Entre el tardofranquismo y la Transición, los movimientos vecinales jugaron un destacado papel democratizador. En Extremadura, el cristianismo de base (HOAC, JOC), los partidos de izquierdas (ORT, PCE) o las mujeres, tuvieron especial impronta. Mérida fue pionera en el asociacionismo vecinal.

Extremadura en Transición: el papel democratizador de las asociaciones vecinales. El caso de Mérida / Francis Reina Corbacho

El derecho a la libre asociación, junto con el ejercicio del sufragio universal, se ha concebido históricamente como una de las grandes conquistas democráticas del siglo XIX. En España, aunque siempre hayan existido ejemplos de asociación ciudadana de carácter social, política o cultural, podemos situar la protección legal de este derecho durante el Gobierno Provisional de 1868-1871. En 1869, los redactores constitucionales legislaron la protección del derecho de asociación en el artículo 17 de la Constitución, “con un claro espectro liberal, donde el asociacionismo se concibe como un derecho natural, que nace de la autonomía de la voluntad del individuo” (Pelayo Olmedo, El derecho de asociación en la historia constitucional española, con particular referencia a las leyes de 1887 y 1964. Año 2007).

Por aquel entonces, la promulgación y garantía del recién legislado derecho —aun con marcadas medidas de control administrativo— albergaba temores en los políticos de la época, debido al potencial “peligro” que suponía otorgar posibilidades de asociacionismo a grupos con fines ajenos a los previstos. De hecho, casi todos los Gobiernos, a lo largo del período constitucional español previo a la Constitución de 1978, han sospechado “que las asociaciones podían ser el germen de movimientos contrarios al sistema establecido” (ibid.). Tanto en el mismo período como en los posteriores, y de manera más o menos generalizada, este derecho sufrió periódicas alteraciones de signo regresivo. 

La promulgación y garantía del recién legislado derecho albergaba temores en los políticos de la época, debido al potencial “peligro” que suponía otorgar posibilidades de asociacionismo a grupos con fines ajenos a los previstos

En 1874, por ejemplo, se ilegalizaron las asociaciones obreras y políticas (en el contexto de la Primera Internacional) por poder provocar “conspiraciones contra la seguridad pública, contra los altos y sagrados intereses de la Patria, contra la integridad del territorio español y contra el poder constituido” (Decreto del 10 de enero de 1874).

Casi cincuenta años después, ya en 1923, a través de diversos decretos gubernativos, los poderes públicos seguían encargándose de ampliar los motivos de disolución de las asociaciones (Velloso Jiménez, Los orígenes constitucionales del derecho de asociación en España (1868-1923). Año 1982). Como señala Pelayo Olmedo, “las experiencias de la restauración monárquica y de la dictadura de Primo de Rivera continuaron con esta línea restrictiva”. Sin embargo, la llegada de la Segunda República española revitalizó y reformuló el derecho, otorgando máxima libertad de asociación de acuerdo a criterios democráticos: “Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana” (Artículo 39 de la Constitución de 1931).

Se cree que la asociación Oficial de Vecinos-Inquilinos de Madrid, establecida en el Madrid de 1931, es el primer precedente moderno de las asociaciones vecinales. Tras el golpe de Estado de julio de 1936 y la posterior dictadura, el derecho a la asociación quedó administrativa y policialmente controlado por el régimen franquista.

Las asociaciones de Cabezas de Familia, génesis del asociacionismo vecinal

Dada la naturaleza antidemocrática del régimen, la regulación franquista sobre el derecho de asociación se enclaustraba en normas de un alto contenido restrictivo. Al fin y al cabo, se trataba de una forma de control de los movimientos políticos e ideológicos, impidiendo la formación de grupos que no fueran proclives a las directrices generales del régimen (Murillo de la Cueva, El derecho de asociación. Año 1996). Entre la mitad de la década de los cincuenta y los primeros años de la década del sesenta, la Dictadura trabaja en un proyecto de Ley para crear un movimiento asociativo en el Estado que, teniendo a la Familia como pilar esencial, sirviera de cauce de promoción de determinadas políticas en las instituciones estatales. De las entrañas del Movimiento surge, por tanto, la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones.

Dada la naturaleza antidemocrática del régimen, la regulación franquista sobre el derecho de asociación se enclaustraba en normas de un alto contenido restrictivo 

Esta ley, ya en el tardofranquismo, intentaba maquillar el cesarismo imperante y pretendía aterrizar en la ciudadanía como una medida liberalizadora, de cambio. Aun así, en el texto original se lee, literalmente, que están obligados a proteger el derecho de asociación ya que “al propio Estado interesa su mantenimiento y difusión como fenómeno social e instrumento de sus fines”. Lo que no llegó a prever el régimen fue la capacidad de movilización, transformación y politización que suponía la asociación entre los de abajo. Con el anhelo de libertades que tenía la ciudadanía tras demasiados años de terror, muerte y autoritarismo, el movimiento vecinal en las barriadas fue una de las pocas tendencias que el Estado franquista no logró gestionar políticamente.

De hecho, como explica Elisabeth Lorenzi en Vallekas, Puerto de Mar. Fiesta, identidad de barrio y movimientos sociales, “la promulgación en 1964 de la Ley de Cabezas de Familia, fue un intento por parte del Estado de introducir unas reglas de juego en este campo tan incierto. Sin embargo, esta legislación se convirtió pronto en un arma de doble filo para la propia dictadura. Por un lado, sentó las bases para la formalización y control de las luchas de barrio; por otro, la formalización se convirtió en una cobertura legal idónea para las reivindicaciones” de dichas asociaciones vecinales, que permeabilizarían todo lo que se estaba gestando en lucha antifranquista e incluso, en algunos casos, en futuras agrupaciones electorales.

A finales de los años setenta, las asociaciones de cabeza de familia cambiaron su nombre a la actual denominación: asociaciones de vecinos. Pero, ¿cómo germinó el asociacionismo vecinal en Extremadura? ¿A qué causas específicas responden? ¿Cuáles fueron sus actividades reivindicativas?

Las asociaciones de vecinos en Extremadura: la impronta del cristianismo de base y las organizaciones revolucionarias

La aceleración del éxodo rural provocado por la industrialización hizo que en algunos pueblos y ciudades de Extremadura se crearan barrios periféricos con altas demandas de infraestructuras, agua potable, alcantarillado, escuelas, centros de salud y, en definitiva, condiciones dignas de vida. Como señala Castells en La ciudad y las masas, los movimientos ciudadanos (entre ellos los vecinales) supieron articular de forma adecuada las reivindicaciones urbanas (la marginación de sus barriadas, las abundantes necesidades de la población o la falta de infraestructuras) con las aspiraciones culturales locales y los desafíos políticos (la reivindicación de la Democracia)”.

En esa articulación —que consolidó gradualmente a las asociaciones vecinales como una de las herramientas principales de lucha de las clases populares—, las experiencias organizativas del cristianismo de base junto con las prácticas políticas de las organizaciones revolucionarias de izquierdas nutrieron de estrategia y cultura movimentista a las nacientes asociaciones de vecinos y vecinas.

En Extremadura, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), la Juventud Obrera Cristiana (JOC) o la Vanguardia Obrera Juvenil (VOJ) tuvieron especial influencia. Las propias JOC historian cómo en 1941 ya tenían una Escuela nocturna para jóvenes obreros en Cáceres; o de qué manera tenían presencia por Badajoz entre los años 1957-1958 gracias a José Huertas. En otras localidades como Trujillo, Don Benito, Navalmoral de la Mata y Mérida, tenían implantación y militancia desde los años 1956-57, 1960, 1961, 1963-1964 respectivamente. La organización cuenta su trabajo en lugares, además de los citados, como la Estación Arroyo-Malpartida, Arroyo de la Luz, Almendralejo, Zorita y Miajadas.

Destacan la extensión de JOC y HOAC en barrios de la periferia de Badajoz tales como El Gurugú y Cerro de Reyes, así como en Villanueva de la Serena y Entrerríos. O en Mérida, con la especial huella del “cura rojo” Antonio Paniagua (Contreras-Becerra, Las semillas del compromiso y la participación ciudadana en Extremadura. El movimiento vecinal en Badajoz. 1966-1991, capítulo del libro La transición a la democracia en Extremadura. Estudios y aportaciones, editado en 2021 por Guillermo León y Juan Andrade).

En Extremadura, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), la Juventud Obrera Cristiana (JOC) o la Vanguardia Obrera Juvenil (VOJ) tuvieron especial influencia 

En Plasencia, barriadas como La Data, San Miguel y Rosal de Ayala también contaban con jóvenes organizados en la HOAC y la JOC. Regino Ojalvo Ginés “Chico”, responsable provincial en la época de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), afirmó en Plasencia apaleada: Crónica de los palos dados al muy noble, leal y benéfico pueblo placentino por los señores antidisturbios, que, además del “Partido del Trabajo de España (PTE), ORT o Liga Comunista Revolucionaria (LCR), había también un cierto movimiento, al menos de inquietud, en el tema de la Iglesia con HOAC, JOC, JIC...”. El autor del citado libro, Sánchez y Torreño, destaca el impulso que el sacerdote Felipe García Mateos dio a las JOC en Plasencia, allá por el año 1977. En La JOC en Extremadura. Historia crítica, de Julián Díaz Lucio, también se pueden encontrar las influencias de los jóvenes cristianos en Cáceres.

Según un informe del Archivo Comisión Nacional de las JOC, del alrededor de 850 miembros activos de toda la organización en 1975, la zona agrupada de Extremadura-La Mancha tenía cuatro federaciones, dieciséis grupos y noventa y dos militantes.

Por su parte, partidos políticos como PCE, ORT, PSOE (o Unión de Centro Democrático [UCD] en el espectro de la derecha) también influían en la composición y naturaleza política de las asociaciones. La huella del cristianismo de base, la desbordante energía de las barriadas y, también, la impronta de las organizaciones políticas, sedimentaron como una auténtica escuela de formación cívica, aliento democratizador para la sociedad civil y exuberancia pedagógica de participación ciudadana.

Tal y como se puede leer en la revista 25 años haciendo ciudad (1980-2005), editado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid, como “los primeros movimientos sociales de vecinos coincidían en realizar una oposición política al franquismo y una labor callada de formación ciudadana y un trabajo solidario en favor de los intereses generales de la comunidad”, en ellos se encontraban “los cuatro grupos sociales que protagonizaron las movilizaciones de la oposición al franquismo, la recuperación del movimiento obrero y la conquista de la libertad política: hombro con hombro lideraban los curas obreros, los estudiantes revolucionarios, los obreros de JOC, HOAC y CCOO, y los políticos particularmente del PCE, ORT y LCR”.

En muchas partes de la región, algunas de estas organizaciones de izquierdas (y también de derechas, fundamentalmente, insistimos, la UCD) tuvieron especial dinamismo en el comienzo del asociacionismo. Entre ellas, Mérida destacó por encima del resto.

Mérida, pionera en el asociacionismo y la lucha comunitaria

La efervescencia de los primeros años de asociacionismo supuso el comienzo de una ruptura social y política de las clases trabajadoras con el paradigma dictatorial en que la sociedad se hallaba enclaustrada. Animadas por la edad de oro de las asociaciones vecinales, se constituyeron decenas de ellas por toda Extremadura. Mérida fue pionera en toda la región, pues vio legalizarse en 1969 a la Asociación de Cabezas de Familia de Poblado de La Paz (Unión Vecinal de Absorción U.V.A) y hacer lo propio, en 1973, a la Asociación de Vecinos Barriada de Los Milagros, siendo ambas, bajo distintas denominaciones, las primeras de toda la Comunidad.

Gracias al estudio de expedientes de asociaciones de vecinos, de propietarios y familiares, y del Registro Nacional de Asociaciones, el autor Contreras-Becerra data las fechas de construcción de muchas de las Asociaciones de Cabeza de Familias (ACF), Asociaciones de Vecinos (AVV) o Asociaciones de Familiares (AF) emeritenses: 01/03/1973 AVV de la Barriada de los Milagros; 05/12/1974 AVV San Andrés; 30/01/1976 ACF de poblado de la Paz (UVA); 11/03/1976 AF San Antonio; 27/01/1976 AVV República Argentina; 24/09/1977 AVV Sindicales y La Antigua; 26/11/1977 AF Padre Cristóbal de Santa Catalina; 20/11/1977 AF San Bartolomé; 31/01/1978 AVV Polígono Nueva Ciudad; 29/04/1978 AF Las Abadías; 04/02/1978 AF San Juan; 19/07/1978 AVV Santa Isabel; 30/10/1978 AVV María Auxiliadora. Según estos datos, Mérida en 1979 tenía (teniendo 39.165 habitantes) trece asociaciones mientras que ciudades como Huesca o Motril, ambas de tamaños similares a la ciudad extremeña, contaban en la misma fecha con tan sólo dos y una asociación respectivamente.

En la capital emeritense los últimos años de la Dictadura y los comienzos de la Transición fueron tiempos de experimentación y transformación social. Para ello fue fundamental, como decíamos con anterioridad, el cristianismo de base y las organizaciones políticas, actores cardinales (no los únicos) para entender el músculo reivindicativo de las asociaciones de vecinos. La reivindicación y sensibilidad social hizo que muchos militantes y líderes de partidos vieran en “el movimiento vecinal un campo de batalla importante en su lucha por la consolidación de las libertades y contra los residuos del franquismo, siempre pegados a las reivindicaciones concretas de cara barriada” (frase extraída de una entrevista a Ángel Calle Gragera en Mérida, 25 de mayo de 2017).

Por ello, según Juan Manuel Romera, “no había entrado el PSOE en juego con sus asociaciones vecinales y ya estaban la ORT y la UCD posicionados, ya tenían controlados algunos barrios. En cada barriada las asociaciones vecinales iniciaron su andadura controlada por un partido en concreto; por ejemplo, San Andrés y La Antigua se movían en la órbita del PSOE; Santa Catalina era de la UCD, como lo fue luego Santa María; Santa Isabel, con el Sindicato Unitario detrás, se conectaba a la ORT, al igual que El Barrio, después del PCE, como más adelante lo fue también el Polígono Nueva Ciudad” (extraído de una entrevista al autor en Mérida, 15 de marzo de 2017). Cabe mencionar que un punto de inflexión para la capital romana fue el caldo de cultivo instaurado por la lucha de clases desde el pasado obrero e industrial de la ciudad.

Feminismo vecinal en ciernes: tres ejemplos concretos de lucha

Como venimos explicando, algunas de las primeras reivindicaciones que estas asociaciones protagonizaron en la ciudad tuvieron por objetivo la conquista de derechos fundamentales: agua corriente, alcantarillado, escuelas, hospitales. En ellas, además de los colectivos mencionados, es insoslayable el papel de las mujeres combativas de la ciudad. Sirvan los siguientes ejemplos.

En enero del 74, el diario ABC recogía la manifestación de un centenar de mujeres de la barriada emeritense Santa Eulalia por “la falta de agua corriente en el abastecimiento de la barriada (...) y por su poca presión e insuficiencia de caudal (que no) proporciona la necesaria para que llegue a tos pisos altos, y últimamente lo hace sólo lo hace a los bajos. sus viviendas”.

Fuente: ABC. Colección de March.es. 17/01/1974.

A finales de agosto del 1976, por citar un ejemplo genérico pero representativo de las demandas de la época, se registró una iniciativa conjunta de las asociaciones emeritenses (Barriada Padre Cristóbal de Santa Catalina, San Juan, San Andrés, San Antonio y U.V.A.) para pedirle al Ayuntamiento cabinas telefónicas en todas las Barriadas, buzones de Correos, alcantarillado, agua, alumbrado general, pavimentación de todas las calles y limpieza de imbornales en La Paz (Marín, Pulido, Villalobos, Así éramos… también. 2011).

Gracias a este mismo libro sabemos que, agonizando el dictador y su régimen autoritario, la asociación de Mujeres de Mérida (legalizada en junio de 1976 y compuesta, casi en exclusiva, por mujeres feministas de la ORT) “inició las primeras movilizaciones en la ciudad por el abastecimiento de agua al barrio de San Juan, con concentraciones en la puerta del Ayuntamiento y, sobre todo, por la apertura de la Residencia de la Seguridad Social, la primera gran manifestación en Mérida”.

Entre sus preocupaciones figuraba el paro femenino, el saneamiento de las calles, la gratuidad de la enseñanza o la necesidad de tener guarderías infantiles en la ciudad. Uno de sus objetivos: “Promover a la mujer, luchando contra las condiciones que se oponen a la realización digna y justa como persona en la sociedad”.

Tras esta pequeña aproximación al nacimiento y primeros pasos del asociacionismo vecinal en Mérida podemos afirmar que, en lo que al comienzo de las asociaciones vecinales se refiere, la Transición española quedaba, también en Extremadura y con notoria relevancia en la capital de la región, caracterizada a través de un tejido social cohesionado en torno a las estructuras de participación social más simples y cercanas: las asociaciones de vecinos en cada barriada. Dotaron a los movimientos ciudadanos de un carácter plural y transformador, y no podemos olvidar que también otorgaron un elemento no menos importante, que era la construcción de una historia particular, de un relato y de una identidad colectiva de barrio, de comunidad.

Tras la institucionalización de las asociaciones —y buena parte de sus miembros más activos— y los distintos recorridos de cada una de ellas, atravesadas por nuevas problemáticas y habiendo incorporado a nuevas generaciones de vecinos y vecinas, las asociaciones vecinales siguen, con mayor o menor importancia, siendo clave en la configuración de las barriadas, así como del presente de las ciudades tanto social, histórica como políticamente.

En estos planos, el asociacionismo vecinal forma parte de —como dice Manuel Cañada en La huelga del 78: andamios de esperanza, publicado en este mismo medio—, la otra Transición. La de la juventud, el campesinado y las jornaleras. De los que emigraron y de las que se quedaron. De las mujeres. De quienes se opusieron a la Central Nuclear de Valdecaballeros. Una “transición distinta a la de los ramallos e ibarras, a la de los masa godoy y los díaz-ambrona. Una transición sin latifundios que se renuevan a golpe de subvención pública, sin bonetes y sin tricornios. Distinta a la Extremadura del Yuste imperial y el Guadalupe milagrero. Y diferente también a la del cuento de la modernización capitalista y el nuevo caciquismo. La otra Transición, la de los ignorados, la de los de abajo". Y la de, como hemos rememorado, las asociaciones vecinales reivindicativas que decidieron construir una parte de la Democracia.