PSOE y Unidas Podemos han acordado este miércoles, mediante una enmienda al proyecto de Ley de Memoria Democrática, ratifiar la Ley de Amnistía de 1977, que impide juzgar los crímenes del franquismo, dejando constancia de la importancia de la misma y vinculándola al proyecto de la nueva ley.

El Gobierno ratifica la Ley de Amnistía que equipara a asesinos franquistas con víctimas de la dictadura / Clara Mallo

La enmienda dice: "Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

Para no dejar pie a la interpretación el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha aclarado que la intención del Ejecutivo con esta enmienda es "simple y llanamente" poner "en valor" tanto esa norma (la Ley de Amnistía) como los tratados internacionales.

Continuando en sus explicaciones en una entrevista en Onda Cero, el ministro ha admitido que lo que hace el proyecto legislativo (incluida la enmienda) “no es derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 sino todo lo contrario, porque lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.”

¿Cuál es la novedad entonces?

Si tenemos en cuenta que la Ley de Amnistía estaba vigente sin modificación alguna desde 1977 y, que desde 2002 -año en que se ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional-, en el Estado español se interpreta y aplica la legislación según el derecho internacional, podemos decir que la enmienda no cambia nada.

Sin embargo con esta enmienda los socios de gobiernos hacen toda una declaración de intenciones: la Ley de Amnistía no está en cuestión. Como afirma el ministro en esta entrevista la intención del Gobierno es “poner en valor” la ley de Amnistía.

Este verano el actual Gobierno aprobó un proyecto de Ley de Memoria Democrática que, aunque recogía algunas de las demandas de las entidades de memoria histórica, mantenía el espíritu de olvidó e impunidad de la Transición.

Esta ley, sustituirá a la Ley de Memoria Histórica aprobada por Zapatero en 2004. Una Ley, que ha sido durante todo este tiempo cuestionada por las asociaciones de víctimas y represaliados del Franquismo ya que en su preámbulo y articulado quedaban igualadas víctimas y verdugos, fiel retrato de los relatos de la guerra como una guerra “fratricida” que igualan a franquistas y anti-franquistas, a las “dos Españas”.

En ese momento, el proyecto de ley tan esperado por las asociaciones de víctimas del franquismo, ya fue recibido con críticas por gran parte de estas asociaciones que en un comunicado conjunto expresaron su rechazo así: “No estamos dispuestos a asumir renuncias. Ni las víctimas del franquismo que aún viven, ni sus familias, ni el conjunto de la sociedad y la democracia pueden permitírselo. No podemos esperar otros catorce años a una nueva Ley que satisfaga los derechos irrenunciables de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación.”

Entre las críticas, una fundamental es que el enorme límite de esta ley tiene que ver con la no derogación de la Ley de Amnistía que equipara a asesinos franquistas con víctimas del franquismo en la Guerra Civil y bajo los años de dictadura. Una demanda que ni Unidas Podemos ni el PSOE han tomado. Así las enmiendas propuestas por los miembros del Gobierno de este miércoles –cuando terminaba el plazo para presentarlas– no solo no atienden esta demanda sino que refirman su voluntad de mantener la Ley del 77.

A pesar de las demandas incorporadas, esta ley sigue manteniendo la impunidad de los torturadores y asesinos franquistas. Solo habla de la retirada de los símbolos y títulos y la anulación simbólica de algunas sentencias. Pero en ningún momento se plantea el juzgar a asesinos franquistas, como el ministro Martin Villa, que hoy en día siguen libres, y vendido en muchos medios como uno de los “padres” de la democracia. Para ello, habría que derogar la Ley de Amnistía, de 1977, que sigue prohibiendo juzgar a los represores franquistas.

La enmienda propuesta por los que se dicen la "izquierda" del Régimen del 78, reafirma el hecho de que bajo este régimen surgido de la “Transición” pactada y de la “traición” de los principales dirigentes de la oposición antifranquista de izquierdas es imposible juzgar a los responsables de tantos crímenes. Es necesario llevar hasta el final la pelea por conseguir una verdadera justicia y reparación, para ello es necesario enfrentar al conjunto del régimen heredero de Franco, incluida la izquierda que pretende "embellecer" con palabras vacías la legisación que blida la impunidad franquista.