¿Recuperación económica o barra libre para el capital? El gobierno aparca la Ley de Memoria 

¿Recuperación económica o barra libre para el capital?

El gobierno aparca la Ley de Memoria

El plan de recuperación, impuesto por la Unión Europea en beneficio exclusivo del gran capital, se ha convertido en ley suprema que domina todos los resortes de la vida política y económica; a través de la cual se niegan los derechos democráticos y sociales de la inmensa mayoría y se mantiene el régimen de la monarquía.

Todas las decisiones del gobierno, todos sus movimientos, vienen definidos por los compromisos establecidos entre el Gobierno y la Comisión Europea. Cierto es que existen muchos otros frentes de la lucha de clases, pero todos ellos están, de una u otra forma subordinados al dictado imperativo de las autoridades de la Unión Europea.

Ante tanta confusión interesada, hay que desvelar cuál es la esencia de ese dictado, que desde hace décadas nos imponen los grandes capitalistas representados por los organismos de Bruselas. En el pasado, la “reconversión industrial”, así como los planes agropecuarios, consistieron en destruir empresas y, por tanto, millones de puestos de trabajo. Desapareció buena parte de la estructura industrial, para girar hacía una economía de servicios, de servicios turísticos fundamentalmente, en detrimento de la economía productiva y de la soberanía alimentaria. Se destruyeron, paralelamente, conquistas sociales y derechos reconocidos de los trabajadores, mediante reiteradas contrarreformas sociales y leyes que aún se mantienen vigentes. Todos los planes que hemos sufrido, ejecutados por los gobiernos de uno u otro color, han tenido por objeto la destrucción sistemática y planificada de la economía productiva española, el pillaje y saqueo, en beneficio exclusivo de banqueros y grandes empresarios. Dicha reconversión de la economía española no hubiera sido posible sin la colaboración de clases, es decir, sin los pactos y consensos llamados “Pactos Sociales”, a través de los cuales se ha impedido cualquier expresión independiente de los sindicatos y partidos obreros, vulnerando la resistencia de los trabajadores. Las huelgas y movilizaciones de la Bahía de Cádiz, de los agricultores y ganaderos, y de los pocos reductos industriales que aún permanecen en pie en Galicia, han ocupado el primer plano de la actualidad.

El poder ha asegurado el cumplimiento de sus planes instrumentalizando e integrando a sindicatos y partidos, fundados por los trabajadores, a la razón de Estado, barriendo toda expresión de independencia de clase. Se ha establecido una comparsa del régimen de partidos y sindicatos oficiales, que han borrado de sus programas los objetivos sociales y políticos propios de los trabajadores, y los han substituido por consensos permanentes con los franquistas, que han crecido en su dominio político y económico, hasta el extremo de que partidos, que se reclaman continuadores del franquismo, conocen un auge electoral inusitado. El principal combustible de dicha polarización política es la desafección de los trabajadores y sectores populares, que rechazan como pueden las políticas de colaboración y de corrupción.

La izquierda oficial acude en su defensa a argumentos manidos, como es el caso de la “guerra judicial”. En sustancia, se viene a decir que los dirigentes sindicales y políticos de la izquierda oficial hacen todo lo que pueden para resolver los problemas sociales y políticos, pero que luego viene la casta de jueces franquistas, que se superponen a las decisiones de gobierno o a lo pactado. Estableciendo, por su parte, sentencias que nada tienen que ver ni con el progreso ni con la democracia, sino con el continuismo franquista y la defensa intransigente de la Corona.

Este cuadro viciado de relaciones políticas no solo se mantiene, sino que al calor de la crisis institucional se agrava día a día, con un Gobierno de coalición que se pone enteramente al servicio de los planes de recuperación del capital, y reprime cuanto puede los movimientos de reivindicación social, como en el caso de la violencia policial contra los trabajadores del metal de la Bahía de Cádiz. La famosa “tanqueta” empleada por la policía contra los huelguistas ha sido algo más que una anécdota: es todo en un síntoma de lo que el Gobierno está dispuesto a hacer en defensa de los planes de mantenimiento del franquismo coronado y, en general, para hacer posible en todo momento la imposición de los planes del capital financiero, de las multinacionales y fondos buitre.

En el momento político en que el modelo de Transición de la dictadura a la monarquía hace aguas por todas sus líneas de flotación, la situación se concentra en la huida del Rey Emérito al ser conocidas sus fechorías políticas y económicas. Es en este momento político -que no podemos sino calificar de grave crisis política y de Estado- cuando aparece el plan salvador de los banqueros de Bruselas, estableciendo el señuelo de una recuperación económica. Los miles de millones que la UE promete a España no van destinados sino a recapitalizar grandes bancos y empresas, y a sus negocios cada día más especulativos. La UE exige, en contraprestación, la limitación miserable de salarios y pensiones, la privatización de sectores públicos como la sanidad, la educación y el transporte, entre otros.

Lo pactado en forma de convenio en Cádiz ha movido muy poco las posiciones de la patronal y, a falta de noticias directas, entendemos que han de ser todos los trabajadores -y no solo los delegados de empresa- los que tengan capacidad para asumir o rechazar lo pactado. No perder más poder adquisitivo, esa ha sido la reivindicación fundamental de los trabajadores, como lo es también para los que viven de su pensión. De ahí, la consigna general de ¡subida general de salarios y pensiones! ¡pensión o salario mínimo de 1.200 euros, eliminado la brecha existente de remuneraciones entre hombres y mujeres! ¡escala móvil de salarios y pensiones con los precios al consumo! Los huelguistas de Cádiz, que han sido criminalizados, expresan las demandas de todos: “¡Violencia es no llegar a fin de mes!”.

La huelga general de Cádiz viene a coincidir con los acuerdos que permiten la aprobación de los Presupuestos Generales de Estado, síntesis de los planes de recuperación para los capitalistas en detrimento de las demandas sociales y democráticas. Momento en el que el Gobierno salva por los pelos sus planes y retrocede, sin embargo, en leyes fundamentales en las que no ha logrado acuerdos, decidiendo aparcar el proyecto de Ley de la Memoria. La negativa del bloque republicano, encabezado por ERC -y formado por siete grupos parlamentarios más- de no apoyar la Ley de Memoria es un hecho significativo.

El bloque constitucionalista en defensa de la Monarquía y de la impunidad no puede sino resultar debilitado con los acontecimientos relatados. Frente a la extradición de Martín Villa, imputado de crímenes contra la humanidad, y la exigencia democrática de nulidad de pleno derecho de la Ley de Amnistía, pilar de la impunidad de los crímenes del franquismo y del nazismo, el Gobierno permite celebrar una exposición sobre la “División Azul” (ejército español puesto a las órdenes de Hitler), que en estos días se celebra en el cuartel militar de Leioa (Donostia).