No eran cuatro simples policías a los que se les iba la mano de pascuas a ramos con la oposición antifranquista en plena dictadura. Ni mucho menos. Para el historiador Pablo Alcántara (Avilés, 1992), circunscribir la Brigada Político Social a personajes concretos como Billy El Niño o el comisario Conesa es perder por completo «la perspectiva». Hacerlo supone olvidar que la BPS fue todo un «aparato» complejo y bien engrasado al «servicio» de la «propaganda» y el «régimen». Un órgano completamente ideologizado, en el que confluían perfiles de todo tipo y donde la tortura era una herramienta de trabajo más. De hecho, lo fue hasta los últimos momentos: «Se habla de dictablanda, pero no es cierto. Se torturó hasta el final del régimen». Una caída de la dictadura que, sin embargo, no trajo aparejada una depuración del aparato policial. Los verdugos pudieron continuar con sus carreras.

El doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid acaba de publicar La secreta de Franco (Espasa, 2022). Es, probablemente, una de las investigaciones más completas sobre la Político Social. No es la primera vez que el historiador toca este tema. De hecho, su tesis doctoral ya abordó el papel de la policía política en Asturias y Madrid. Ahora, sin embargo, va un paso más allá y entra a analizar el aparato en toda su dimensión. En entrevista con infoLibre, explica que no ha sido sencillo. «Si no se ha hablado de todo esto hasta ahora ha sido por la dificultad en el acceso a los archivos», cuenta. Acceder a documentación policial y a los expedientes o archivos personales de los agentes sigue siendo realmente complicado. Y es algo fundamental para los historiadores. «Sin acceso a la investigación y a los archivos la memoria se queda bastante coja», cuenta.

La obra profundiza en el funcionamiento de la Político Social de principio a fin. Unos inicios en los que jugó un papel importante la Alemania nazi. «La Gestapo tuvo mucho que ver en el nacimiento», cuenta Alcántara. Así, recuerda el convenio de colaboración suscrito en el verano de 1938 entre la policía española y alemana en el que ambos cuerpos, por ejemplo, se comprometían a compartir información y hacerse entrega, «por el medio más rápido», de «comunistas, anarquistas y afiliados a otras tendencias peligrosas». O la visita que el jefe de la Gestapo, Heinrich Himmler, hizo en octubre de 1940 a España, donde fue recibido por altos mandos del estamento policial. Pocos meses después, se pusieron los cimientos de la nueva policía política a través de la Ley reorganizadora de la Policía.

El hilo con EEUU

No es algo que diga solo el historiador. De hecho, el Foreign Office británico –el Ministerio de Relaciones Exteriores– deslizó las similitudes entre ambos modelos. Así, en su momento, señaló que los métodos que empleaba el cuerpo estaban «basados en el modelo nazi», asegurando una «vigilancia sistemática» sobre «todos los enemigos sospechosos del Estado». Sin embargo, no se puede entender la Político Social como un órgano estático. A lo largo de su vida estuvo en constante transformación. Unos cambios en los que tuvieron mucho que ver otras potencias occidentales. Principalmente, Estados Unidos. «La CIA y el FBI le ayudaron a comprender los nuevos movimientos sociales, nuevas técnicas de tortura, nuevas técnicas policiales», explica Alcántara.

El historiador explica todas estas conexiones con documentos sobre la mesa extraídos de los expedientes de distintos agentes. En 1957, Vicente Reguengo, jefe de la BPS, viajó a Estados Unidos invitado por la CIA para recibir orientación sobre los nuevos métodos de investigación policial. Este miembro de la BPS ya era conocido por la agencia de inteligencia norteamericana. Al fin y al cabo, había colaborado con ella en el denominado caso Beria, en la que se buscaba en territorio español a quien fuera jefe de la Policía secreta soviética con Stalin, Lavrenti Beria. Reguengo, sin embargo, no fue el único en cruzar el Atlántico. También lo hizo Roberto Conesa, invitado por la CIA. Y Juan Antonio Creix, aunque en este caso para asistir a un curso del FBI.

Una «estructura intelectual»

En la Brigada Político Social había todo tipo de perfiles. Y el investigador trata de ahondar en todos ellos. Algunos eran agentes que venían de la época de la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, donde se encargaron de tareas represivas contra grupos anarquistas. Otros, se caracterizaron por ejercer durante la Guerra Civil en el lado republicano pero realizando tareas de espionaje. Y luego estaban los teóricos. «Cuando se habla de la BPS no hay que olvidarse que también había detrás una estructura intelectual, ideológica«, cuenta Alcántara. De ahí, la importancia que se daba también, por ejemplo, a la difusión de los denominados Boletines de Información Antimarxista.

Si alguien destacó dentro de este grupo, cuya principal tarea durante la dictadura fue la recopilación de información sobre los vencidos para reprimirlos –y legitimar esa represión–, fue Eduardo Comín Colomer. Centrado en la masonería, anarquismo y comunismo, su fondo de biblioteca era impresionante. De hecho, a mediados de los sesenta, como recuerda el historiador, fue premiado por la Dirección General de Información por tener la «mejor biblioteca sobre la Cruzada». Más de diez millares de libros y documentos que su viuda terminaría donando a la Biblioteca Nacional.

Impunidad tras el fin de la dictadura

Pero si algo caracterizó fundamentalmente a la Político Social fue el empleo sistemático de la tortura. Estaba completamente normalizado golpear con varas los pies de los detenidos, colgarles del techo como un saco de boxeo, introducirles las cabezas en barreños de agua, orines o heces o administrarles descargas eléctricas. La oposición antifranquista nunca se mantuvo «inmóvil» ante estas prácticas. De hecho, explica, elaboraba sus propios manuales para hacer frente a estas situaciones. Y, por supuesto, interponía las correspondientes denuncias. «Aunque durante el franquismo la mayoría de ellas acababan en un cajón», apunta el historiador.

En una ocasión, un grupo de estudiantes estuvo a punto de conseguir que miembros de la Político Social se sentaran en el banquillo. Era 1968. Más de una quincena de jóvenes fueron detenidos durante las movilizaciones en Oviedo contra la guerra de Vietnam. Tras su paso por dependencias policiales, interpusieron denuncia en comisaria. El caso terminó llegando hasta el ministro de la Gobernación. Se abrió una investigación. Y varios policías fueron interrogados. Sin embargo, cuando el asunto llegó al Tribunal de Orden Público, se dio carpetazo al considerar más fiable el testimonio dado por los agentes que el de los jóvenes. Unas víctimas contra las que incluso el Ministerio Público terminó querellándose.

Esta brutalidad que marcaba los interrogatorios, que en ocasiones finalizaban con la muerte del detenido –es el caso, por ejemplo, de los estudiantes Enrique Ruano o Rafael Guijarro–, no impidieron que muchos de ellos llegaran hasta lo más alto del escalafón. Con sus recompensas, sus menciones, sus lustrosas medallas. La Ley de Amnistía, una conquista de la oposición antifranquista, trajo consigo también el blindaje de todos estos agentes que reprimieron sin piedad durante casi cuatro décadas. «No fueron ni depurados ni juzgados, sino que se recurrió a ellos para la lucha antiterrorista», sentencia Alcántara. Una impunidad que todavía se mantiene en la actualidad. Cuarenta y siete años después de la muerte del dictador.