La Plataforma por la Comisión de la Verdad
celebra en el Senado el día internacional del derecho a la verdad y
denuncia las carencias normativas y las dificultades prácticas para
hacer efectivo este derecho en España
Movimiento memorialista y partidos políticos reclaman la aprobación de la nueva ley de memoria democrática / Mauricio Valiente Ots
Derecho a la Verdad Movimiento memorialista y partidos políticos reclaman la aprobación de la nueva ley de memoria democrática La Plataforma por la Comisión de la Verdad celebra en el Senado el día internacional del derecho a la verdad y denuncia las carencias normativas y las dificultades prácticas para hacer efectivo este derecho en España
Ayer se celebró el día internacional del derecho a la verdad en
la sala Clara Campoamor del Senado, organizada por la Plataforma por la
Comisión de la Verdad y la asistencia de una amplia representación del
movimiento memorialista. El acto ha sido una ocasión para denunciar las
carencias normativas y las dificultades prácticas para hacer efectivo
este derecho en España. En la inauguración de la jornada, el secretario
de estado de memoria democrática, Fernando Martínez, ha destacado la
oportunidad que ofrece la nueva ley para avanzar en lo que ha definido
como el “deber de memoria”; se ha comprometido a que el actual texto
será mejorado durante su tramitación parlamentaria, mostrándose abierto a
introducir mejoras a partir de las enmiendas presentadas, y ha
exhortado a los grupos políticos que sepan valorar qué es lo principal y
que es lo secundario. El secretario de estado de memoria democrática ha
reconocido que el principal escollo en este momento es la referencia a
la ley de amnistía, algo que ha considerado que no tendría que ser
decisivo para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo.
Las organizaciones memorialistas asistentes han reclamado la necesidad de avanzar en la tramitación de ley y superar los escollos que todavía existen para evitar que un cambio de gobierno o la falta de voluntad de determinadas administraciones bloqueen la aplicación de las políticas públicas de memoria. Se ha insistido que el derecho a la verdad es fundamental para las víctimas y sus familiares, pero también para los victimarios, su identificación y denuncia, porque no se trata sólo de un resarcimiento individual sino de una aspiración del conjunto de la sociedad. La modificación del currículum escolar ya recogido en la reciente ley educativa, la LOMLOE, se desarrolla en el proyecto de ley de memoria democrática, pero, a juicio de los representantes de las organizaciones asistentes, debe ser aplicado desde el conjunto de las administraciones, lo que exige un seguimiento pormenorizado para acabar con la excepción española de la amnesia de nuestra pasado más cercano.
Las organizaciones memorialistas asistentes han reclamado la necesidad de avanzar en la tramitación de ley y superar los escollos que todavía existen para evitar que un cambio de gobierno o la falta de voluntad de determinadas administraciones bloqueen la aplicación de las políticas públicas de memoria. Se ha insistido que el derecho a la verdad es fundamental para las víctimas y sus familiares, pero también para los victimarios, su identificación y denuncia, porque no se trata sólo de un resarcimiento individual sino de una aspiración del conjunto de la sociedad. La modificación del currículum escolar ya recogido en la reciente ley educativa, la LOMLOE, se desarrolla en el proyecto de ley de memoria democrática, pero, a juicio de los representantes de las organizaciones asistentes, debe ser aplicado desde el conjunto de las administraciones, lo que exige un seguimiento pormenorizado para acabar con la excepción española de la amnesia de nuestra pasado más cercano.
La mesa de representantes de los grupos parlamentarios ha sido muy interesante por el reflejo de las distintas posiciones que mantienen en la negociación de las enmiendas. El PNV ha manifestado su voluntad de apoyar la ley y ha recordado, en lo referido al derecho a la verdad, la necesidad de desbloquear la reforma de la ley de secretos oficiales, una reminiscencia del régimen franquista que todavía perdura, estableciendo un sistema de plazos que permita desclasificar una documentación que ampara la impunidad de hechos como el asesinato de los cinco trabajadores de Vitoria en marzo de 1976. El portavoz de ERC ha defendido la necesidad de introducir reformas en el proyecto como la declaración de ilegalidad de la dictatura, la nulidad de las sentencias y no la simple anulación, poniendo el ejemplo de Puig Antich, y la necesidad de derogar los apartados e) y f) del artículo 2 de la ley de amnistía.
Enrique Santiago, portavoz del grupo parlamentario de UP y secretario general del PCE, ha recordado el origen de este día y la importancia de las movilizaciones sociales para que esta reivindicación avance en el mundo y en España. La impunidad ideada por los perpetradores de golpes de estado y graves violaciones a los derechos humanos ha sido derrotada en el cono sur americano, gracias al compromiso de las organizaciones sociales y el trabajo de los juristas especializados, como el caso de Joan Garcés presente en el acto. Al denunciar la impunidad en España ha insistido que no puede ser que sea un caso único en el mundo y ha señalado la responsabilidad del poder judicial, de los jueces y magistrados que con sus decisiones concretas han impedido que se apliquen los principios de imprescriptibilidad y no amnistía de los crímenes de lesa humanidad. En su opinión a pesar de la aplicación directa del derecho internacional hay que reflejar en la ley un mandato expreso para impedir que los tribunales sigan evitando la investigación de estos crímenes. El objetivo es aprobar la nueva ley de memoria, en sus propias palabras, no en esta legislatura sino en el actual periodo de sesiones, es decir antes de este verano.
La jornada se ha clausurado con una reclamación unánime para la aprobación de la nueva ley de memoria democrática y la necesidad de aprovechar la que sería la última oportunidad histórica para que España no pase a la historia como un país que no supo hacer justicia con su pasado dictatorial.
Fuente → mundoobrero.es
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