La Ley de Responsabilidades Políticas

La Ley de Responsabilidades Políticas constituyó uno de los instrumentos fundamentales para la represión política franquista. Fue elaborada en febrero de 1939. El día 9 de ese mes fue firmada por Franco y se publicó oficialmente el día 13, es decir, unos días antes de que terminara la guerra civil. Completaba el Bando que la Junta de Defensa Nacional dio el 28 de julio de 1936.

En su primer artículo se declaraba la responsabilidad política de las personas físicas y jurídicas que, desde el primero de octubre de 1934 y hasta el 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o agravar la subversión del orden, y de aquellas personas que después de julio del 36 se hubieran opuesto o que se opusieran al Movimiento Nacional, ya fuera de forma activa o con una pasividad grave, es decir, por este artículo quedarían encuadradas todas las personas y organizaciones del Frente Popular, y las que no participasen activamente en el nuevo orden político. En la ley se relacionaban todas y cada una de las organizaciones políticas y sindicales «responsables», incluida la masonería.

La responsabilidad era determinada en un Tribunal Nacional, compuesto por dos miembros de la Falange, dos militares, y dos magistraturas, todos ellos nombrados por el gobierno

La responsabilidad política derivaba en la consiguiente incautación de bienes.

Esta ley estuvo vigente hasta el año 1945.

Se trata de uno de los ejemplos más claros de vulneración del derecho por cuatro razones básicas. En primer lugar tenía un carácter retroactivo. En segundo lugar unía en una misma ley las responsabilidades de personas físicas y de personas jurídicas. Su principal característica era lo que Serrano Suñer denominó la “justicia al revés”, es decir, la aplicación de penas para los que se hubieran atenido a la defensa del orden constitucional republicano y no hubiera colaborado con la sublevación. Y, por fin, establecía un sistema judicial extraordinario, politizado y no independiente, al ser nombrado por el gobierno.

Partidos y organizaciones prohibidos por la Ley de 1939:

Acció Catalana Republicana

Acción Nacionalista Vasca

Acción Republicana

Ateneo Libertario

Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

Esquerra Catalana

Estat Català

Federación Anarquista Ibérica (FAI)

Izquierda Republicana

Partido Catalanista Republicano

Partido Comunista

Partido Federal

Partido Galeguista

Partido Nacionalista Vasco (PNV)

Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM)

Partido Sindicalista de Pestaña

Partido Socialista Obrero (PSOE)

Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC)

Socorro Rojo Internacional

Solidaridad de Obreros Vascos

Unió de Rabassaires

Unió Democrática de Cataluña (UDC)

Unión General de Trabajadores (UGT)

Unión Republicana

Masonería y otras entidades, partidos y organizaciones afines a los expresados.