El Congreso impulsa la tramitación de la ley de memoria con la intención de aprobarla en julio

Tras su remisión a la Cortes en julio de 2021, y después de superar los vetos de PP y Vox y el texto alternativo de ERC, el proyecto memorialista ha dormido en el sueño de los justos durante siete meses. El Congreso cerró el plazo de enmiendas parciales en noviembre, pero al no contar con los apoyos necesarios para sacarla adelante, el PSOE optó por congelar la ley hasta atar los acuerdos que garanticen su aprobación.

Entre las enmiendas pactadas por PSOE y Unidas Podemos, hubo una importante novedad en aras de abrir la puerta por primera vez en España a juzgar los crímenes del franquismo al hacer prevalecer el derecho internacional frente a la Ley de Amnistía de 1977. Un cambio que, a ojos de ERC, solo intenta "vender humo", pues no modifica ni deroga esta ley (su vigencia ha obligado a las víctimas de la dictadura a buscar Justicia al otro lado del charco). A su vez, los colectivos memorialistas tampoco se mostraron satisfechos con las correcciones presentadas por las dos almas del Gobierno.

Esta propuesta también causó controversia en el seno de los socios de la coalición, ya que Unidas Podemos aseguró que esa redacción abría la puerta a juzgar, por ejemplo, a torturadores franquistas mientras que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, reconoció que, no solo no tendría efectos prácticos al no derogar la polémica norma de la transición, sino que además ratifica su vigencia.

A pesar del rechazo frontal a este cambio por parte de los republicanos, que tampoco apoyaron la Ley de Memoria Histórica en 2007 –también piden declarar ilegal y "no sólo ilegítimo" el régimen franquista–, fuentes socialistas han asegurado que "se dan las condiciones" para sacar adelante la norma debido a las conversaciones que se han mantenido a lo largo de los últimos meses también con otros socios, como el PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, así como con otras formaciones minoritarias.

Aunque aún no hay un acuerdo definitivo con estas formaciones, varias fuentes parlamentarias reconocen que se han dado "avances". Asimismo, desde el grupo socialista confían en poder convocar la comisión "cuanto antes" (el siguiente paso después de la ponencia) y no se descarta llevar la norma a un Pleno extraordinario en julio para que reciba el aval del Congreso.

La tensión entre PSOE y ERC tras el estallido del caso Pegasus, del que se cumplió dos meses el pasado sábado, complica un acuerdo entre ambas fuerzas en este campo, a pesar que desde el grupo socialista señalan que se han intentado acercar posturas. Por su parte, fuentes de los republicanos confirman que no ha habido ningún cambio en su postura.

Cabe destacar que la reactivación de la ponencia (no estaba prevista hasta este martes) se produce dos días después del batacazo de la izquierda en las elecciones andaluzas del 19 de junio, obteniendo el PSOE sus peores resultados en una región que gobernó durante 37 años, toda vez que la izquierda alternativa perdió diez escaños con respecto a los anteriores comicios.