No hay justicia climática sin justicia financier
 
Los fenómenos climáticos extremos acaban convirtiéndose en catástrofes que sumen a los países del Sur global en un bucle de empobrecimiento y endeudamiento del cual es imposible escapar
 
No hay justicia climática sin justicia financiera
Nicola Scherer

Hoy las jóvenes se encuentran de nuevo en la calle para pedir políticas efectivas para frenar la emergencia climática y para reivindicar su derecho a tener un futuro digno en un planeta sano. Es un momento importante para pedir responsabilidad política, dado que dentro de 9 días empieza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26.

Los gobiernos de todo el mundo negociarán las pautas de las futuras políticas climáticas globales, que incluyen tomas de decisiones difíciles sobre qué esfuerzos deben hacerse para evitar un aumento de temperatura por encima de 1,5 ºC. También sobre quién y cómo se financian la mitigación y la adaptación a la emergencia climática en los países del Sur global y cómo se compensan las pérdidas y los daños en países empobrecidos afectados por los fenómenos climáticos extremos, entre otras.

Hoy no solo se movilizan las jóvenes de nuestro país, sino que también lo hacen miles de jóvenes de los países del Sur global que viven en regiones que sufren los impactos de la emergencia climática de manera muy desigual. Porque la emergencia climática no afecta por igual a todos los países: sequías, inundaciones severas, escasez de alimentos o huracanes afectan especialmente a la población de las islas del Caribe y del Pacífico, gran parte de la costa del Sudeste asiático, y al conjunto del continente africano (principalmente el Sahel y el Cuerno de África).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que estos tipos de fenómenos se están produciendo a un ritmo de uno a la semana, y que los impactos tienen un coste de hasta 300.000 millones de dólares al año para estos países y regiones que menos han contribuido a generar la crisis climática.

No todos los países tienen los mismos recursos para mitigar o adaptarse a los efectos de la emergencia climática

No todos los países tienen los mismos recursos económicos para mitigar o adaptarse a los efectos de la emergencia climática. En el caso de los pequeños estados insulares del Caribe y del Pacífico, observamos que el impacto de huracanes tropicales se multiplica respecto a países más grandes y con más recursos económicos, hasta el punto de que su realidad económica implica una mayor vulnerabilidad climática.

Un ejemplo de ello lo encontramos con el paso de la tormenta tropical Erika en 2015, cuya reparación de los daños supuso una inversión del 90% del rendimiento económico de la isla Dominica. Muchos estados insulares pequeños dependen solo de una o pocas actividades económicas y la situación de monocultivo (agrario o turístico) los deja en situación de gran dependencia y vulnerabilidad, particularmente ante fenómenos climáticos extremos. Además, el choque económico derivado de la Covid ha agravado la situación financiera de los países del Sur global. La deuda pública ha aumentado de 108 a 116 países empobrecidos, provocando que durante la pandemia diversos países como Argentina, Belice, Ecuador, Líbano, Surinam o Zambia llegasen a la situación de no poder devolver su deuda, declarándose en quiebra y teniendo que parar los pagos de la deuda.  

Los países más pobres se ven obligados a endeudarse para hacer frente a la emergencia climática –cuando históricamente son los que menos han contribuido al problema–. De este modo, países ya muy endeudados de por sí –y con una deuda agravada por la crisis de la Covid-19– no tienen mucha otra opción que seguirse endeudando para invertir en la reducción de emisiones o para adaptarse a los impactos ya inevitables de la emergencia climática. En el caso de los países más afectados por fenómenos climáticos extremos, se suma a esta situación de sobreendeudamiento la presión para alcanzar los recursos vitales necesarios para responder ante la emergencia y para poder llevar a cabo la reconstrucción postdesastre.

Así, en ausencia de una financiación climática adecuada, los gobiernos del Sur global contratan nuevos préstamos para hacer frente a los impactos de huracanes o sequías, a menudo a tasas de interés elevadas por la vulnerabilidad climática a la que se enfrentan. Se prevé que los tipos de interés más elevados basados en la vulnerabilidad climática cuesten a los países más vulnerables 168.000 millones de dólares durante la próxima década.

El endeudamiento comporta recortes en servicios públicos y afecta especialmente a los grupos más vulnerables

El endeudamiento acaba comportando recortes en otros servicios públicos esenciales y afecta especialmente a los grupos más vulnerables de la población, como las mujeres y los niños, las personas mayores y las migradas, las comunidades indígenas y la comunidad transgénero. En un contexto global donde predomina el enfoque neoliberal sobre la economía, se aplican medidas de austeridad en nombre de la disciplina fiscal, haciendo prevalecer el pago de la deuda sobre la inversión pública en servicios públicos esenciales y de cuidados como son la salud y la educación.

Aplicando una mirada de género, vemos que las mujeres se concentran en los sectores de menos ingresos de la sociedad, por lo que se ven más afectadas por los recortes en los programas de protección social, o en los subsidios alimentarios o energéticos. El riesgo de sufrir violencia de género también aumenta durante y después de una catástrofe. Entonces, si los estados dan prioridad a la devolución de la deuda y no invierten en redes de protección social, medidas de adaptación y resiliencia a largo plazo, los fenómenos extremos climáticos continuarán teniendo efectos devastadores y cada vez más profundos sobre las comunidades y grupos más vulnerables. 

Los fenómenos extremos climáticos, cada vez más frecuentes, acaban convirtiéndose en catástrofes que sumen a los países del Sur global en un bucle de empobrecimiento y endeudamiento del cual es imposible escapar. Pero si los países del Sur se endeudan para pagar las consecuencias de una crisis ecológica de la cual son mayoritariamente responsables los países industrializados y más contaminantes del Norte global, entonces, ¿quién debe a quién?

El Norte global tiene una deuda ecológica e histórica respecto a los países del Sur global

El Norte global tiene una deuda ecológica e histórica respecto a los países del Sur global, por la contaminación del aire, por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), por el saqueo indiscriminado de los recursos sin considerar los impactos ambientales y sociales producidos, por la apropiación ilegítima de servicios ambientales, por la biopiratería y por el transporte de residuos hacia los países empobrecidos. Esta deuda ecológica supera con creces la deuda financiera del Sur global. Por ejemplo, el grupo de países empobrecidos altamente endeudados ha ahorrado, desde 1990, 60.000 millones de toneladas de CO2 respecto a la media mundial. Si pusiéramos precio a las toneladas de ahorro, otros actores, como Estados Unidos o la Unión Europea, pasarían a ser deudores.

De hecho, los países más contaminantes se han comprometido a aportar recursos a los países más empobrecidos, bajo el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, para hacer frente a la emergencia climática. El compromiso de la financiación climática, que debería alcanzar como mínimo los 100.000 millones de dólares por año, es visto por movimientos sociales del Sur global como una restitución por parte de esta deuda ecológica. Sin embargo, este compromiso está lejos de ser alcanzado.

Una transición global hacia una economía más sostenible y equitativa no será posible sin un financiamiento climático sostenible, responsable, justo, que no genere más deuda y que no exacerbe las vulnerabilidades del Sur global. Por ese motivo, necesitamos la cancelación de la deuda y un marco de resolución de la deuda justo para que los países puedan afrontar los retos del cambio climático y seguir una recuperación verde e inclusiva.

Es necesario que los gobiernos del Norte global se comprometan durante la COP26 a proporcionar financiación climática suficiente y de calidad. Eso, por un lado, implica el cumplimiento de su promesa hecha en 2009, de invertir 100.000 millones de dólares al año en financiación por el clima, y, por otro, que se acuerden ayudas y procedimientos vinculantes para la compensación de pérdidas y daños para los países afectados por una catástrofe natural. Además, necesitamos propuestas políticas vinculantes que reconozcan la reparación de la deuda ecológica que el Norte debe al Sur global y que avancen hacia la restauración ecológica, el fin del extractivismo y hacia nuevos modos de producción, distribución y consumo.

Las jóvenes activistas climáticas que hoy se manifiestan en solidaridad con las compañeras y compañeros de otros territorios y países nos dan un mensaje clave: el problema global de la emergencia climática solo se resuelve con voluntad política y soluciones globales. La respuesta a la crisis de la deuda debería ser la misma. No se resolverá ni una crisis ni la otra si los países enriquecidos no asumen su responsabilidad ante la actual situación de múltiples crisis, empezando con la renuncia parcial de sus beneficios financieros. En pocas palabras, la justicia climática no será posible sin la justicia financiera. Y la justicia financiera no será posible sin la justicia climática.  


Fuente → elcritic.cat

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