Enrique Santiago habla de resignación porque no se puede pedir más, que no seamos maximalistas. Una vergüenza.
Que España no iba a tener una ley de Memoria Histórica a la altura de
un país democrático lo sabían desde hace tiempo hasta los leones de las
Cortes. El gobierno socialista en su afán por mantener un poder que no
le otorgaron las urnas en la medida que necesitaba, muy a su pesar, hubo
de aliarse con fuerzas progresistas que, de buena fe se supone, le han
hecho compañía a lo largo de estos últimos años.
Como era de
prever, el PSOE, partido de fachada socialdemócrata pero de ideología
neoliberal, no tenia intención alguna de compartir decisiones y mucho
menos leyes como la de Memoria Histórica, que obligarían al país a hacer
una seria reflexión sobre su pasado reciente, los crímenes del régimen
franquista y sobre todo, la presencia permanente de la larga mano de la
dictadura desde la desaparición del déspota hasta la actualidad,
pasando por la llamada transición.
De todos es
sabido que tras la muerte del dictador concurrieron múltiples
circunstancias que acabaron en la promulgación de una ley de Amnistía en
1977. Se eliminaba lo que eran delitos políticos durante la dictadura,
pero sobre todo echaba el telón definitivo a los abominables crímenes de
la guerra Civil y la dictadura. Crímenes de lesa humanidad que se
proponía borrar esa precipitada ley de 1977 contraviniendo los tratados
internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas en esta
materia, en base a los cuales, esos delitos no prescriben por muchas
leyes nacionales que se promulguen.
La ley de Amnistía de 1977
garantizaba asimismo, la continuidad en cargos públicos de funcionarios
adeptos al régimen, torturadores sin escrúpulos que hasta el día
anterior a la Ley, habían hecho lo posible y lo imposible por acabar,
sin reparar en cualquier tipo de métodos violentos, cualquier oposición
al régimen y el cambio político a un sistema de garantías democráticas.
Los jueces represores que habían condenado a largas penas de prisión a
miles de demócratas, fueron premiados al disolverse el Tribunal de Orden
Publico, pasando a la Audiencia Nacional unos y al Tribunal Supremo
otros. Difícil de entender que la nueva democracia estuviera tutelada
por represores de esa índole. Basta hacer una pequeña búsqueda para
comprender de donde venían aquellos ilustres magistrados de la recién
inventada democracia. Hijos y parientes de los antiguos represores
pasaron a ocupar cargo importantes tras el 78. Algunos han sido hasta
ministros, pero también altos cargos de la policía y de otras
instituciones como la Fiscalía. Hasta hace muy poco, torturadores de la
Brigada Político Social mantenían sus cargos o disfrutaban de
sustanciosas pensiones gracias a sus condecoraciones por méritos. Por el
merito de torturarnos a los que luchábamos por las libertades y la
democracia.
Esta Ley de Amnistía, anterior a la aprobación de la
Constitución y que protegía a militares, jueces y funcionarios del
régimen franquista nunca ha sido derogada y así han podido perpetuarse
nombres de calles de asesinos, monumentos que avergonzarían a cualquier
comunidad democrática en otros países. Ha permitido continuar dando
validez a sentencias de tribunales represores de la dictadura. Permite
aun hoy la ocultación de datos en archivos militares a investigadores,
así como un largo etc. de despropósitos.
A partir de los años
2000 aparece un movimiento espontaneo fundamentalmente promovido por los
nietos de los represaliados, asesinados y desaparecidos durante la
Guerra Civil y el franquismo, dándose inicio a la búsqueda de restos en
fosas comunes, cementerios, cunetas, pozos, bosques o simas. El
movimiento empieza a consolidarse creándose las primeras asociaciones de
Memoria Histórica por todo el territorio nacional. Se producen las
primeras exhumaciones y gracias a los bancos de ADN se producen también
las primeras identificaciones de victimas.
Mientras todo esto
ocurre las autoridades de turno, hacen oídos sordos y practican el
deporte de mirar para otro lado. Con la acumulación de nuevos datos e
identificación de restos y de lugares de enterramientos secretos, se
difunden ampliamente las noticias en los medios de comunicación,
nacionales y extranjeros, de la auténtica historia nunca contada de
forma oficial.
Es el gobierno de Rodríguez Zapatero el primero
que de forma muy tímida intenta afrontar el asunto y promueve la llamada
Ley de Memoria Histórica en 2007. Como todos sabemos esta Ley,
actualmente en vigor, no solo es insuficiente, sino que además ha sido
totalmente ignorada por todas las autoridades ya sean políticas que
judiciales. Esa ley no tuvo impacto alguno. Ni siquiera fue capaz de
acabar con la simbología del franquismo. Son innumerables las plazas en
las que aún hay cruces de los caídos y leyendas que hablan de “los
caídos en nuestra guerra de liberación“. El interés por cambiar algo en
el 2007 se quedó en un gesto o un amago. Muchos años más tarde el
gobierno de Sánchez y de Unidas Podemos lleva prometiendo durante muchos
meses una nueva ley más acorde con la Memoria, pero analizando el texto
de esa propuesta se llega fácilmente a la conclusión de encontrarnos
ante algo que es más de lo mismo. En dicho texto se sigue utilizando lo
de la lucha fratricida y el enfrentamiento de las dos Españas. Una
construcción histórica que pusieron en circulación los ideólogos de la
dictadura.
En la actualidad ni la Ley del 2007 ni las pretendidas
buenas intenciones del gobierno actual han logrado detener los insultos
a la memoria de las víctimas provenientes de los herederos de la
dictadura moderados y extremos. Se han tolerado organizaciones y
partidos que hacen apología del franquismo y no solo eso, sino que hasta
muy recientemente se prestó subvención a la fundación Francisco Franco.
En pleno gobierno “progresista“ se produjo la ceremonia de traslado de
los restos del dictador y asesino F. Franco en caravana oficial desde el
Valle de los Caídos a la cripta religiosa. En un despliegue informativo
de la televisión oficial del estado RTVE se bendijo Urbi et Orbi para
todos los españoles esta singular procesión fúnebre para recordarnos a
todos que el tirano era un personaje venerable al que merecíamos
tributarle semejante despedida sin el menor atisbo de bochorno y de
vergüenza de las autoridades en el gobierno, incluida la “izquierda
progresista”.
Indudablemente que no cabe esperar nada de las
fuerzas políticas que se han turnado en el gobierno en los últimos años
pues en mayor o menor grado gran parte de sus componentes provienen de
familias vinculadas a aquella terrible dictadura. Pero lo que ya resulta
una sorpresa mayor es que ante un texto y unas pretensiones tan poco
trascendentes como las que contiene la nueva Ley, dirigentes políticos
de la izquierda y del propio Partido Comunista de España se nos quiera
convencer de que se trata de una Ley con un articulado que es a lo único
a lo que se puede aspirar tratándose de unas “mejoras” y en palabras de
Enrique Santiago una llamada a los movimientos memorialistas, de que
“no hay que ser maximalistas “, como si exigir verdad, justicia y
reparación por los crímenes de la dictadura fuese algo extraordinario
ante lo que habría que moderarse para no ser maximalista. Nos pide
Enrique Santiago que nos resignemos porque no se puede pedir mas.
Eso me recuerda aquella viñeta de El Roto durante la dictadura en la
que se veía a un magistrado del TOP que sentenciaba desde su pomposo
sillón del tribunal: “La búsqueda de la Verdad es una falta de respeto a
la Autoridad que deberá ser castigada” …
La nueva Ley de Memoria Histórica de acuerdo a su proyecto no tiene intención de reconocer los derechos de las víctimas ni el daño físico, moral y económico causado a estas y a sus herederos.
Y lo mas lamentable es que dirigentes de partidos históricos como el Partido Comunista, que cuenta en su larga historia con infinidad de victimas de aquel periodo oscuro y terrible de nuestra historia, se conviertan en bomberos a sueldo para apagar la llama de la lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación y traten de convencer al movimiento memorialista de que no hay otra alternativa, o aceptamos esto o no hay mas que hablar. De cualquier modo, algunos socios de gobierno han puesto el veto por considerarla una nueva burla y no se prestarán a la farsa. El Psoe no cambiara una coma y por tanto de nuevo a la papelera.
Menos mal que los que nos hemos forjado en el combate contra aquel régimen no nos doblegamos tan fácilmente y continuaremos en esa batalla porque no solo la consideramos fundamental para conocer la Verdad sino porque se lo debemos a las victimas y a las generaciones futuras.
Fuente → hojasdebate.es
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