Los abusos policiales en sus diferentes formas no tienen una fecha de caducidad próxima. La represión de la lucha social es continua y, desde luego, no es una excepción.

La llegada del PP al gobierno supone una liberación para aquellos policías que llevan años extralimitándose en sus actuaciones cuando la ley mordaza entra en vigor para reprimir todo un descontento social que lleva años fraguándose a raíz de la crisis económica del 2008 y los continuos recortes en servicios públicos y derechos que sufre el pueblo español con la excusa de la necesidad de salir de la crisis apretándonos el cinturón. Una ley que también pone de manifiesto el miedo que desde las altas esferas políticas y económicas crece por no poder controlar a una muchedumbre cada vez más organizada que se aglutina alrededor del movimiento 15M y que da como resultado un movimiento político que en sus inicios tendría mucha más fuerza de la que ahora goza, así como ambición e intención de defender a la clase trabajadora y no a la patronal.

La «ley mordaza», todavía en vigor

La «ley mordaza» aterroriza a cualquiera que diga defender los derechos de los ciudadanos españoles. Desde varios organismos europeos también se ha llamado la atención a España por el uso que la misma ley predispone y se cree, firmemente, que coarta la libertad de expresión, el derecho a la manifestación o los derechos de las personas migrantes al entrar a España y que pueden ser devueltos en caliente con el beneplácito de los tribunales españoles. Frente a ello, el gobierno y partidos que antiguamente aspiraban a formarlo dijeron desde el principio que una de las primeras medidas que tomarían sería, sin duda, derogar la ley mordaza. Ya han pasado más de dos años y hemos visto cómo, además de haberse usado la ley mordaza tal y como lo hacía el PP anteriormente, la derogación ha salido tan rápido de sus discursos como presteza se han dado en agarrar el sillón.

Estos últimos días hemos visto a los trabajadores de Cádiz sufrir la represión que muchas veces se ampara en dicha ley de seguridad ciudadana y que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos desata con total libertad en las calles de la ciudad andaluza. No obstante, tal represión no es, ni mucho menos, una excepción. Curiosamente, cualquier manifestación que tenga como objetivo la defensa de los derechos de la clase trabajadora tiene, por norma, una defensa de los derechos de la patronal que se reproduce en forma de violencia policial y que deja cientos de heridos cada año que muchas veces no denuncian por la existencia de un mecanismo represor que parece crecer con los años y que deja impune a una cantidad de policías considerable como para, además, llamarlo excepción. Son cientos de desahucios, huelgas, manifestaciones y cualquier intento organizativo para luchar contra la precariedad o los recortes en derechos las que acaban con actuaciones policiales desproporcionadas, muchas de ellas grabadas en vídeo. De hecho, en este caso, y lamentablemente, hablamos de aquellas de las que queda constancia a raíz de los vídeos grabados por manifestantes, periodistas y asistentes varios. Todo esto sin hablar de las torturas o abusos cometidos a puerta cerrada, así como de aquellas ocasiones en las que no hay pruebas de lo sucedido y, lamentablemente, el denunciante suele tener las de perder.

Los abusos policiales en España en sus diferentes formas, lejos de ser una excepción

Toda una denuncia constante contra los abusos policiales alrededor de España pone de manifiesto el problema real que sufrimos los ciudadanos y que, por desgracia, no parece tener un fin próximo. De hecho, incluso el Tribunal Europeo ha condenado a España por no investigar un caso de brutalidad policial que, desde luego, no es una excepción. Asimismo, el antiguo diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez es el último caso más sonado de los abusos policiales y sus montajes que, además de contar con un vídeo que desmiente el testimonio de un único policía, pone de relieve lo peligroso que es para el resto de ciudadanos que no gozan de una posición tan privilegiada y, desde luego, están mucho más indefensos frente a semejantes abusos. El caso de Boro LH, No caso 14N o las acusaciones contra los manifestantes en Valladolid de delitos de atentado cuyos vídeos muestran como es la policía quien da patadas y no al revés, son algunos de los muchos casos que llegan a judicializarse con el objetivo de criminalizar las protestas sociales, las voces disidentes y cualquiera que apunte contra los excesos de toda una clase política y social destinada a reprimir cualquier intento de emancipación.

Asimismo, Ceuta y las devoluciones en caliente amparadas por la ley mordaza realizadas por Marlaska son otro ejemplo de los abusos policiales que dejaron de ser excepciones hace mucho tiempo, si es que algún día lo llegaron a ser. La situación es tal que incluso los propios policías se manifiestan en contra de la reforma de la ley mordaza que pretende llevar a cabo el gobierno —que no derogación— para poder seguir actuando con la misma impunidad que les ha caracterizado durante estos últimos años.

La represión no es algo nuevo y son muchos los que todavía van a tener que lidiar con ella durante los próximos años. Casos que se acumularán en toda una pila de informes y pruebas que demuestran cómo la policía reprime al ritmo que el gobierno —y estos últimos días la patronal— establece. La llegada del PSOE y UP no ha supuesto, todavía, un cambio en este aspecto, aunque parece que tampoco hay intenciones en resolver lo que se pasaron años criticando: una represión policial que, desde luego, no es excepción.