La memoria española descansa bajo tierra

Debemos realizar una labor pedagógica profunda, sin miedo a contar la realidad de la Guerra Civil, señalando a los criminales y a las víctimas, pues la realidad, la justicia y la moral así lo demandan.

El año 1939 fue clave para la historia de España y para la Humanidad, pues el 1 de abril la República española no tuvo más remedio que rendirse ante los sublevados y golpistas, mientras que el 1 de septiembre Hitler desencadenó el mayor conflicto conocido hasta la fecha. No obstante, regresemos a España. Durante la Guerra Civil, desata entre 1936 y 1939 tras un Golpe de Estado fracasado y dirigido por las fuerzas reaccionarias contra el gobierno republicano, la represión en la retaguardia fue la nota predominante en el mal autodenominado bando nacional, pues era la estrategia que los fascistas decidieron seguir para asegurarse la victoria (el general Mola defendió que las acciones debían ser extremadamente violentas para eliminar lo antes posible a “ comunistas, socialistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”). Cierto es que en el bando republicano también existió represión, pero esta se circunscribió a los primeros meses de guerra debido a que el Gobierno perdió el control de la situación. Se calcula que unas 120.000 personas siguen enterradas en distintos puntos de la Península en fosas comunes, asesinadas por las hordas fascistas a sangre fría y con un odio inusitado. Esto se traduce en que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos, solo por detrás de Camboya.

En pleno siglo XXI, tras una falsa Transición, es hora de hacer justicia a aquellas familias que esperan rescatar los restos de algún familiar, por tanto, resulta fundamental exhumar a todas las personas que fueron represaliadas, es lo mínimo que un país democrático debe hacer, ya que los responsables de aquel genocidio murieron hace décadas sin pagar por los crímenes cometidos. No podemos declararnos neutrales en este asunto con la excusa de no “despertar viejas heridas”, pues los Derechos Humanos han sido claramente vulnerados y la situación exige una reparación.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) aprobó en el año 2007 la Ley de Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Durante la “modélica” Transición española, que comenzó en 1975, no se planteó nunca rendir justicia a quienes dieron su vida por la democracia, mientras que aquellos que murieron por el bando franquista fueron contabilizados al detalle y elevados a los altares durante más de 40 años. Sin embargo, la nueva ley no implicó la apertura de las fosas comunes en las que yacen los restos de los represaliados por el bando sublevado, pero sí reconoció a todas las víctimas del conflicto civil y de la dictadura de Franco. Aun así y a pesar de ser insuficiente para reparar los daños producidos una ola de indignación se extendió por todo el país, dirigida por el Partido Popular y los sectores más conservadores. Bajo consignas rancias como “no poner en duda una Transición admirada en el mundo entero”, “no reabrir viejas heridas” o referirse a estos asesinatos de extermino como producto de una época muy lejana (como si hubieran ocurrido en el siglo III), la derecha española criticó la Ley de Memoria Histórica de forma exacerbada, con ataques frontales y con una antipatía no vista en mucho tiempo. Es normal que herederos del franquismo actúen en consecuencia, pues no quieren ver manchado un historial que desde 1939 ha sido vanagloriado, pero ¿un país que pretende ser democrático (aunque sea dentro de una democracia burguesa) no debe hacer un ejercicio retrospectivo sobre su pasado y saldar las deudas con sus ciudadanos? A este respecto y en el presente año, el Gobierno de coalición aprobó un Proyecto de Ley de la Memoria Democrática que pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y se amplían los derechos humanos y libertades constitucionales.

Las dos leyes mencionadas han llegado muy tarde para impartir justicia, así que lo único que podemos esperar de ellas es que se hagan efectivas para reparar, en la medida de lo posible, el daño moral a las familias y a las víctimas, con las que tenemos una deuda impagable. Pero si hemos afirmado que la derecha española se opone a estas medidas, es el momento de ejemplificar dicha afirmación. Durante los años del Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) el Prepuesto para buscar fosas comunes y para otras medidas memorialistas se dejó en blanco; Pablo Casado el pasado mes de julio planteó sustituir la Ley de Memoria Histórica por un de “Concordia” si llega al Gobierno; Santiago Abascal en el mismo mes consideró que la nueva Ley aprobada por el Gobierno era “totalitaria, sectaria, guerracivilista y anticonstitucional”, confirmó que recurrirá al Tribunal Constitucional porque según su concepción atenta contra la libertad de expresión y de cátedra, y manifestó su pretensión para “honrar” a todos los españoles de todos los bandos y momentos históricos.

No debe sorprendernos estas afirmaciones. La derecha española es la heredera del Régimen y los hechos son irrefutables. El PP es hijo de Alianza Popular, fundado por Manuel Fraga, Ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969, uno de los llamados padres de la Constitución. No hace falta añadir mucho más. Sobre el señor Abascal, líder de VOX, debemos recordar que con 18 años se afilió al Partido Popular en el cual estuvo hasta 2013, cuando se constituyó su actual Partido, del cual lo más suave que podemos decir es que tiene una ideología de extrema derecha.

Sin embargo, a pesar de todas las protestas y pataletas de los sectores conservadores es necesaria mantener limpia la memoria española, algo que no conseguiremos solo con cambiar el nombre de unas cuantas calles o desenterrar a todas y a todos los que se encuentran enterrados en cunetas o fosas comunes. Debemos realizar una labor pedagógica profunda, sin miedo a contar la realidad de la Guerra Civil, señalando a los criminales y a las víctimas, pues la realidad, la justicia y la moral así lo demandan. Han pasado más de 45 años desde la muerte de Franco, vamos con bastante retraso para subsanar errores y para hacer cumplir los Derechos Humanos, así que es tiempo de subsanar las injusticias le pese a quien le pese. Hay que dejar claro que no se trata de venganza, simplemente es justicia con quienes murieron y con quienes la reclaman en el presente. Miles de personas merecen nuestro respeto y admiración, ya que fueron masacradas por pertenecer a un partido político de izquierda, a un sindicato, por haber votado al Frente Popular o haber tenido la mala suerte de tener un enemigo personal que deseaba su muerte. Julio Anguita no se cansaba de decir que había que defender los Derechos Humanos y como los crímenes nazis, la represión franquista fue un delito de lesa humanidad que nosotros debemos de subsanar. Puede que ellos ganaran la Guerra, pero la paz será nuestra.