España es un país sin memoria, en el que puede pasar cualquier cosa

Según mi opinión la mayoría de los medios, incluso los ubicados en el ámbito socialdemócrata, consideraron poco importantes para nuestra democracia determinados problemas de estos últimos años: la corrupción política del PP no así la de los ERES; las cloacas del Estado con un Villarejo que en sede parlamentaria alardeaba de patriotismo; la actuación de una policía patriótica para perseguir a determinados partidos políticos; los comportamientos poco ejemplares de algunas personajes de la familia real; la esclerosis de una justicia militante y profundamente conservadora y endogámica; el avance de la extrema derecha con su defensa de la xenofobia, de la homofobia y la negación de la violencia de género que rompe muchos de los consensos alcanzados en nuestra democracia; el mantenimiento del voto rogado que imposibilita en torno a dos millones españoles en el extranjero poder votar; los terribles niveles de desigualdad-afectando fundamentalmente a los jóvenes, mujeres e inmigrantes-; las políticas austericidas contra nuestro Estado de bienestar; la desvalorización del trabajo por medio de una reforma laboral brutal; los desahucios a muchas familias en un país con un exceso de viviendas; una ley mordaza contra los derechos de la ciudadanía, criminalizando la protesta ciudadana; la ausencia de competencia en un mercado de la comunicación audiovisual -ahí es culpable el gobierno de Rodríguez Zapatero, que permitió su concentración en dos únicos grupos de televisión, ambos en manos extranjeras, algo inconcebible en una democracia europea de nuestro entorno-. La atención mediática, casi con exclusividad, fue el independentismo y Podemos. Su irrupción se consideró no un síntoma de la crisis de nuestra democracia, sino un ataque. Y trabajaron muy bien los medios, ya que evitaron un gobierno de coalición PSOE-Podemos tras las elecciones de 2015 de 20-D. Y luego se llevaron por delante a Pedro Sánchez. Y en la cuestión territorial despreciaron la vía política para defender la represión y el código penal.

El estado de opinión antipodemita y antiindependentista, y después contra el gobierno de coalición, que está calando en amplios sectores de la sociedad española, se explica, además de por el oligopolio del mercado audiovisual ya comentado -que ha sido reforzado al suprimir de la parrilla informativa de TVE el programa de gran audiencia Las cosas claras de Jesús Cintora-, por la caja de resonancia de la capital de España. Sería muy distinto el panorama informativo si se hubiera evitado el oligopolio de las licencias privadas de televisión, pero también si hubiera canales de ámbito estatal instalados en Valencia, Barcelona, Sevilla, Zaragoza…

Madrid es el epicentro hegemónico de las comunicaciones en España y, por lo tanto, el principal centro emisor de mensajes. Mensajes de todo tipo: políticos, económicos, culturales, deportivos… En cierta manera lo ha sido siempre, pero los especialistas en medios de comunicación subrayan que esta concentración ha ido en aumento. Dos grupos de televisión, Atresmedia y Mediaset, absorben el 83% del mercado publicitario de la televisión generalista. Algo semejante ocurre con las cadenas de radio, ya que las cuatro primeras en audiencia -SER, COPE, Onda Cero y RNE- dominan el mercado de las ondas en España, excepto en Catalunya. Además, en los últimos años, algunos diarios de papel de ámbito nacional como El Mundo, El País o ABC han avanzado hacia la reducción de sus delegaciones, con despido de decenas de profesionales; mientras mantienen fuertes sus redacciones centrales en Madrid. No es el caso de algunos medios digitales que han abierto delegaciones propias o franquiciadas en varias autonomías.

Esta enorme concentración mediática en Madrid tiene sus secuelas. Ese "centralismo del mensaje comunicativo" supone una sobrerrepresentación de los acontecimientos de Madrid respecto a la periferia. Beatriz Gallardo, catedrática de la Universidad de Valencia, apunta que "esta concentración no sólo es problemática por exagerar el protagonismo informativo de la capital, sino también desde el punto de vista de la pluralidad informativa necesaria en una democracia". ¿Ha habido pluralidad informativa sobre el Procés y Podemos, y sobre el gobierno de coalición? Ha sido y sigue siendo la información parcial y sesgada, al estar en manos de Ana Rosa Quintana, Susana Griso, Carlos Herrera, Francisco Marhuenda, Vicente Vallés, Pablo Motos y Antonio García Ferreras… Podemos entender estos comportamientos de ahora mismo de determinados medios con la noticia reciente de Público, según la cual la Xunta de Galicia adjudicó 1.250.000 euros a seis empresas editoras y propietarias de periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión estatales justo después de que Feijóo accediera a la Presidencia del Partido Popular. El sábado 30 de abril, y el lunes siguiente, 2 de mayo, 200.000 euros a Vocento, propietaria de ABC, el dominical XL Semanal y 13TV. Tres días después, el jueves 5 de mayo, adjudicó otros 300.000 euros a la cadena COPE. El viernes 6 de mayo, la Xunta suscribió otros dos contratos: uno por 200.000 euros con Prisa, dueña de El País y de la cadena SER; y otro por 300.000 euros con Audiovisual Española 2000, editora del diario La Razón y vinculada al Grupo Planeta, a su vez accionista de referencia de Atresmedia, propietaria, entre otros medios, de Antena 3 y de la sociedad que gestiona Onda Cero. El viernes 9 de mayo, la Axencia Turismo de Galicia adjudicó 200.000 euros a Unidad Editorial, editora, entre otros, de El Mundo, Marca, Expansión y la revista Telva. De ello, puede que tenga algo que ver la directora de Imagen y Proyección del PP, Mar Sánchez Sierra, que antes había sido secretaria xeral de Medios de la Xunta y que desde el 2009 controlaba todas las ayudas, contratos y convenios del Ejecutivo gallego con los medios y empresas privadas de comunicación. Nada nuevo bajo el sol. Ya lo dijo en los años 20 del siglo pasado el conde de Romanones: Sin una buena preparación de propaganda por medio de la prensa, ninguna campaña política obtiene éxito. Se han pasado muchos años sin que los gobernantes se dieran cuenta

De acuerdo con lo expuesto, se entiende que la gran mayoría de los medios estén ahora trabajando a conciencia para la llegada de las derechas a la Moncloa a golpe de noticias favorables a ellas y encuestas prefabricadas. Vox ya está blanqueado y Feijóo paradigma de la sensatez, del equilibrio y de la buena gestión. Vamos, Churchill a su lado un aprendiz. Un ejemplo. El pasado 19 de mayo, en Al Rojo Vivo Ferreras eufórico anunciaba la encuesta del CIS sobre los partidos políticos: “Ya el PP-Vox superan a PSOE-UP”. Conclusión, ya tenemos un gobierno de la derecha, como si fuera la ley de gravedad. En la noticia no se habló de otros partidos políticos, que tienen unos 40 diputados. En el Congreso de Diputados actual: ERC, 13; JxCat, 8; PNV, 6: Bildu, 5; Más-País, 3; Cup, 2; BNG, 1; Teruel Existe, 1… Estas fuerzas políticas confío que sean un reaseguro para evitar el gobierno de PP-VOX.

Mas lo evidente es que una máquina mediática tan potente y tan bien engrasada al final alcanza sus objetivos. Ý así vemos que Vox vaya a subir en Andalucía según las encuestas a pesar de una candidata que en sede parlamentaria cita a José Antonio Primo de Rivera; que un personaje como Juan García-Gallardo alcance la vicepresidencia de Castilla y León, desde la que desprecia vilmente a una diputada del PSOE por su incapacidad -supongo que sus 200.000 votantes de Castilla y León reflexionarán sobre este hecho vergonzoso-; que se haya impuesto tal animadversión contra el Gobierno de coalición que, con sus luces y sus sombras, en los momentos más complicados de nuestra democracia está mejorando la vida de una buena parte de la población; que precisamente muchos de los beneficiarios de sus políticas con los ERTES, subida del salario mínimo interprofesional, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, con la revalorización de las pensiones, con una nueva reforma laboral que corrige en parte las graves secuelas para el trabajador de la anterior, entre otras, manifiesten enfurecidos en las barras de los bares su disposición a votar a la ultraderecha. La situación es muy preocupante. No quiero llegar a pensar en un gobierno de coalición PP-Vox, en el que pudieran estar de vicepresidente, Santiago Abascal; de ministro del Interior, Francisco Ortega Smith; de ministra de Educación, Cultura y Deporte, Macarena Olona; de ministro de Defensa, Iván Espinosa de los Monteros; y de ministra de Igualdad, Rocío Monasterio…. ¿No es lo suficientemente preocupante? Mas este país es un país sin memoria y un país sin memoria es un país a merced del viento, en el que puede ocurrir cualquier cosa.

No obstante, ante una situación de un peligro tan inminente, hay que tomar medidas drásticas. Al respecto me parecen muy pertinentes las reflexiones de Steven Forti en su libro Extrema derecha 2.0 Qué es y cómo combatirla, que expongo a continuación, además de otras añadidas personales. Los partidos democráticos tienen que implementar los cordones “democráticos” para impedir el ingreso de la extrema derecha en los gobiernos y las instituciones. Esto incumbe, especialmente, pero no solo, a las formaciones de la derecha conservadora tradicional que, en esta cuestión, debería actuar como Merkel y no como Berlusconi, Casado, Feijóo, Mañueco, Moreno Bonilla… Como destaca Acha Ugarte en su libro Analizar el auge de la extrema derecha, la aplicación del “cordón sanitario”, yo prefiero llamarlo “cordón democrático”, solo puede ser una estrategia exitosa si es conjunta y coordinada, y carece de sentido si no la secundan todos los partidos democráticos. Este cordón democrático no supone la solución del problema; es solo un paliativo, o si se quiere, un primer dique de contención para evitar que la marea ultraderechista entre en las instituciones, con las secuelas que estamos contemplando en el gobierno de Castilla y León. Tengo mis serias dudas que el PP de Feijóo esté por esta labor. La izquierda también debe ser responsable, y superar determinados bloqueos mentales y prejuicios políticos para alcanzar pactos con las derechas clásicas, al menos en esta cuestión. Cuando hablo de derechas clásicas mantengo en ellas, lo que me supone no poco esfuerzo, al PP de Feijóo con el que discrepo en muchas cosas. No lo hago con el PP de Ayuso- ¿tiene alguna diferencia con Rocío Monasterio? -ya que en alguna ocasión es más extremista. La izquierda debe mostrarse pragmática, mientras que la derecha debe evitar caer en el gravísimo error del cortoplacismo: la extrema derecha no desparecerá si compra y asume su discurso o si se alía con ella. Todo lo contrario, de esa forma, además de hacer un flaco favor a los valores democráticos, se la blanquea, se la legitima y se la normaliza. Ahora desde la cúpula del PP se está educando a sus votantes en ese sentido. Y el resultado de esta actuación del PP suele ser uno de los dos: o bien la ultraderecha se convierte en hegemónica -como en el caso italiano con la Liga y Los Hermanos de Italia, que devoraron a Forza Italia- o bien la derecha tradicional se ultraderechiza en cuanto a su discurso y propuestas políticas, manteniendo, de todas formas, como una opción válida a la ultraderecha -como en el caso austriaco, danés y en alguna comunidad autónoma en España-. Como conclusión, nadie debería utilizar la carta de la ultraderecha-ni como posibilidad ni como espantajo- con el fin de buscar réditos electorales.