Decisiones políticas y judiciales contra la impunidad

¡Sin democracia no hay Memoria!

La lucha por la Memoria es una cuestión clave de la vida política y social.

Cada clase social tiene sus tradiciones, sus organizaciones y, por tanto, la cuestión de la Memoria es inseparable de la división en clases sociales y de la misma lucha de clases de la historia.

En el año 2.000, contribuimos a establecer estas relaciones en un libro coordinado por Iva Delgado, hija del general portugués Humberto Delgado, asesinado en 1965 en España en la raya con Portugal acompañado de su secretaria, en una más que posible operación criminal conjunta de los servicios secretos españoles y portugueses, que no podían consentir la actividad política contra las dictaduras, que llevaba desde la clandestinidad el general Delgado y sus compañeros.

El citado libro editado por “Sequitur”, tiene por título “Impunidad y derecho a la memoria”, y reúne diversas colaboraciones de gentes del mundo del derecho y de la investigación histórica de varios países. En la portada de la publicación se dice: “Los más graves crímenes han sido y están siendo cometidos por personas que se sirven para ello de los recursos e instrumentos del Estado. Sin embargo, esas mismas personas se envuelven en un manto de impunidad tejido con recursos económicos, políticos y militares del propio Estado. Se declaran a sí mismo por encima de las leyes, hasta lograr llevar su delito al nivel de “crimen casi perfecto”, nunca sancionado. Llegan a negar la propia existencia del crimen. ¿Se conseguirá imponer la sanción a través del proceso penal?”. La hija del general Delgado subrayaba en la introducción: “Esperamos, con esta obra, contribuir a que la Memoria participe en la lucha contra la impunidad, a que la Memoria sirva para alertar sobre un problema que va más allá de la esfera de lo jurídico, que amenaza con proyectarse sobre el próximo milenio como la herencia de un siglo que produjo más víctimas de la violencia y de las persecuciones que cualquier otro”.

Entre las contribuciones se encuentra la de José Lopes de Mota, en aquel año 2000, Secretario de Estado de Justicia del Gobierno portugués, quien da un repaso histórico del asunto de la impunidad, señalando que al término de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles habló de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de guerra que nunca funcionó; que en la Segunda Guerra Mundial se crearon los Tribunales de Nuremberg y Tokio, que juzgaron a unos miles de criminales de los régimen fascistas y nazis, quedando otros muchos en la impunidad. La Convención de la ONU sobre el genocidio, y en 1974 la Convención Europea sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, quedó en nada, de forma que la segunda solo fue ratificada por los Países Bajos. Reconociendo que la imprescriptibilidad de los crímenes, aunque forma parte del derecho internacional (surgido de la derrota nazi fascista de la Segunda Guerra Mundial) “va disminuyendo con el paso del tiempo hasta desparecer”.

No es solo en el derecho penal donde la Memoria Histórica debe encontrar acomodo. Ese es, en concreto, el caso de los crímenes del franquismo. La represión y los consensos políticos han impedido la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas durante 83 largos años. Desde el final de la guerra la justicia no ha sido posible por falta de democracia, es decir por no existir leyes e instituciones en ruptura con el régimen. A los crímenes de guerra se han sumado los de la dictadura, y estos han establecido continuidad con el periodo actual, de forma que son inseparables, formando conjuntamente el hilo de continuidad del “atado franquista” de crímenes contra la humanidad. Continuidad política e institucional que todos los implicados tratan de borrar separando de forma artificial el régimen de la monarquía, de la dictadura y de la guerra.

Mantener viva la Memoria Histórica, tal y como hoy sucede con la demanda de procedimiento penal contra Martín Villa en Argentina, y otros dirigentes fascistas y monárquicos, que han sido acusados por el tribunal como responsables de crímenes contra la humanidad (a los que se opone el Gobierno español), implica establecer un relato político real, fuera del cuento de la Transición ejemplar y del Estado de Derecho. La mayoría de las víctimas y de los acusados han fallecido. Ejercer el derecho a la Memoria debe, por tanto, comprender la realidad de los procedimientos penales que se puedan instar todavía, y conseguir ante todo la condena política de los crímenes franquistas por las más altas instituciones y autoridades del Estado español. Estableciendo la verdad política de los hechos ocurridos y la reparación, impidiendo mediante sentencia política de las Cortes Generales la prolongación de las instituciones y leyes de la dictadura; así como poder acabar con los valores y monumentos del franquismo, que aún ocupan buena parte del espacio público.

Romper con el régimen es, por tanto, la principal asignatura pendiente de la lucha por la libertad, la democracia y la justicia. Los consensos del régimen del 78 son los que han impedido (hasta hoy) la democracia y la justicia; consensos que deben ser abandonados por todos los que se reclaman de los derechos humanos. El gobierno actual, formado mayoritariamente por ministros del Partido socialista y de Podemos e Izquierda Unida, se ha encargado de hacer un refrito de la Ley de Memoria (de la impunidad) del gobierno Zapatero, negando otra vez los derechos inalienables de las víctimas y la condena del franquismo. La Ley de Zapatero, que no ha servido ni para cambiar nombres de calles, no puede prolongarse en otra ley de su misma naturaleza, tan contraria a la democracia y al derecho que los aliados de Sánchez se han negado a votarla, por lo que se encuentra aparcada en los cajones del Congreso.

Hace 45 años de los atentados cometidos por pistoleros a sueldo contra abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid. Nadie puede decir que se hizo justicia sin faltar a la verdad. Solo se juzgó a los autores materiales, pero no se quiso descubrir la trama oficial que estaba detrás de estos y otros muchos atentados. La prensa más avanzada habló, ya en esos años, de las relaciones de los criminales con los servicios secretos españoles y con el mismo ministerio de Gobernación dirigido por Fraga Iribarne. Recordemos que el primer gobierno de la monarquía estaba siendo vapuleado por una cadena de huelgas y movilizaciones que ponían en cuestión la prolongación del régimen franquista: la vuelta de los Borbones al poder de la Jefatura del Estado, de la mano de los camisas azules y los técnicos del OPUS, gracias a los pactos y consensos.

Los asesinatos de Atocha formaron parte de una larga cadena de crímenes cometidos contra quienes trataban de ejercer derechos elementales, de huelga, manifestación, organización sindical y política independiente. Entre la represión y el consenso se ahogó la movilización, y con ella la aspiración al cambio político e institucional tan arraigados en nuestra sociedad.

Rememorando a los abogados de Atocha, traemos a la memoria a todos y cada uno de los compañeros/as que fueron detenidos, torturados, encarcelados… Más de mil víctimas cosecharon los primeros gobiernos monárquicos para sostenerse. La Transición fue una operación de violencia política e institucional contra un movimiento obrero y democrático que se recomponía.

La violencia tuvo por objeto impedir que los sindicatos y partidos obreros se reconstruyeran como expresiones de independencia de clase de los trabajadores, para lo que se les sometió a las condiciones leoninas de los Pactos de la Moncloa, y al posterior consenso constitucional. La unidad nacional en torno al “atado y bien atado franquista” conoció todo tipo de claudicaciones de los dirigentes sindicales y políticos, cuyas condiciones aún perduran.

Reclamamos, por tanto, la verdad de todos y cada uno de los atentados cometidos contra la población y la necesaria investigación y condena del régimen y sus mamporreros.

Democracia y franquismo son incompatibles. De ello tenemos la prueba en nuestra propia historia más reciente: ¡Lo llaman democracia y no lo es!

Ese plan político tendente a preservar la herencia franquista fue el que se llevó la vida de los abogados de Atocha y de tantas víctimas de la represión. Cuestión que hoy se pone en duda por el propio Martín Villa, cuando trata de justificar los asesinatos en los que él tuvo implicación política como ministro, ante el juzgado argentino que lo imputa. Como si los crímenes cometidos fueran un cúmulo de casualidades, ocultando el plan político e institucional, tendente a mantener el saqueo y la impunidad, haciendo borrón y cuenta nueva de todo el pasado más inmediato.

Hay que dejar clara la situación que vivimos: no se trata -por tanto y de hecho- de que “sin Memoria no haya democracia”, sino de que sin democracia no puede haber Memoria que haga justicia a las víctimas. Las víctimas, y quienes defienden sus derechos y memoria, son inseparables de la lucha por la libertad, la democracia, la igualdad … Por ello, no dejamos de mostrar la incompatibilidad de la democracia con el régimen de la monarquía, expresando nuestra clara aspiración republicana de cambio político y social.