Proyecto Faq Los múltiples frentes de la guerra judicial

viernes, 9 de julio de 2021

Los múltiples frentes de la guerra judicial

Los múltiples frentes de la guerra judicial

La respuesta constituyente

Desde la derrota electoral de Rajoy y el PP por moción de censura conocemos una inusitada actividad judicial. Todas las leyes aprobadas, las medidas que se toman por las instituciones públicas son objeto de acoso judicial constante. Este movimiento nacional españolista por la “legalidad constitucional” comenzó antes, con todos los recursos judiciales que trataron de bloquear el proceso constituyente y republicano catalán.

Destacan en su inusitada actividad tanto órganos judiciales del Estado como todo tipo de entidades privadas. “Abogados cristianos”, “Hazte Oír” y otras organizaciones reaccionarias, vinculadas al nacionalcatolicismo y al franquismo, parecen disponer de una buena cartera para acudir y promover todo tipo de pleitos. Una riada de procedimientos se acumula en los juzgados, colonizando muchos juzgados ordinarios. Incluso leyes que preservan los privilegios y poderes heredados de la dictadura y de la Iglesia, como es el caso de Ley Celáa, son objeto de denuncias de todo tipo de chiringuitos para animar a los partidos de la derecha a no dejar pasar ni una. Sus demandas judiciales comienzan por la recogida de firmas mediante campañas diseñadas a tal fin, que son aireadas por importantes medios de comunicación de masas financiadas por el Estado; y cuando piensan que ya tienen el ambiente caldeado, pasan a la fase judicial. Objeto de múltiples denuncias en el último periodo han sido las medidas sanitarias contra el COVID, la Ley de Eutanasia, la Ley de Educación…

Mientras que los chiringuitos del nacionalcatolicismo más rancio hacen ruido en la calle y en los juzgados, son los altos tribunales los que se encargan de que nada cambie en el Reino, empezando por la composición de los mismos órganos del poder judicial y, en primer lugar, del Consejo General del Poder Judicial que, sin embargo, sigue nombrando altos cargos judiciales, cuando su mandato expiró. Desde el 4 de noviembre de 2018, el órgano de Gobierno de los jueces en manos del PP se niega a ser renovado tal y como correspondería. Otros organismos como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas…, se encuentran también expirados y bloqueados. La renovación de dichos órganos no puede reducirse al acuerdo entre el PP y el PSOE, tal y como se está haciendo desde hace décadas, en tanto es una competencia que corresponde a las Cortes Generales, lo que deberían promover por ley las presidencias del Congreso y del Senado sea cual sea su resultado.

El ámbito de la guerra judicial desborda las fronteras estatales. El pasado mes de abril, se ha dirigido una misiva judicial de las principales asociaciones judiciales de España -que representan unos dos mil jueces- a la Unión Europea en petición de amparo, donde se denuncia que “el Gobierno social-comunista ataca la independencia judicial, advirtiendo a la Comisión Europea (de naturaleza antidemocrática) de “riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España”, y que el Estado español va “hacia el totalitarismo” político. La mayoría de los jueces denuncian que el actual sistema judicial es “de facto” contrario a la Constitución y a las normas de la misma Unión Europea, según las cuales “las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso de elección de los vocales de procedencia judicial”, no pudiendo según su criterio realizar reformas legislativas que limite facultades del CGPJ, cuando éste se encuentre con su mandato agotado.

La ley vigente, fruto de los pactos de Estado sobre la justicia entre el PSOE y el PP, establece una mayoría reforzada de 3/5 de los diputados y senadores para elegir los vocales del CGPJ, cuando la reforma realizada reduce este porcentaje a mayoría absoluta, a la que se oponen los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.

La Asociación Mundial de Juristas ha celebrado a primeros de julio en Madrid un homenaje a la juez de la Corte Suprema de los EEUU, Ruth Bader Ginsburg, conocida mundialmente por la lucha judicial por la igualdad de género, lo que ha dado ocasión a un debate sobre el Estado de Derecho. Acontecimiento que ha servido a Juan Luis Cebrián, cómo monárquico interesado en torcer la vara de la justicia, para presionar -desde la derecha- sobre las últimas decisiones del Gobierno, y en particular sobre el indulto a los dirigentes catalanes del proceso constituyente republicano. Cebrián, escribe en El País del día 5 de julio un alegato sobre la independencia judicial (“El espíritu del imperio de la ley”), es decir la separación de los tres poderes básico del Estado moderno. Explicando que los gobiernos se niegan a ser controlados por los parlamentos y por las resoluciones judiciales, acudiendo a formas de clientelismo político, que es una forma más de corrupción política.

Cebrián desarrolla una idea instrumental de la democracia, en tanto que sus principios políticos no son los de la soberanía de los pueblos, sino de la subordinación de todos los poderes a la Monarquía, es decir, a un poder superior que se encuentra por encima de la voluntad popular y de la misma ley. Por ello, huye del ejemplo claro de los supuestos delitos cometidos por la Casa Real-Jefatura del Estado que tanto las Cortes como el Gobierno y los jueces se niegan a investigar, para refugiarse en el indulto que a nadie satisface, como un ejemplo de cómo “la democracia se sitúa por encima del ordenamiento legal”. No, la democracia no está representada por el indulto parcial de Sánchez, que mantiene íntegramente la sentencia-castigo del Tribunal Supremo; la democracia la representa la exigencia de Amnistía y libre derecho de decisión de los pueblos sobre las formas y contenidos de la acción de gobierno. Se muestra, por ello, partidario de las decisiones del Tribunal de Cuentas decidido, como está, a embargar los bienes familiares de los líderes de la Generalidad que, fueron encarcelados y depuestos; maniobra ésta que está siendo frenada por decisiones de la Generalidad constituyendo un fondo económico que haga frente a dichos embargos.

Importantes leyes como la ley Trans, como la ley de Memoria Democrática…, van a ser discutidas próximamente en Cortes, leyes que establecen desigualdad entre los ciudadanos, que no protegen a las víctimas cuando ni siquiera las reconoce como tales.

Muchas de estas decisiones del Gobierno afectan a la lucha democrática antifranquista y antimonárquica. Hemos conocido durante décadas la represión del Estado contra los ciudadanos y ciudadanas por el hecho de tener formas diferentes de amar y de ser, sin someterse a los dictados morales de la Iglesia y hechos suyos por el Estado con el nacional catolicismo. Hemos conocido el rigor de la represión criminal contra los luchadores sociales, con los sindicalistas, con los defensores de los derechos culturales y políticos de los pueblos que exigen el derecho a autodeterminarse y también la represión del Estado contra los miembros de los partidos fundados para la emancipación de la clase trabajadora. De todo ello el Estado pretende hacer borrón y cuenta nueva, sin modificar su comportamiento represivo y con el mantenimiento de un tratamiento desigual de las víctimas del Estado.

Todos los que durante décadas hemos luchado por las aspiraciones sociales, por la democracia y la libertad contra la dictadura y contra la Monarquía, exigimos que la mayoría en Cortes que hizo posible la moción de censura contra el gobierno del PP no desfallezca a la hora de defender las pensiones, los salarios, el derecho a la igualdad entre todos y todas, y la Memoria Histórica y Democrática contra la impunidad y los consensos que mantienen la impunidad de los crímenes del franquismo.

Esta situación evidencia la necesidad de acabar con la represión, con la desigualdad ante la ley, con la miseria social…, en una misma demanda política de elecciones a Asamblea Constituyente, por todos los poderes para la cámara de representantes, que devuelva la soberanía a los pueblos. Tal y como se ha puesto en marcha en Chile con la Convención Constituyente elegida mediante votación democrática, que se propone al inicio de sus trabajos echar abajo lo que queda de la legislación de Pinochet y abrir las puertas a una nueva Constitución libre y soberana de los pueblos de Chile.


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