La Guardia Civil. La represión perpetrada en Galiza

DOSIER Represión | A Coruña | Ilustración: Javi Kaos | Extraído del cnt nº 430

No fue una sorpresa que la guardia civil apoyase de forma entusiasta el golpe militar en Galiza, teniendo en cuenta la tradición represiva de la benemérita sobre los movimientos sociales obreros (A Coruña, 1901) y sobre todo agrarios (masacres de Salcedo, Oseira, Nebra, Sedes, Sofán, Sobredo, entre otros). En julio de 1936 las fuerzas de este cuerpo apoyaron mayoritariamente la sublevación y participaron tanto en los combates de calle en las localidades donde hubo resistencia, como en el control preventivo del resto del país.

La guardia civil fue la piedra angular en la implantación de un régimen de Terror, pues en aquella época no existía otra fuerza con capacidad para ejercer una política represiva a gran escala: la Falange aún estaba en formación, otras milicias actuaban en ámbitos reducidos, y el Ejército no contaba con la implantación territorial necesaria, además de estar dedicado al esfuerzo bélico. Solo la guardia civil tenía infraestructura y medios, poseía adiestramiento y aptitud, y sobre todo y lo más fundamental, mostraba la actitud precisa para convertirse en el eje sobre el que pivotara una política represiva que abarcara toda la geografía gallega.

Según las investigaciones del proyecto interuniversitario Nomes e Voces, de todas las muertes producidas por la represión en Galiza en los años de guerra, más de dos tercios se corresponderían con asesinatos extrajudiciales

La organización de la represión fue desigual en todo el territorio gallego, pero la presencia de la guardia civil fue una constante. La dirección de la represión estuvo en las manos de los delegados de orden público, figura creada por la Ley de Orden Público de 1933, que habilitaba a los gobernadores civiles a nombrar estos delegados en zonas de su jurisdicción. De los cuatro gobernadores civiles nombrados inicialmente en Galiza, los de Pontevedra (Ricardo Macarrón) y A Coruña (Florentino González Vallés) eran guardias civiles, mientras los de Ourense y Lugo eran militares retirados. En el siguiente nivel se organizaba todo un sistema de delegados de orden pública por zonas (como los guardias civiles José Leseduarte en Santiago y Victoriano Suanzes en Ferrol), partidos judiciales y ayuntamientos, que podían ser guardias civiles, militares retirados o paisanos. Más abajo estaban las milicias que se organizaban en cada localidad, con sus mandos propios, pero subordinadas a los delegados de orden público y bajo la supervisión de la guardia civil.

Según las investigaciones del proyecto interuniversitario Nomes e Voces, de todas las muertes producidas por la represión en Galiza en los años de guerra, más de dos tercios se corresponderían con asesinatos extrajudiciales: personas que eran sacadas de las cárceles para ejecutarlas en cementerios o lugares apartados de zonas pobladas, o personas que eran capturadas y ejecutadas sumariamente. En las llamadas sacas normalmente tenían intervención tres tipos de agentes: los funcionarios de los establecimientos que entregaban a los presos, los ejecutores que se hacían cargo de ellos para asesinarlos, y las autoridades que firmaban las órdenes que justificaban la salida. En la práctica, resultaba rara la saca que no contase entre algunos de estos tres tipos de agentes con un guardia civil, existiendo incluso la posibilidad de que todos ellos fueran guardias civiles… Los paseos de los detenidos eran ejecutados por milicias, la guardia civil o fuerzas combinadas. El cenetista de Tui Juan Noya Gil recordaba en sus memorias que en la localidad de A Guarda, los nombres de los asesinados fueron decididos en una reunión del capitán de la guardia civil Joaquín Teresa con el falangista y teniente de carabineros Salvador Buhigas y las fuerzas vivas de la localidad. La consulta de las listas de algunos presidios improvisados en los primeros tiempos del golpe en Ferrol permiten saber que la mayor parte de las personas ejecutadas extraoficialmente salieron con órdenes de excarcelación del Delegado de Orden Público, el guardia civil Victoriano Suanzes, o de su lugarteniente, el jefe de policía José María Pagola Birebén.

El rigor y la crueldad no excluyeron en ningún momento la corrupción, pues fue corriente que los guardias civiles aprovecharan el poder omnímodo para el enriquecimiento personal.

De extremo a extremo de Galiza, sobre cada zona del país pesaba la sombra de uno o varios guardias civiles que eran identificados con la muerte, la arbitrariedad, la extorsión y el abuso: el cabo Manuel González Pena en Baiona, Pedro Pellicer, Luis Expósito y Vicente Peralta, de la brigada de Servicios Especiales de A Coruña, el teniente Francisco González Rodríguez “Rabioso” en Vigo; el sargento Manuel Cebral y los guardias Gerardo Casanova “O dos Cen”, Andrés Ocampo, Isidro García Teso o Abraham Uzal en la zona de Ferrol; el teniente José González Rodríguez en Betanzos; el sargento Salomón Pérez Cienfuegos en Pontevedra; el capitán Juan Ros Hernández en Ourense; Francisco Valdés Valdés en Viveiro; el teniente Manuel álvarez Sarandés en Monforte y A Coruña… y una larga lista que podría hacer interminable. La guardia civil cumplía una función reguladora del régimen de terror instalado por los sublevados, modulando su intensidad en función de los intereses del régimen.

El rigor y la crueldad no excluyeron en ningún momento la corrupción, pues fue corriente que los guardias civiles aprovecharan el poder omnímodo para el enriquecimiento personal. Fue el caso del teniente Francisco González Rodríguez “Rabioso”, presuntamente implicado en la red de extorsión de Fernando Lago Búa en el penal de la Isla de Sqan Simón, que conseguía enormes beneficios amenazando a los presos con la muerte si sus familias no les entregaban dinero. Un hijo del propio Florentino González Vallés fue acusado también de utilizar la amenaza de la represión para extorsionar a familiares de personas represaliadas. En una fuerza estrictamente masculina y tradicionalmente machista fueron corrientes también los abusos sexuales sobre las mujeres.

Conviene descartar la posibilidad de que la represión tuviera un carácter incontrolado o espontáneo, pues era una política de estado que fue administrada homogéneamente en toda Galiza; se trataría de puro terrorismo en la acepción primaria de esta palabra, como “régimendegobiernoporelterror”. Diversas investigaciones señalan una fortísima represión inicial en los meses de agosto a octubre de 1936 y un descenso de la intensidad represiva a partir de noviembre; casualidad o no, el fin del mandato de los guardias civiles Victoriano Suanzes en Ferrol y Juan Aranguren Ponte en Ribadeo a finales de octubre de 1936 marcó el declive o la desaparición en esas zonas de las ejecuciones extrajudiciales. No conviene descartar tampoco factores de fría estrategia en la administración de la represión, como serían la voluntad inicial de vaciar las cárceles, rebosantes en los primeros momentos, y la de hacer una represión rápida y profunda, que permitiera que el Ejército llevara todas sus fuerzas a los frentes de combate; de hecho, una vez pasada la fase más dura de la represión algunas unidades de la guardia civil fueron destinadas también a los frentes de batalla.