La clase obrera quiere centros sociales

Parecía un sábado como otro cualquier en Chueca: unos chavales bailaban break dance en la plaza, la clase media gayfriendly se desplegaba sobre las terrazas disponibles, los turistas compraban sus gofres con forma de pene o de vulva y se los comían entre risas, hacía sol. La vida en un barrio gentrificado del centro de Madrid puede ser agradable, sobre todo si se puede comprar todo lo que ofrece, esté o no envuelto en la bandera del arcoíris. Sobre todo si se tiene con qué pagar el alquiler –20 euros el metro cuadrado de media, según Idealista–: 1.600 euros por un bajo de 78 m² o 2.700 por 63 m² en un tercero con ascensor y “mucha luz natural”. Dos ejemplos al azar, los primeros que salen al abrir el portal inmobiliario. “Tu casero te roba el sueldo”, dice el Sindicato de Inquilinas.

Era sábado 7 de mayo, hacía sol y había un grupo de personas bailando a la altura de la calle Hortaleza, 88. La máquina de producción urbana de la capital a veces se interrumpe, se agrieta y de esas grietas salen flores o quizá fuego. La gente que bailaba protegía con sus cuerpos un nuevo espacio okupado: el antiguo convento de Santa María Magdalena, que fue sede de la UGT, hoy vacío. Desde 2017, el sindicato lo alquilaba a una empresa privada, participada por capitales especializados en la promoción turística e inmobiliaria –JIMA Patrimonial Hostales S.L.–. Más de 3.000 m² palpitando en el centro de la ciudad, esperando convertirse en otro hotel más en un área ya saturada de actividad turística entre los barrios de Chueca y Malasaña. ¿Un espacio temporal para turistas o un espacio permanente para el tejido activista que se contrapone al modelo de ciudad neoliberal? Un centro social okupado implica un conflicto pero también es cultura, política viva, producción de sociabilidad y comunidad al margen del mercado. No todo tiene precio. Es una lucha demostrarlo día a día. Los centros sociales okupados de la ciudad de Madrid llevan haciéndolo desde mediados de los 80. Desde esa fecha, pelean por el derecho a la ciudad y por la mejora de las condiciones de vida de la mayoría; desde esa fecha, son absolutamente imprescindibles para que Madrid siga viva.

La okupación del edificio estaba impulsada por La Ingobernable, cuyo desalojo de su espacio del Paseo del Prado por parte del alcalde Almeida acaba de ser declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Entre sus paredes hacían vida Extinction Rebellion, el Sindicato de Inquilinas, Fridays for Future y otros colectivos que el sábado reclamaban la antigua sede de UGT y pedían que el edificio volviese a estar protegido como patrimonio público. En Madrid, los jóvenes –ya sabemos, precarios, sin recursos, sin futuro– no tienen espacios para reunirse sin consumir más allá de algunos parques. Los centros cívicos están cerrados a las actividades que puedan molestar al PP o su modelo de ciudad neoliberal. Conseguir un espacio en Matadero para una actividad de fin de semana puede costar unos 6.000 euros. Es solo un ejemplo. ¿Qué cultura alternativa a la del mercado se puede producir sin verdadero espacio público –es decir, socialmente producido–? Solo el tejido clientelar del PP y otros poderes establecidos tiene todas las facilidades para el uso de esos edificios que deberían ser de todos. En febrero, el Ayuntamiento de Madrid, con la connivencia del sindicato –y con la abstención de Más Madrid–, permitió el cambio de categoría de uso del edificio, que pasó de ser un enclave protegido a un “hospedaje en régimen exclusivo”. El círculo se cierra: hay unos ganadores, y unos perdedores.

La tensión es constante en Madrid. Una sede como esta de la UGT, que se cedía a organizaciones sociales y donde se han podido realizar reuniones y actividades –como preparar la Cumbre Social por el Clima del 2019–, pronto será un hotel más. Un espacio privado más. El cerco se estrecha. Lo de todos se achica constantemente. Lo público en Madrid ya depende de si un sindicato decide especular o no con un edificio, o dedicarlo a ampliar el tejido social y movimentista que hace más fuerte la resistencia contra este modelo económico al que supuestamente ellos mismos dicen oponerse. Los que se llaman a sí mismos “socialistas”. ¿Qué será el socialismo para la UGT?

El distrito Centro tiene hoy 609 establecimientos hoteleros –de los 938 existentes en la ciudad–, casi la mitad de los hoteles de cinco estrellas de la capital y alrededor del 40% de las camas existentes –33.000 de un total de 88.000–, según las estadísticas del Ayuntamiento. A esto hay que sumarle el turismo de plataforma, más de 8.100 apartamentos y habitaciones en alquiler en Airbnb, a los que hay que añadir los no declarados o de otras webs.

Una mujer del barrio que el sábado por la tarde intentó atravesar la calle acordonada discutía con uno de los policías:

– Pero es que estos chavales tienen razón, nos están expulsando del barrio.

– Ya lo sé señora, si tiene usted razón –le contestó el policía– pero la ley es la ley, y la propiedad es la propiedad, y la propiedad es del sindicato.

Y el sindicato ha hecho valer su derecho sagrado a la propiedad. El domingo por la mañana, el nuevo centro social de Hortaleza fue desalojado por la policía. El comunicado de la UGT que lo justifica llamaba a los activistas “ultraizquierda radical” y los comparaba con el grupo de extrema derecha que en Italia atacó la sede del sindicato CGIL. Es curioso cómo la emergencia de los posfascismos está sirviendo para pedir un cierre de filas acrítico con cualquier posición institucional o de gobierno. Si reclamáis que cedamos un espacio para hacer posibles las luchas ecologistas, feministas, por el derecho a la vivienda en Madrid sois… ¡como los fascistas! O quizás, unos radicales a los que se puede criminalizar para deshacerse de ellos con mayor facilidad. La ley es la ley y la propiedad es la propiedad. Pero es demasiado evidente que sin tejido movimentista no hay luchas sociales. ¿Por qué la UGT nos dibuja como sus enemigos? ¿No deberíamos estar en el mismo bando?

“Este edificio pertenece al patrimonio privativo de la organización y, por lo tanto, al patrimonio de sus afiliados y afiliadas. Desde UGT, no podemos más que condenar y denunciar un hecho que actúa directamente en contra de los trabajadores y trabajadoras de este país, perjudicando a nuestra organización. [...] UGT y su dirección tiene la potestad de decidir la gestión de su patrimonio como considere oportuno, con el fin de obtener el máximo rendimiento para poder destinarlo a la lucha, la mejora y la defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora de nuestro país, y a quien la organización destina todos sus recursos”, dice su comunicado.

Entre 400.000 y 600.000 euros de ingresos anuales supone el edificio para el sindicato. Estos ingresos les servirán básicamente para reproducir una estructura que hace tiempo dejó de ser un medio para la realización del “socialismo”, y se ha convertido en un fin en sí misma. El edificio fue adquirido mediante operaciones contables algo dudosas. Pero no es un caso aislado: el sindicato vendió hace poco una antigua sede formativa que un familiar de Esperanza Aguirre convertirá también en un hotel. UGT funciona como una empresa, no como una asociación de trabajadores, y quien toma las decisiones ni siquiera es la dirección política sino la económica, desde luego no en asamblea… No son por tanto los trabajadores a los que dice representar los que deciden. Si sus afiliados fuesen preguntados, posiblemente preferirían no contribuir a la especulación. De hecho, la mayoría de los recursos que obtienen ni siquiera provienen de las cuotas de afiliación sino del Estado. Según sus propios datos, el año pasado UGT recibió en subvenciones directas –solo de los ministerios de Trabajo y Educación– quince millones de euros; mientras que obtuvo nueve por sus cuotas de afiliados. Además, el grueso de la estructura de liberados del sindicato es sufragada directamente por las empresas o por el Estado.

Hay que preguntarse por tanto si son legítimos los argumentos de este sindicato “de clase”, que en multitud de ocasiones ha criticado el exceso turístico y su impacto en los alquileres de los centros urbanos, siempre y cuando (parece ser) no afectaran a sus intereses inmobiliarios. También podríamos cuestionar si la actual UGT debería tener el derecho exclusivo a decidir sobre un patrimonio construido sobre las luchas obreras históricas, ya que, en su mayoría, proviene del patrimonio sindical histórico que fue expropiado por el franquismo y que el Estado revertió sobre este mismo sindicato desde principios de los años ochenta. Un patrimonio que se ha alimentado también de las subvenciones y transferencias del presupuesto público, mayores que la que representan las cuotas de sus afiliados. ¿Estamos seguros de que la UGT tiene derecho a convertir su sede –que en definitiva ha sido pagada por todos– en un hotel para turistas en busca de “a relaxing cup of café con leche”, que diría Botella, en el ya saturado centro histórico?

Hay en marcha un debate de fondo, que nos compete a todas, sobre cuáles son las necesidades de una ciudad como Madrid, y concretamente de su centro urbano. ¿Puede esta sociedad permitirse el lujo de despilfarrar la fuerza y la energía de sus sectores más dinámicos, que reivindican la creación de espacios para multiplicar la riqueza social y cultural de la ciudad? ¿Cabe apoyar el desalojo de espacios sin uso legítimo sometidos al abandono o a la simple especulación inmobiliaria a los que dan vida los movimientos sociales? ¿Es legítimo, dentro de una lógica exclusivamente liberal, conservar en “manos muertas” de propietarios absentistas o de los simples especuladores su derecho absoluto a una propiedad que no produce riqueza alguna, o debemos volver a promover una desamortización con criterios sociales?

Las respuestas a estas preguntas no afectan solo a la llamada izquierda, son preguntas de calado para toda democracia que quiera seguir siéndolo. Hoy el sindicato ha conseguido el desalojo del edificio socializado y, por tanto, podrá conservar sus rentas actuando como un fondo de inversión sobre el centro de la ciudad. UGT se ha alineado con el Madrid del pelotazo y contra el ecosistema movimentista de la ciudad que lucha por la socialización de la riqueza. Sería justo y necesario que, en futuras semanas, ese edificio y alguno más, todavía en manos muertas (y dirigidos únicamente a la producción de rentas), fueran de nuevo okupados y así devueltos al común. La batalla es por Madrid, por el modelo de ciudad que queremos y al servicio de qué intereses materiales trabaja.