El mismo gobierno que incumplió una de sus principales promesas electorales, la derogación de la Ley Mordaza, ha aprobado el 28 de diciembre – ¡con la población de fiesta!- la Ley de Seguridad Nacional donde se dota a la administración de unas “líneas de acción estratégica” frente a los “riesgos y amenazas” (sic) que tiene el Estado español.

Dicho de otra manera, se vienen tiempos de «guerra», todavía no calientes pero que están dentro de las perspectivas que se marca la misma Ley; «(…) podrían agravarse las situaciones de migraciones masivas, inestabilidad regional e incluso producirse nuevos conflictos armados».

La seguridad “nacional” imperialista

El mismo concepto de “seguridad nacional” ya tendría que hacer saltar todas las alarmas a los demócratas y antiimperialistas, puesto que no se puede olvidar que, en su nombre, y tras los atentados de 11S, los EEUU no solo invadieron y destruyeron países, sino que supuso un retroceso histórico en los derechos civiles: el Acta Patriótica, que daba carta blanca a la policía y al FBI, y la apertura de Guantánamo.

La idea de “seguridad nacional”, incluso en un estado imperialista de segunda como el español, tiene unas connotaciones expansionistas más que evidentes. De hecho, el ámbito de la misma Ley no se ciñe a las fronteras del Estado español, sino que tiene “los objetivos de las organizaciones a las que España pertenece (…), la ONU, la Unión Europea y la OTAN, con las que pretende proteger y garantizar los intereses compartidos con sus socios y aliados”.

Si en el Sahel, en Marruecos, en el Cuerno de África o el golfo de Guinea la Unión Europea, como ya sucede, envía tropas para mantener vivo el negocio de los “diamantes de sangre”, las tropas españolas serán parte del saqueo de las riquezas africanas como ya hacen los franceses en Centroáfrica o en el Golfo de Guinea. Tan es así que el mismo decreto reconoce que ya hay destinados contingentes españoles en esas zonas para luchar contra la “piratería” y la “pesca furtiva”, o lo que es lo mismo, para “defender las inversiones españolas en la región”.

Esto es hablar claro y no las declaraciones retóricas sobre los derechos humanos y minucias por el estilo. La “seguridad nacional” en el extranjero tiene como objetivo defender, ¡las inversiones españolas! Y que se sepa, el “españolito medio” no es el que invierte por el mundo adelante, sino las grandes constructoras y las infraestructuras (OHL, ACS, Acciona, etc.), las grandes de la energía (Naturgy/Gas Natural, Repsol, Iberdrola y otras), etc., es decir, el capital imperialista español.

Estudiemos la frase “defender las inversiones españolas en la región” como una fórmula algebraica, para descubrir lo que esconde la retórica; así, nos encontraríamos que la “x” (las inversiones españolas abstractas) son los capitalistas españoles, por lo que el resultado es que la “seguridad nacional” tiene de poco “nacional” y mucho de seguridad capitalista e imperialista.

Pero hay otra incógnita a despejar en la fórmula retórica de la seguridad nacional, la “multilateralidad”. El decreto, además de situarse con sus “socios y aliados” de la OTAN, con los EEUU a la cabeza, habla de que el Estado español promoverá la “multilateralidad”.

Esto sí que es la cuadratura del círculo: se promoverá la “multilateralidad” ubicándose, de antemano y sin ambages, en uno de los “lados”, el de la OTAN y la UE. Y, por si fuera poco, se definen los causantes de los “riesgos y amenazas” que dan origen a esta Ley; “el repliegue de los EEUU -«socio y aliado”- de determinados escenarios (…) dejará un vacío que será aprovechado por actores como Rusia y China. Enfrentar estos desafíos exige una firme y amplia cooperación internacional”. ¿Es esto lo que significa en realidad “multilateralidad”, la cooperación con un lado del espectro internacional frente a otro, que crea los “desafíos”?

Dicho abiertamente, si la OTAN decide que en Ucrania hay que enfrentar a Rusia, las tropas españolas deberán hacer parte de la guerra contra Rusia. Si en el Mar de China los USA y sus amigos de la alianza AUKUS (Gran Bretaña -UK por sus siglas en inglés- liberada de la disciplina de la UE y Australia) se enfrentan al ejército chino, el Estado español estará con sus amigos trasatlánticos.

Podrán hacer toda la retórica del mundo, pero es obvio que para los pueblos de África o para los rusos y los chinos la “seguridad nacional” del estado imperialista español es parte de una de las cadenas imperialistas, encabezada por los EEUU y la OTAN; y los llamamientos a la “multilateralidad” sólo esconden una política imperialista agresiva donde si están utilizando todos los medios de desinformación, subversión, etc., que en la Ley, parece, solo se utilizan «para presionar a los gobiernos democráticos» (o sea, ellos).

Unos gobiernos «democráticos» «inocentes» de toda culpa, que no usan esos mismos métodos de «desinformación» y «subversión» para socavar la «soberanía nacional» de otros estados, según les convenga para los intereses de sus capitalistas. Por favor, ¡si hasta van a parecer unas «hermanitas de la caridad»!

Enfrentar las “campañas de desinformación”

El caos provocado por la pandemia, que puso en evidencia las debilidades productivas del sistema para resolverlo aceleró las tendencias anunciadas desde la crisis del 2007/8; no obstante, también puso en solfa la credibilidad de sus medios de comunicación y la capacidad de los bulos de poner contra las cuerdas a gobiernos enteros.

Es obvio que, aunque no lo diga abiertamente, esta Ley se enmarca en una situación política donde las tensiones intercapitalistas se agudizan hasta extremos casi prebélicos (Ucrania, Taiwán, Venezuela,…), y como tal, tiene su traducción en la política interna: “En este clima de creciente tensión internacional, donde determinados actores se rearman para fortalecer sus aspiraciones estratégicas, España requiere una capacidad de disuasión creíble y efectiva, y una capacidad de defensa autónoma”.

Bajo estas palabras, la Ley de seguridad nacional bien podría llamarse “Ley de defensa nacional”, puesto que si son ciertas estas hipótesis de que el mundo está en la pendiente de “nuevos conflictos armados” como señala el decreto, no de la paz, se imponen medidas que fortalezcan la capacidad de “defensa autónoma” frente a los previsibles “quintacolumnistas” que intentarán debilitar desde dentro esa defensa nacional. En este marco se entiende que uno de los ejes de toda la Ley sea la lucha contra las “campañas de desinformación”, de “subversión”.

En una sociedad en paz (así sea capitalista) la “desinformación”, es decir, los bulos, las mentiras o por utilizar el término tan “castizo” y que tanto les gusta a los “españolazos-defensores de todo lo español” de Vox y el PP, como el anglosajón “fake news”, entraría dentro de la libertad de expresión.

Que haya informaciones falsas es habitual en todos los sistemas desde que los faraones posteriores se dedicaron a borrar todo vestigio del faraón hereje, Akenaton, o que Virgilio escribiera la Eneida a mayor gloria de la familia Julia, a la que pertenecía, oh casualidad!, Julio César y su sobrino, el emperador César Augusto, mecenas de Virgilio.

El carácter de la “desinformación” o los bulos cambia de contenido cuando ya no se dan bajo una situación de paz y estabilidad social, sino en una situación inestable, con las contradicciones agudizadas por una retórica prebélica. Es una máxima reconocida por todos que “la verdad es la primera víctima de la guerra”, y de eso la clase obrera, en guerra permanente con la burguesía, sabe mucho.

En todo conflicto obrero, sea por el salario, los puestos de trabajo o las condiciones de vida, la burguesía a través de sus medios de desinformación trabaja a destajo inventando bulos. En el reciente conflicto de Alcoa y Vestas en Galiza la mentira se convirtió en la norma: durante los más de dos años que duró la lucha, los medios de comunicación y los gobiernos no dijeron en ningún momento la verdad, que el cierre era la única opción que daban las empresas.

Hablaron de “venta” a otras empresas, ocultaron el carácter mafioso de algunos compradores (Parter, Riesgo), se llegaron a inventar inversionistas que no existían, … Todo para ocultar los verdaderos planes de las empresas y debilitar a l@s trabajador@s en su respuesta, creándoles todo tipo de ilusiones; “campaña de desinformación” a la que se sumaron, como buenos “quintacolumnistas”, las direcciones de CCOO y UGT. Esa sí fue una verdadera “campaña de desinformación” en una guerra entre la clase obrera contra las empresas y sus gobiernos.

Si no hubiera habido conflicto, guerra social, esa “campaña” habría quedado como fantasías de unos periodistas; pero las mentiras puestas al servicio de derrotar al enemigo se convierten en armas, tan peligrosas como las balas. «La política es la guerra con palabras», dijo el filósofo griego.

Lo mismo sucede con las informaciones falsas dentro del estado; si no se producen en tiempos bélicos, o prebélicos, son simples opiniones que entran dentro del ámbito de la libertad de expresión. Pero como la Ley se sitúa en un ambiente de crisis aguda entre las potencias imperialistas, se transforman en armas a las que hay que combatir con todos los medios al alcance del Estado. En estas condiciones se podrá considerar “enemigo” a todo aquel que publique informaciones que pueda debilitar la “defensa” del Estado español o acentuar la «polarización social».

Así, el texto de la Ley dice específicamente: “Por su potencial peligrosidad, cabe señalar las estrategias de desinformación de actores extranjeros, tanto estatales como no estatales, que desarrollen aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones”. Dicho claramente, este mismo artículo podría entrar en esta definición, puesto que está cuestionando una Ley clave en cualquier estado, la Ley de Seguridad Nacional.

Si a ello le sumamos, uno, que en la reforma de la Ley mordaza se mantiene, aunque en una versión suavizada, la presunción de veracidad de la policía y guardia civil poniéndoles las condiciones de que su informe sea “coherente, lógico y razonable”, y dos, la existencia de un poder judicial en manos de neofranquistas confesos y declarados, como cuando el Tribunal Supremo otorgó a Franco el carácter de Jefe del Estado desde 1936, obviando la existencia de la República y sus cargos electos

De esta combinación se deduce que uno de los principios básicos de las libertades democráticas, la presunción de inocencia queda en el congelador: toda información será analizada “preventivamente”, de “alerta temprana”, lo que es lo mismo que decir “todo el mundo es culpable salvo que demuestre su inocencia”, y la libertad de expresión pasa a estar bajo un “estado de excepción” por la lucha contra la “desinformación” basado en la presunción de veracidad de las fuerzas policiales.

La Ley de seguridad nacional puede ser una herramienta para coartar las ya de por sí limitadas libertades democráticas en el Estado español. Y si este gobierno puede no hacer aplicación de ella hasta sus extremos más antidemocráticos, en manos del PP y VOX es un arma contra la clase obrera, los pueblos y los oprimidos, que pondría en cuestión el mismo carácter democrático del régimen del 78.

¿Hacia una política de guerra?

La pandemia trastocó todas las cadenas de suministros y el aparato productivo en las potencias occidentales, que dependían de China. Con el decreto el gobierno intenta resolver los problemas que se generaron. Sin embargo, la respuesta a crisis sanitarias no es el único motivo que le lleva a tomar estas medidas; la adaptación al cambio climático es otra de las razones que impulsa a estas políticas.

Pero, y esto es lo más grave, hay un tercer motivo, geopolítico, que mueve al gobierno; la “tensión estratégica y regional” que tiene un impacto directo sobre los intereses españoles e, “incluso sobre la propia soberanía (…) cuya máxima expresión podría llegar a adoptar la forma de conflicto armado”.

El gobierno español se ubica, sin ninguna duda, en la previsión de más tensión entre “ciertos actores y un incremento de la competición estratégica entre Estados” (¿Rusia y China?), y para eso se prepara, creando “una reserva estratégica basada en capacidades nacionales de producción industrial”, intentando “asegurar que las cadenas de suministro de estos recursos no dependan excesivamente del exterior”, sobre la base de la colaboración “público/privada”.

Esto, en términos económicos, es introducir elementos de “economía de guerra” que permita mantener la independencia ante crisis planetarias como la pandemia, o que, en el peor de los casos, adquiera la forma de “conflictos armados”.

La paradoja de estas medidas del gobierno viene dada por el papel subsidiario del imperialismo español en la jerarquía de la división del trabajo; puesto que mientras se afirma que por los tres motivos señalados (crisis sanitaria por la pandemia, crisis climática y crisis interimperialista) hay que garantizar una reserva estratégica productiva y en las infraestructuras, la realidad económica mundial apunta en sentido contrario: reducir la industria en el Estado español, y mantenerla en lo que ha sido desde los años 80, una economía basada en el turismo, la construcción y los servicios, que sólo genera empleo precario y mal pagado.

¿Como se entiende, si no, que la realidad contradiga las rotundas afirmaciones del decreto sobre “planes industriales estratégicos” que reduzcan la dependencia exterior, y se admita como bueno el cierre de industrias ligadas a esos sectores estratégicos como Vestas o Gamesa en lo que hace a las energías renovables, las térmicas respecto a la energía o el aluminio primario, básico para multitud de industrias?

El gobierno español podrá hacer toda la retórica que quiera sobre la “seguridad nacional” o la “defensa de la soberanía”, lo cierto es que todos sus planes son subsidiarios respecto a sus “socios y aliados” de la UE y la OTAN, dentro la crisis social que vive el capitalismo. Por todo ello, lo único que sí será aplicable dentro del Estado español serán los recortes a las libertades en función de la lucha por la “seguridad nacional”, contra la supuesta desinformación que genere “desconfianza en las instituciones” o incremente la “polarización social”.

En plata: según esta Ley serán sospechos@s todas aquellas personas o sectores que busquen, no sólo el debilitamiento del régimen del 78, sino la ruptura con él a través de la lucha social; porque lo que es evidente, es que los “abascales”, verdaderos maestros en las campañas de desinformación, bulos y mentiras, junto con sus portavoces en los medios de comunicación, los llamados “tertulianos”, no verán en ningún momento perturbadas sus campañas contra todo aquel que pueda resultar incómodo al régimen.

Se añade un ladrillo más al muro que están construyendo para protegerse de lo que es un secreto a voces: el régimen habrá podido superar la crisis que le supuso la dimisión y huida del viejo rey, dando una apariencia de fortaleza, pero a cada paso se demuestra lo podrido que está internamente. Los medios de propaganda del régimen podrán intentar “matar al mensajero”, desprestigiándolo, pero las recientes declaraciones del comisario Villarejo sobre lo que todo el mundo sabía, demuestra que las “cloacas del estado” siguen en actividad plena.

La “Ley de seguridad nacional” es la legalización de esa actuación cuando afirma que se crearán organismos para analizar “preventivamente” las amenazas y se adoptaran medidas de “alerta temprana”, que incluyen hasta el cierre de informaciones de internet sin orden judicial. Es decir, el estado se arroga el derecho a investigar a toda persona que prevea ser un “agente” desestabilizador, sin que medie orden judicial.

En función de enfrentar los “riesgos y amenazas” contra la “soberanía nacional” la línea entre democracia y dictadura se difumina cada vez más, y esta vez el ataque viene del supuesto gobierno “más progresista de la historia”.