática

Una vez más volvemos a comenzar, en nuestro país, la casa por el tejado.

Lo fundamental, lo básico, sería empezar por una condena al franquismo en sede parlamentaria: es rigurosamente antidemocrático permitir el negacionismo en una sociedad con un pasado de represión tan traumático como la nuestra; y una aceptación tacita de las explicaciones del franquismo sociológico, aún persistente, y sus teorías sobre el golpe, la guerra y sus consecuencias.

La verdad exige conocimiento y transmisión del mismo a la sociedad.

Parcialmente se recoge algo de las reivindicaciones memorialistas: lista de represaliados, mapa de fosas, banco de ADN (para la gestión de los restos hallados), etcétera. Pero, una vez más ponemos, las tejas sin haber construido la estructura del edificio.

Es necesaria la creación de una Comisión de la Verdad para que, con el estudio pormenorizado de la represión ocultada en nuestro país, frente a la mil veces castigada de los republicanos, afrontar, después, una propuesta de verdaderas políticas de memoria en un Libro Blanco surgido de ese estudio.

Sin Políticas de Memoria serias no hay convivencia sana en una sociedad democrática. Seguimos con el “nosotros ganamos la guerra” y aceptando las consecuencias; como decía Orwell: quién se apropia del pasado en el presente controla el futuro.

El problema de la derecha española es que, mayoritariamente, no es de origen democrático. Ese pasado que debería pesarles, lo llevan con orgullo y no ocultan que el régimen franquista fue para ellos muy rescatable y un buen gobierno para España, mucho más aún. desde la irrupción de Vox.

Aceptan y transmiten las desvirtuadas y pseuhistóricas versiones de que los militares salvaron España del caos republicano, por lo que todo el castigo que cayó sobre las “hordas Rojas” era beneficioso para la Patria.

El blanqueo del golpe y del régimen de Franco hace para ellos imposible asumir la necesidad de reconocer una deuda histórica, por lo que nunca, realmente, han aceptado caminar en la senda de una verdadera reconciliación nacional.

La dureza del Régimen; su sistema judicial represivo, y como consecuencia :los desaparecidos, los bebés robados, los torturados, encarcelados , etcétera, etcétera, son para ellos, productos de la culpa de los anárquicos republicanos y, por tanto, el castigo que obtuvieron fue justo.

Ni hablar del victimarios, ni de lucha democrática.

Y, sin el concurso de la derecha democrática, uno de los objetivos finales de las políticas memorialistas es inconseguible.

De ahí que estás políticas hayan de ser aún más contundentes, blindadas y de cumplimiento obligatorio, como en los países democráticos con un pasado nazi-fascista en Europa.

Una vez más, damos pastillas cuando hubiera hecho falta cirugía, hay avances en esta Ley, pero no se deroga la Ley de Punto Final qué es la Ley de Amnistía; se mantiene la impunidad protegiéndose, aún después de muertos, a los victimarios; leyes de protección de datos y archivos difíciles de consultar o aún protegidos por el secreto; negación del derecho al acceso a la justicia de las víctimas del franquismo; fiscal solo para una jurisdicción voluntaria y sin oficina constituida ni medios para poder hacer un trabajo serio y de oficio; la reparación para las víctimas solo moral y bajo petición; y , en definitiva, ocultamiento de una verdad que solo sale a la luz por iniciativas particulares: caso de las empresas favorecidas en el franquismo por el trabajo esclavo.

La ley del 2007 fue ecuménica poniendo al mismo nivel a víctimas y verdugos, sin la discriminación positiva que la situación de las miles de víctimas del franquismo exigía. y además, poco efectiva, aunque si fue un acicate para la sociedad civil.

Pero es el Estado quién tenía que haber tomado la iniciativa.

0€ por parte del PP , en su legislatura para ésta Ley, de lo que se jactaban, a pesar de algunas declaraciones sobre su comprensión, por el tema de los derechos humanos, a los que querían rescatar de las fosas a sus familiares.

Las resoluciones judiciales, basadas en las leyes de memoria , son muy discutibles hoy por parte de una Judicatura mayoritariamente conservadora.

Existe una gran indiferencia de la sociedad ante este tema, que es muy grave pues afecta a una cuestión de derechos humanos, por culpa de la inacción gubernamental y la falta de educación al respecto, así como el trato de los medios de comunicación, que hace que haya millones de personas ignorantes de ese pasado traumático que sucedió hace tan poco tiempo en nuestro país.

Por tanto, estos hechos no nos aseguran en absoluto la Garantía de no Repetición que sería junto con la Verdad, la Justicia y la Reparación, lo que de verdad necesitaría este país.

En Aragón, entretanto, un nulo desarrollo de la ley, que no dispone de ningún recurso; una Dirección General inexistente, que presta un servicio mínimo y, a veces, contradictorio con las peticiones de los memorialistas, (dentro de un apartado que les es ajeno, dada su calidad de Dirección General de Patrimonio); hay una nula dotación económica y un insatisfactorio reglamento de otorgación de subvenciones; el régimen sancionatorio, en la práctica, no existe; la sede que nos prometieron sigue abandonada; el presidente, un día si y otro también, mostrándose muy activo en sus críticas en contra de muchas de las opiniones de los memorialistas…

Este es el lamentable panorama con que nos encontramos tanto a nivel autonómico como a nivel estatal.

Es un paso más, no cabe duda, y alargar los tiempos para englobar también la represión dentro del periodo de la Transición es muy importante.

Eso si, no pensemos que, porque la derecha se haya posicionado tan fuertemente en contra la ley es mucho más válida: primero porque, como he dicho antes, es absolutamente necesario que tengamos por fin ya, una derecha liberal que reniegue de esos orígenes totalitarios de los que surgió; y en segundo, porque sin esas políticas de Estado, será imposible hacer la base fundamental para una sociedad verdaderamente democrática.

También tendremos que ver que esas normas que ahora se aprueban se llevan adelante.

Dado que, una vez más, hemos decidido hacer políticas dispersas de memoria y no afrontar cómo se tendría que haber hecho, con una verdadera política de Estado, las políticas de memoria en nuestro país.