No entiendo cómo no se puede coincidir en un relato que abunda en una común identidad democrática y europea, antidictatorial y por las libertades. ¿O es que alguien puede sostener que la dictadura fue positiva para España, o que la democracia no fue una conquista de la sociedad española?
La democracia de la memoria
Nicolás Sartorius
Ya advirtió hace años William Faulkner de que “el pasado no está muerto, a veces ni siquiera está pasado”. Por eso, en mi opinión yerran, quizá interesadamente, aquellos que desprecian la importancia del pasado y de su memoria. Aducen como argumento, supuestamente pragmático, que lo que interesa es “mirar hacia el futuro”, cuando en realidad ese “futuro”, siempre incierto, puede colmarse con diferentes contenidos, dependiendo del conocimiento exacto que tengamos de lo ya acontecido. Desconocer esto último es el camino más corto para acabar cometiendo los mismos errores de siempre. Por esta razón siempre he desconfiado de aquellos que repiten esa frase tan manida de “dejemos el pasado en paz” y ocupémonos del futuro. Me suena como aquel que ha cometido una trapacería, fechoría, crimen o abuso y pretende que caiga en el olvido, como forma de lograr la absolución o condonación del delito, con la finalidad no confesada de poder seguir incurriendo en la misma actitud. Por el contrario, si se tiene un pasado limpio y honesto, ya sea individual o colectivo, no aparece esa pulsión a “perder la memoria”, sino más bien lo contrario.
En base a estas someras reflexiones, hace ya más de veinte años que abordé esta cuestión en un libro titulado “La Memoria Insumisa: sobre la dictadura de Franco”, junto con el inolvidable amigo Javier Alfaya. ¿Por qué esta insumisión de la memoria? Porque nos dimos cuenta de que se le estaba hurtando a la ciudadanía española su pasado más reciente, con consecuencias nefastas para la cultura y la identidad democráticas de España. Operación que consistió en confundir la necesaria amnistía con la fatídica amnesia. Es evidente, que la convulsa y fratricida historia de España -cuatro guerras civiles en 100 años- exigía como fundamento de la reconciliación nacional una Ley de Amnistía de doble dirección, pero de ninguna manera una operación de amnesia sobre lo acontecido durante la Guerra Civil y la dictadura. Por la sencilla razón de que no puede haber una profunda identidad democrática sin una crítica severa y veraz de lo que significó aquel periodo de nuestra historia. Una democracia no se puede sustentar en el olvido y menos aún en una incompleta y falsa memoria. Tuvimos la impresión de que el relato de la llamada Transición se había sustentado, en versión de los medios de comunicación, en el papel de unas élites, en muy pocas personas, como si estuviéramos ante una “democracia otorgada” y no conquistada, un remedo actualizado de aquel Estatuto Real de 1834, a la muerte de Fernando VII. Nada más alejado de la verdad histórica, porque las libertades y la Constitución de 1978 -¡tres años después de la muerte del Dictador!- fue la obra de la movilización de amplísimos sectores sociales, en especial trabajadores y estudiantes, que hicieron inviable la continuidad de la dictadura bajo otras formas -gobierno Arias- e imprescindibles los pactos y consensos del tránsito a la democracia. Movilizaciones y luchas que son desconocidas para la mayoría de la ciudadanía española actual, que ni se las han enseñado en las escuelas, ni las han visto en las televisiones o en los cines, a diferencia de lo sucedido en Francia, en Alemania o en Italia ante situaciones similares.
Por eso resulta tan trascendental el proyecto de Ley sobre la Memoria Democrática, pendiente de aprobación por el Congreso de los Diputados. Una ley que tiene por finalidad contribuir a promocionar “formas de ciudadanía abiertas e inclusivas” y “vacunar contra las derivas totalitarias o antidemocráticas”. Viene, de otro lado, a colmar un profundo vacío en la trayectoria de nuestra democracia, “en el conocimiento de los sacrificios de hombres y mujeres en la lucha por las libertades… personas perseguidas, encarceladas, torturadas, expropiadas”. Si coincidimos en que “la conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad española”, no podemos eludir el tomar como referencia la lucha individual y colectiva de las mujeres y los hombres de España por la conquista de esa libertad y democracia. Es, sin duda, una deuda que tiene la sociedad española con su pasado. Y es la manera de que la reconciliación nacional no sea una frase vacía, pues no hay reconciliación sin verdad, sin reparación y sin memoria, por medio de un relato común democrático que pueda ser compartido en base a los valores de la libertad y de los derechos humanos.
Por esta razón la ley acierta cuando parte de la condena del golpe de Estado de 1936 y considera radicalmente nulas las condenas de los tribunales –militares, el TOP- por motivos políticos o sociales; al reivindicar la lucha de las mujeres y la represión que sufrieron por serlo; abogar por la indagación y la condena de la sustracción de menores; la asunción por el Estado de la investigación de las fosas comunes y su reparación; la restauración de los bienes expoliados durante la guerra civil y la dictadura; la eliminación de símbolos, honores y títulos que traen causa de la dictadura, o anteriores a la aprobación de la Constitución; la sanción de la apología del franquismo y el golpe de Estado. Mención especial merecen, a mi juicio, las medidas encaminadas a la pedagogía anti dictatorial y pro democrática en la educación, en los espacios públicos, en los medios de comunicación.
No conviene olvidar que España fue el único país de Europa que, desde el inicio, se defendió con las armas frente a su fascismo y que tuvo que conquistar la democracia por su propio esfuerzo, sin intervenciones militares, ya fuesen de los aliados -casos de Francia, Alemania, Italia, etc.- o del propio ejército -Portugal-. Fue pues la conjunción de la fuerte movilización de diferentes sectores sociales, la capacidad de negociación y consenso de las fuerzas políticas y sociales y la asunción democrática del entonces Rey/Jefe del Estado, lo que hizo posible el tránsito a la democracia. Una democracia cuya pieza maestra es la Constitución de 1978. Sin olvidar que también fue trascendente la Ley de Amnistía, símbolo de la reconciliación de la sociedad española. En este sentido, siempre me he sentido identificado con las palabras que pronunció Marcelino Camacho en el Congreso de los Diputados, en nombre del PCE, en defensa de la ley: “Hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores… y pedimos amnistía para todos sin exclusión del lugar en que hubiera estado cada uno”. Por ese motivo nunca he defendido la persecución judicial de aquellos que estuvieron en un bando u otro en la guerra o en la dictadura, lo que no empece para que los delitos contra la Humanidad que pudieran haberse cometido puedan ser perseguidos si así lo dictamina un tribunal de justicia y exista el sujeto perseguible. Por el contrario, siempre me han parecido esenciales los actos de democracia de la memoria, que se conociera la verdad de lo que significó aquella dictadura nefasta y el cívico y esforzado empeño de la sociedad española para acabar con ella y conquistar la democracia.
No puedo comprender, por lo tanto, que personas democráticas se opongan a esta ley tan necesaria. Una ley que, al fin, viene a saldar la deuda que la democracia española tiene con ese pasado de lucha por la libertad. Y conviene decir que, por esas libertades, en una intensidad u otra, pugnaron y se sacrificaron personas de ideologías y creencias plurales y diversas, que pertenecían a partidos y fuerzas sociales diferentes. Entre esas personas encontramos a republicanos y monárquicos, a católicos y ateos, a comunistas, socialistas, socialdemócratas, liberales, democratacristianos y, en su última fase, incluso, aquellas que, de un modo u otro, habían colaborado con la dictadura. No entiendo cómo no se puede coincidir en un relato que abunda en una común identidad democrática y europea, antidictatorial y por las libertades. ¿O es que alguien puede sostener que la dictadura fue positiva para España, o que la democracia no fue una conquista de la sociedad española? Como quizá todavía hay personas que por ignorancia o prejuicios pueda pensar lo contrario, es más necesario que nunca una Ley de la Memoria Democrática que restablezca, de una vez, la Democracia de la Memoria.
En base a estas someras reflexiones, hace ya más de veinte años que abordé esta cuestión en un libro titulado “La Memoria Insumisa: sobre la dictadura de Franco”, junto con el inolvidable amigo Javier Alfaya. ¿Por qué esta insumisión de la memoria? Porque nos dimos cuenta de que se le estaba hurtando a la ciudadanía española su pasado más reciente, con consecuencias nefastas para la cultura y la identidad democráticas de España. Operación que consistió en confundir la necesaria amnistía con la fatídica amnesia. Es evidente, que la convulsa y fratricida historia de España -cuatro guerras civiles en 100 años- exigía como fundamento de la reconciliación nacional una Ley de Amnistía de doble dirección, pero de ninguna manera una operación de amnesia sobre lo acontecido durante la Guerra Civil y la dictadura. Por la sencilla razón de que no puede haber una profunda identidad democrática sin una crítica severa y veraz de lo que significó aquel periodo de nuestra historia. Una democracia no se puede sustentar en el olvido y menos aún en una incompleta y falsa memoria. Tuvimos la impresión de que el relato de la llamada Transición se había sustentado, en versión de los medios de comunicación, en el papel de unas élites, en muy pocas personas, como si estuviéramos ante una “democracia otorgada” y no conquistada, un remedo actualizado de aquel Estatuto Real de 1834, a la muerte de Fernando VII. Nada más alejado de la verdad histórica, porque las libertades y la Constitución de 1978 -¡tres años después de la muerte del Dictador!- fue la obra de la movilización de amplísimos sectores sociales, en especial trabajadores y estudiantes, que hicieron inviable la continuidad de la dictadura bajo otras formas -gobierno Arias- e imprescindibles los pactos y consensos del tránsito a la democracia. Movilizaciones y luchas que son desconocidas para la mayoría de la ciudadanía española actual, que ni se las han enseñado en las escuelas, ni las han visto en las televisiones o en los cines, a diferencia de lo sucedido en Francia, en Alemania o en Italia ante situaciones similares.
Por eso resulta tan trascendental el proyecto de Ley sobre la Memoria Democrática, pendiente de aprobación por el Congreso de los Diputados. Una ley que tiene por finalidad contribuir a promocionar “formas de ciudadanía abiertas e inclusivas” y “vacunar contra las derivas totalitarias o antidemocráticas”. Viene, de otro lado, a colmar un profundo vacío en la trayectoria de nuestra democracia, “en el conocimiento de los sacrificios de hombres y mujeres en la lucha por las libertades… personas perseguidas, encarceladas, torturadas, expropiadas”. Si coincidimos en que “la conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad española”, no podemos eludir el tomar como referencia la lucha individual y colectiva de las mujeres y los hombres de España por la conquista de esa libertad y democracia. Es, sin duda, una deuda que tiene la sociedad española con su pasado. Y es la manera de que la reconciliación nacional no sea una frase vacía, pues no hay reconciliación sin verdad, sin reparación y sin memoria, por medio de un relato común democrático que pueda ser compartido en base a los valores de la libertad y de los derechos humanos.
Por esta razón la ley acierta cuando parte de la condena del golpe de Estado de 1936 y considera radicalmente nulas las condenas de los tribunales –militares, el TOP- por motivos políticos o sociales; al reivindicar la lucha de las mujeres y la represión que sufrieron por serlo; abogar por la indagación y la condena de la sustracción de menores; la asunción por el Estado de la investigación de las fosas comunes y su reparación; la restauración de los bienes expoliados durante la guerra civil y la dictadura; la eliminación de símbolos, honores y títulos que traen causa de la dictadura, o anteriores a la aprobación de la Constitución; la sanción de la apología del franquismo y el golpe de Estado. Mención especial merecen, a mi juicio, las medidas encaminadas a la pedagogía anti dictatorial y pro democrática en la educación, en los espacios públicos, en los medios de comunicación.
No conviene olvidar que España fue el único país de Europa que, desde el inicio, se defendió con las armas frente a su fascismo y que tuvo que conquistar la democracia por su propio esfuerzo, sin intervenciones militares, ya fuesen de los aliados -casos de Francia, Alemania, Italia, etc.- o del propio ejército -Portugal-. Fue pues la conjunción de la fuerte movilización de diferentes sectores sociales, la capacidad de negociación y consenso de las fuerzas políticas y sociales y la asunción democrática del entonces Rey/Jefe del Estado, lo que hizo posible el tránsito a la democracia. Una democracia cuya pieza maestra es la Constitución de 1978. Sin olvidar que también fue trascendente la Ley de Amnistía, símbolo de la reconciliación de la sociedad española. En este sentido, siempre me he sentido identificado con las palabras que pronunció Marcelino Camacho en el Congreso de los Diputados, en nombre del PCE, en defensa de la ley: “Hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores… y pedimos amnistía para todos sin exclusión del lugar en que hubiera estado cada uno”. Por ese motivo nunca he defendido la persecución judicial de aquellos que estuvieron en un bando u otro en la guerra o en la dictadura, lo que no empece para que los delitos contra la Humanidad que pudieran haberse cometido puedan ser perseguidos si así lo dictamina un tribunal de justicia y exista el sujeto perseguible. Por el contrario, siempre me han parecido esenciales los actos de democracia de la memoria, que se conociera la verdad de lo que significó aquella dictadura nefasta y el cívico y esforzado empeño de la sociedad española para acabar con ella y conquistar la democracia.
No puedo comprender, por lo tanto, que personas democráticas se opongan a esta ley tan necesaria. Una ley que, al fin, viene a saldar la deuda que la democracia española tiene con ese pasado de lucha por la libertad. Y conviene decir que, por esas libertades, en una intensidad u otra, pugnaron y se sacrificaron personas de ideologías y creencias plurales y diversas, que pertenecían a partidos y fuerzas sociales diferentes. Entre esas personas encontramos a republicanos y monárquicos, a católicos y ateos, a comunistas, socialistas, socialdemócratas, liberales, democratacristianos y, en su última fase, incluso, aquellas que, de un modo u otro, habían colaborado con la dictadura. No entiendo cómo no se puede coincidir en un relato que abunda en una común identidad democrática y europea, antidictatorial y por las libertades. ¿O es que alguien puede sostener que la dictadura fue positiva para España, o que la democracia no fue una conquista de la sociedad española? Como quizá todavía hay personas que por ignorancia o prejuicios pueda pensar lo contrario, es más necesario que nunca una Ley de la Memoria Democrática que restablezca, de una vez, la Democracia de la Memoria.
Fuente → eldiario.es
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