Crímenes del franquismo, atados y bien atados
 
Crímenes del franquismo, atados y bien atados·
Joseba Santamaria

No es un tema que me guste para escribir, el del olvido de los crímenes del franquismo. Pero quizá porque la historia de aquel genocidio planificado se cebó especialmente en Navarra me resisto a dejarlo pasar como si nada. De hecho, sé que a estas alturas el olvido se ha ido recuperando y la verdad y el reconocimiento también gracias al apoyo de las instituciones forales y locales, sobre todo a partir de 2015. De hecho, Navarra ha sido líder en ello. Pero la justicia y la reparación siguen siendo dos territorios prohibidos.

Las víctimas se conforman con poco, pero como todas las víctimas sometidas a la historia oficial de los ganadores de estos desastres están frente a un muro cada vez más insuperable. El tiempo pasa en favor de los delincuentes y en contra de la memoria de los asesinados y del derecho a la verdad de sus familiares. Navarra ha recorrido mucho camino, ha hecho falta mucho tiempo también, pero los hechos más negros de aquella matanza y los nombres de sus protagonistas, tanto de los ejecutores como de los beneficiarios políticos y económicos de la violencia y el expolio que fueron de la mano, son al menos conocidos. La Ley de Memoria Democrática que se debate en el Congreso seguramente no vaya más allá de donde estamos desde hace 45 años.

Los crímenes del franquismo están demostrados. Pero se quedarán como están. Esta nueva legislación, que trata de completar la anterior Ley de Memoria Histórica sobre la dictadura franquista, no parece que vaya a avanzar en ello. Están como los dejó el dictador y genocida Franco y su sucesor Borbón, atados y bien atados. Bueno, la mala suerte del sorteo este de última hora le ha tocado a Martín Villa. Para los miles de familiares víctimas del régimen que representó brazo en alto será un pequeño consuelo. Y quizá incluso acabe mal para él. 

Escribo esta columna, ya digo, sin confianza alguna en que el Estado sea capaz de progresar más allá en esa memoria y verdad de lo logrado hasta hoy. La última vez que se intentó abrir esa vía judicial contra los crímenes del franquismo, el magistrado responsable, Baltasar Garzón –un tipo también poco decoroso, quizá por eso–, acabó expulsado de la carrera judicial por el Supremo tras una denuncia del sindicato ultra Manos Limpias, cuyos principales responsables acabaron después condenados y en algunos casos en la cárcel por diversos delitos. La memoria histórica sigue poniendo sobre la mesa todo el peso del único precio político pagado hasta ahora en este país por la paz: el precio del olvido de los crímenes del franquismo. 

El precio del olvido para la justicia de quienes desde las últimas trincheras de un régimen en descomposición aprovecharon sus reductos de poder (policial, militar, económico y político) para garantizarse la salvaguarda y la continuidad de sus privilegios e impunidad al amparo de la Ley de Amnistía de 1977. No creo que haya voluntad política para mucho más. Ni siquiera este Gobierno está dispuesto a desclasificar documentos que pueden esclarecer los crímenes del tardofranquismo en plena Transición. Ni para eso hay margen al todo atado y bien atado. Una excepcionalidad antidemocrática más. Exigir al Estado español que cumpla con la legalidad internacional y la normativa europea sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura es mucho pedir.


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