Memoria, franquismo y “ley sin democracia”

El próximo 18 de julio estaba prevista la retirada del monumento que conmemora la victoria franquista en la batalla del Ebro en mitad del río a su paso por Tortosa. En realidad, el monolito fue instalado para celebrar la campaña de 25 años de paz franquistas, acontecidos en 1964. Franco lo inauguró en 1966. Los jóvenes ministros de la dictadura, como Manuel Fraga, tenían la voluntad de blanquear con esa campaña un régimen que, al tiempo que engendraba el represivo Tribunal de Orden Público (TOP), encaraba el camino del progreso gracias al milagro económico español. Se entraba en una nueva fase de esa larga noche de la “ley sin democracia” —a la que se refería hace unos días Pablo Casado— tratando de difuminar que era hija de una sublevación militar contra la legalidad republicana, algo que el líder del PP también obvió en su intervención ante el Congreso, en una laguna probablemente atribuible a su apresurado y apañado paso por la universidad.

El caso es que ha habido que esperar 44 años, desde las elecciones del 15 de junio de 1977, para estar en vísperas de la retirada del monumento franquista instalado en mitad del Ebro. Estaba previsto que las obras se efectuaran el 18 de julio próximo, pero un juzgado de Tarragona las ha paralizado cautelarmente. La memoria es una carrera de fondo en la que algunos esperan que el abandono o la defunción acaben con el corredor. Las causas de ese estado de cosas hunden sus raíces en cómo se hizo la transición democrática. Probablemente no pudo ser de otra forma, con unos poderes fácticos que, como mostró el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, estaban prestos a restaurar por la vía rápida esa “ley sin democracia” referida por Casado. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, puso el dedo en la llaga al afirmar hace unos días: “Creímos ingenuamente que la reconciliación consistía en no volver la vista atrás y nos equivocamos. Fuimos injustos porque no quisimos ver las heridas abiertas. Y solo mirando de frente el pasado seremos capaces de tener un futuro digno. Es hora de que las víctimas del franquismo dejen de pagar las facturas de nuestra democracia”. Ábalos pronunció estas palabras —muy significativas proviniendo de un partido que ha pasado de puntillas sobre el asunto— en el acto de homenaje a los ferroviarios víctimas de la represión (desde expedientes de depuración hasta el puro y duro asesinato) que afectó al 88% de 90.000 trabajadores totales del sector. Una web y el film Los hijos del hierro documentan el ensañamiento de la dictadura con el colectivo.

Aunque se asemeje mucho a una pesadilla, todavía hoy hay sentencias judiciales como la emitida en Oviedo que, en base a un recurso presentado entre otros por el PP y contra lo que sostiene la Ley de Memoria Histórica, restituyen al “protomártir” Calvo Sotelo la efímera calle García Lorca; hace perder al pérfido Charles Darwin su placa en favor de Alférez Provisional, o sustituyen las rojas Trece Rosas en beneficio de su antiguo titular, el coronel Aranda, que alcanzó celebridad militar gracias a su actuación contra las milicias de mineros en 1934.

La anunciada deconstrucción del monolito franquista de Tortosa —recurso judicial aparte— se antoja pues como un consuelo ante tanta desolación. Como lo es también la exposición Quan plovien octavetes (Cuando llovían octavillas) que el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona —la Casa de l’Ardiaca— ha inaugurado esta misma semana. La muestra recoge un conjunto de publicaciones clandestinas que, a pesar de la represión, superaron las duras condiciones de la posguerra y llegaron a su esplendor en los años sesenta y setenta. La exposición, comisariada por el historiador Manel Risques, exhibe el amplio abanico ideológico de quienes lucharon contra esa expresión de “ley sin democracia” a la que se suele llamar comúnmente dictadura.

En la conferencia inaugural, Risques rescató la figura de Joaquim Puig i Pidemunt, que luchó contra el franquismo, el nazismo y dirigió la clandestina revista Treball. Fue fusilado en el Camp de Bota junto a otros tres dirigentes del comunista PSUC el 17 de febrero de 1949. No fueron los últimos. El 14 de marzo de 1952, en vísperas del Congreso Eucarístico, Pere Adrover y otros cuatro anarquistas cayeron ante el pelotón. Hubo que esperar no solo el fin de la dictadura sino 42 años de democracia —hasta el 22 de febrero de 2019— para que un muro de 55 metros de largo y tres y medio de altura recordara los nombres de esos 1.706 ciudadanos que, en nombre de la “ley sin democracia”, fueron asesinados de madrugada y frente al mar.