(CEAQUA, COORDINADORA ESTATAL DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA)

MIENTRAS EL PSOE EN EL DÍA DE AYER, 15 DE MARZO, IMPEDÍA EN EL CONGRESO FACILITAR LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LOS CRÍMENES FRANQUISTAS, LA JUEZA SERVINI DE CUBRÍA ACORDABA DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN LA QUERELLA ARGENTINA

            En el día de ayer, 15 de marzo, se votó en el Pleno del Congreso de los Diputados la toma en consideración de una iniciativa legislativa impulsada por CEAQUA y trabajada en el intergrupo de Memoria y Derechos Humanos del propio Congreso, consistente en la modificación del Código Penal para introducir el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

            Dicha iniciativa tenía por objeto remover uno de los obstáculos principales que invocan reiteradamente los Juzgados y Tribunales españoles para investigar y enjuiciar los crímenes franquistas, el principio de legalidad. Con dicha modificación se pretendía trasponer a nuestro Código Penal una previsión normativa establecida en diferentes Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado español, entre otros en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

            La toma en consideración fue rechazada como consecuencia del voto en contra del grupo parlamentario del Partido Socialista Obrero Español que, en esta materia, se alineó con la posición mantenida por los Grupos Parlamentarios del Partido Popular y Vox.

            La iniciativa obtuvo 70 votos a favor y si el PSOE la hubiera apoyado habría sido aprobada y en consecuencia, habría continuado su tramitación parlamentaria.

            De esta forma el PSOE, una vez más, refuerza y consolida el modelo de impunidad del Estado español que impide la investigación judicial de los crímenes franquistas.

            Desde CEAQUA queremos agradecer el trabajo y el apoyo de las fuerzas parlamentarias que votaron a favor de la iniciativa: Candidatura d´Unitat Popular –que tuvo la deferencia de “consumir cupo” para que se pudiera tomar en consideración la proposición de ley-, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Más País, Compromís, Junts Per Catalunya y Bloque Nacionalista Galego.

            Paradójicamente, mientras se producía ayer el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados y se ponía de manifiesto, una vez más, la voluntad inequívoca de los grupos parlamentarios mayoritarios respecto al mantenimiento y sostén del modelo de impunidad del Estado español, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Argentina, a cargo de la Jueza Servini de Cubría, notificaba una resolución en la que acordaba la práctica de una serie de diligencias probatorias cuya finalidad no es otra que reforzar la responsabilidad penal que le es imputada a Rodolfo Martín Villa en relación con los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante el período comprendido entre 1976 y 1979 en el que fue Ministro de Relaciones Sindicales, de Gobernación e Interior.

            Así, de forma muy resumida la Jueza Servini acuerda, mediante la emisión de las correspondientes comisiones rogatorias que deben ser cumplimentadas por el Estado español, que se le facilite información respecto a:

            1.- Las medidas gubernamentales que se hubieran dispuesto entre los años 1976/1978 para combatir o contener las acciones de los grupos de ultraderecha y el accionar represivo de las fuerzas de orden público.

            2.- Instrucciones o directrices que pudieran haber impartido las autoridades de la época y en particular Rodolfo Martín Villa respecto a cómo debían disolverse las manifestaciones o movimientos huelguísticos.

            3.- Si durante dicho período por parte del Ministerio se impartió alguna directriz para que se restringiera el uso de armas de fuego en el proceso de disolución de manifestaciones.

            4.- Actuaciones administrativas o procesos penales incoados en los años 1976/1978 a partir de la actuación de las fuerzas de orden público en la dispersión de manifestaciones en la vía pública, si existió algún tipo de imputación penal concreta y condena a persona alguna de esas fuerzas actuantes.

            5.- Número de procesos iniciados y resultado de los mismos entre los años 1976/1978 en el que fueran denunciadas personas pertenecientes a grupos de ultraderecha por la muerte o lesiones graves de manifestantes.

            6.- Oportunidades en las que Rodolfo Martín Villa habría sido interpelado en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el accionar de las fuerzas de orden público.

            7.- Número de personas muertas durante el período comprendido entre 1976/1978 a causa de disparos de arma de fuego por parte de las fuerzas de orden público o seguridad en la dispersión o disolución de manifestaciones o movimientos huelguísticos, etc….

            8.- Se envíe una copia del manual entregado a la Policía, al menos hasta noviembre de 1976 en el que se afirmaba que la represión no alcanza su fin si era blanda y que se debía actuar dura y enérgicamente, empleando desde la carga con la defensa hasta el fuego con toda clase de armas.

            En definitiva, Martín Villa continúa imputado en la querella argentina por 12 homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad y la Jueza Servini de Cubría impulsa nuevamente su investigación judicial al objeto de reforzar dicha imputación y que finalmente sea procesado por los citados crímenes.

            Desde CEAQUA requerimos, demandamos y exigimos al Gobierno y al Poder Judicial para que, al menos, colaboren con la Justicia argentina en la investigación de dichos crímenes, puesto que el Estado español, como puso de manifiesto una vez más en la votación que se produjo ayer en el Congreso de los Diputados, no está dispuesto a investigarlos.

            Por último desde CEAQUA continuamos con nuestro trabajo y es nuestra intención celebrar unas Jornadas de Memoria desde el 25 al 29 de marzo, de las que, en breve, recibiréis cumplida información.