Un régimen al margen de la ley

¡En manos del Gobierno está acabar con los privilegios!

La Memoria Histórica no es una cuestión aparte de todas las demás cuestiones que comportan las principales demandas políticas de la mayoría social. La Memoria vive en el centro de los principales problemas democráticos y sociales. Situación que deviene como consecuencia del cierre en falso, que tanto la dictadura como la “democracia” hicieron de las relaciones de poder establecidas por los vencedores, de una parte, y de las víctimas de la Guerra Civil y la represión, de otra.

El tiempo transcurrido, que abarca ya la vida de varias generaciones, se ha encargado de alejar los acontecimientos; pero las cuestiones no resueltas no han hecho sino agravarse en sus efectos políticos. El periodista Antonio Maestre plantea este asunto en su libro que lleva por título “FRANQUISMO S.A.”, que anda por la octava edición, en cuya portada se puede ver una fábrica con unas chimeneas industriales humeantes cuya base está constituida por un montículo de calaveras amontonadas. Para el escritor el fondo de la cuestión de la Memoria Histórica es “la responsabilidad moral de las élites que se lucraron al calor del franquismo”; preguntándose: “¿son legítimos los patrimonios transmitidos a sus herederos? Ilustres nombres de la oligarquía empresarial y política que se enriquecieron con la represión, la corrupción o las íntimas relaciones con la dictadura franquista siguen ocupando hoy cargos de responsabilidad en consejos de administración, administraciones públicas o fundaciones de todo tipo sin que la sociedad exija una sanción o una compensación”. Y si alguien se ha favorecido de manera muy especial con el franquismo, estos son sus herederos políticos más directos, que detentan el poder político sumergidos en la impunidad total, y autores de los principales escándalos que comportan la evidente corrupción de Estado, seguido de la extensión del clientelismo vertical.

Esta relación entre el pasado y el presente de las relaciones políticas del poder aparecen en modo superlativo en la reciente decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, por la que se exonera a Juan Carlos de Borbón de diversos delitos criminales cometidos durante su reinado, que la Fiscalía subraya sin ninguna ambigüedad, manifestando a continuación no poder imputarle de los mismos, bien por tratarse de una persona que gozaba del privilegio de inviolabilidad como Jefe de Estado, o bien porque, por el tiempo transcurrido, los delitos han prescrito.

La inviolabilidad, como prerrogativa personal del monarca, declarada en las Constitución del 78, sitúa a éste por encima de la ley, en su función de Jefe de Estado impuesto, pero la justicia amplía la inviolabilidad a todos y cada uno de sus actos de su misma vida personal, como si se tratase de una persona sagrada. Consideración ésta que nada tiene que ver con el principio de igualdad ante la ley, ni con el supuesto Estado de Derecho (aquél en el que las actividades públicas y privadas están reguladas conforme a la ley), del que tan gratuitamente se reclaman tanto la derecha como la izquierda oficial del régimen monárquico.

El profesor de Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, afirmaba hace unos meses en un acto sobre la crisis de la monarquía celebrado en la ciudad de Córdoba, que “Juan Carlos se ha enriquecido utilizando su cargo como Jefe del Estado y no ha pagado impuestos y, por ello, es perfectamente lícito decir en público como crítica política estas seis palabras: el Rey emérito es un ladrón”…/…”aunque por sus privilegios no haya sido juzgado ni condenado creo que es evidente un enriquecimiento ilícito”. Anticipándose de esta manera a la escandalosa exoneración practicada por de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La ausencia de acusación penal por parte de Fiscalía no exime, sin embargo, del cumplimiento de otras leyes que expresamente competen a todos los miembros de la Casa Real, como la Ley 23/1982 de 16 de junio del Patrimonio Nacional, instancia dependiente del Gobierno, que en sus principios generales establece que “Los miembros de la Familia Real no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores y servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”…/…”Los miembros de la Familia Real no podrán aceptar regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas”. Establece que los regalos de carácter institucional se incorporarán al Patrimonio Nacional. Así mismo la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, obliga a la Casa Real a devolver íntegramente todas las cantidades y bienes recibidos.

El cumplimiento de estas leyes que afectan al funcionamiento de la Casa Real es responsabilidad del Gobierno, de quien depende el Patrimonio Nacional.

En la Exposición de Motivos de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (Ley Zapatero de Memoria Histórica), se dice: “Es la hora, así, de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia”. Pues bien, esa hora aún no ha llegado quince años después, lo que tiene que ver con la anómala “democracia española” que, una y otra vez, se niega a devolver la dignidad a las víctimas del franquismo impidiendo que puedan ser juzgados personajes como Martín Villa, encausado por un tribunal argentino por crímenes de lesa humanidad como ministro de la monarquía.

La democracia que se exige es la que parte de la soberanía del pueblo y/o de los pueblos, y no la que prorroga el “atado” franquista. En tal sentido, ya nos dirigimos al Congreso en el momento que el Gobierno Sánchez presentó su ley de Memoria a las Cortes Generales con un llamamiento internacional firmado por 5.956 personas de doce países del mundo, reclamando Verdad, Justicia y Reparación contra la impunidad del régimen monárquico. Y ahora expresamos públicamente nuestro apoyo al manifiesto que denuncia que “Todas las iniciativas parlamentarias que tienen que ver con estos derechos se encuentran paralizadas en el Congreso y el Senado sin que existan plazos fijados para su tramitación efectiva. La Ley de Memoria Democrática, La Ley de Secretos oficiales, la Ley de Bebés Robados y la modificación del Código Penal para la incorporación del principio de legalidad internacional en el derecho interno, llevan años arrinconadas, sin que ahora parezcan existir certezas de que vayan a ser tramitadas y sancionadas”. Manifiesto que se presentará próximamente en Cortes.

Acabar con la impunidad franquista es no solo la bandera de las víctimas, sino y también de todos cuantos promuevan el cambio político e institucional capaz de reconocer los derechos de las víctimas y acabar con la corrupción de Estado. Lo cual comprende también hacer uso de aquellas leyes que el Gobierno se niega a aplicar para acabar con la corrupción de Estado, recabando todos los bienes que están de forma ilegal en manos de la Casa Real, terminando con el bloqueo reiterado de las demandas de investigación políticas por una comisión de las Cortes Generales.

Se cumple el decimoquinto día de guerra en Ucrania sin que los organismos internacionales sean capaces de evitar su extensión. Miles de víctimas y dos millones de evadidos ponen de relieve el nivel de la catástrofe. La guerra económica, comercial y financiera dirigida por las grandes potencias adquiere un matiz desconocido. Las tradiciones obreras y democráticas contra las guerras imperialistas ponen de relieve que el único aliado de los pueblos son los trabajadores, para garantizar la resistencia a las anexiones y el derecho de autodeterminación nacional. Las grandes potencias apuestan por la destrucción de riqueza social, y por ello impiden la libre expresión de la voluntad política de los pueblos, para mantener la opresión y exacerbar las desigualdades. El grito principal de todas las movilizaciones sigue siendo: ¡Alto a la guerra!