España y Marruecos están viviendo su enésimo conflicto, que explosionó tras incentivar Marruecos la entrada masiva por mar de más de 9.000 emigrantes a la ciudad española de Ceuta, enclavada en África, entre el 17 y el 19 de mayo. Esta actitud de Marruecos fue una reacción a la acogida sanitaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, enfermo de COVID. El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, aclaró en un comunicado que el desencuentro con España no empezó con la entrada de Gali, ni acabará con su salida y que "el fondo de la crisis" es la postura española respecto a la soberanía del Sáhara Occidental. El presidente Pedro Sánchez calificó de "inaceptable" que el Gobierno marroquí justifique el "asalto a las fronteras españolas" por "desavenencias en política exterior".
A día de hoy, los elementos de confrontación entre España y Marruecos son varios:
- La soberanía de Ceuta y Melilla. Se trata de dos ciudades de una importancia estratégica, bajo soberanía española desde 1580 Ceuta, y desde 1497 Melilla. Marruecos las reclama como suyas, a pesar de que nunca pertenecieron a Marruecos. Son los únicos enclaves que tiene la Unión Europea en territorio africano y es la primera frontera que hay con Marruecos. Estas dos plazas no son los únicos territorios de disputa entre Marruecos y España, también están el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alhucemas, las Islas Chafarinas y el islote de Perejil. Todos ellos islotes y peñones deshabitados en la actualidad.
- Unido a lo anterior está el hecho de que Marruecos es una de las principales vías de entrada a Europa, la principal para acceder por España desde África. Eso supone que el gobierno marroquí tiene la llave, para impedir el paso y resolverle un problema a Europa, o permitirlo, desbordar la llegada de emigrantes y crearle el problema. Algo similar a lo que sucede con Turquía en la frontera con Asia, y que tantos réditos le da al gobierno turco vendiendo cara su colaboración.
- El pasado histórico tampoco es muy amigable entre Marruecos y España, hace cien años estaban en guerra, concretamente con la región norte de Marruecos, el Rif, una zona cedida como protectorado por Francia, la metrópoli de Marruecos, a España.
Hagamos algo de historia.
El
Sáhara Occidental es una extensión de 266.000 kilómetros cuadrados,
algo mayor que Ecuador, que se encuentra ubicado en África del Norte,
delimitado por el Océano Atlántico, Mauritania, Marruecos y Argelia. Su
superficie es básicamente desértica, el desierto del Sáhara, pero con
1.100 kilómetros de costa, lo que le da un indiscutible valor
geoestratégico y pesquero, además de minero. España ocupó ese territorio
desde 1883. Tras algunos levantamientos de independencia, en 1973 se crea el Frente Polisario,
acrónimo de Frente Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río
de Oro, con el objetivo de alcanzar la independencia de España. Por su
parte, desde el momento en que Marruecos alcanza su independencia, en
1956, reclama esa región.
La Marcha Verde
En
los estertores del franquismo, en 1974, España ya intenta desvincularse
del Sáhara y propone que se celebre un referéndum de autodeterminación
entre los habitantes, algo que amenazaba los planes de anexión de
Marruecos. Por ello, en octubre de 1975, el rey Hassan II de Marruecos,
padre de Mohamed VI, comienza a hostigar militarmente al Frente
Polisario y, finalmente, aprovechando la convulsión que vivía España por
la muerte del dictador, el 6 de noviembre de 1975 organiza la famosa
Marcha Verde, el envío de 350.000 civiles a ocupar el Sáhara.
España
se desentiende, lo que supone, sin contar con los saharauis, ceder el
control de su colonia a Marruecos y Mauritania, los dos países que se
disputan la región. Miles de ellos se exilian en campamentos de
refugiados en la ciudad argelina de Tinduf, el único país que les apoya.
El Frente Polisario fundó en 1976 la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), y entra en guerra con Mauritania y con Marruecos. En
1979 firma la paz con Mauritania. En cambio Marruecos sigue acosando
militarmente a los saharauis y entre 1981 y 1987, construye una serie de
ocho muros en el desierto, con una longitud de más de 2700 km, sembrado
con millones de minas, con el objetivo de cortarle el territorio en dos
al Polisario e impedirles la movilidad.
Ante la promesa en 1991 de la comunidad internacional de convocar un referéndum
sobre el destino del Sáhara, y especialmente de la ONU, que crea la
Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), los guerrilleros firman un alto el fuego con Marruecos.
Desde
entonces, la ONU y la comunidad internacional ha ido dando largas y
burlando su compromiso con el pueblo saharaui, argumentando problemas
con la elaboración del censo, aceptando los impedimentos de Marruecos.
Por ello, y tras unas violaciones del alto el fuego por el ejército
marroquí, el 14 de noviembre de 2020 el Frente Polisario emite un comunicado
donde anuncian el fin del compromiso con el alto el fuego firmado entre
el Frente Polisario y el Reino de Marruecos en 1991 y da 12 horas a la
Minurso para que abandone los territorios del Sáhara Occidental por su
demostrada incapacidad para solucionar el conflicto. Desde entonces los
enfrentamientos se han sucedido a lo largo del muro creado por Marruecos
para dividir el Sáhara. El muro está vigilado por el ejército marroquí.
Tiene trincheras, alambradas de espinos y una extensa franja sembrada
de minas antipersona y anticarro. Se calcula que existen entre 7 y 10
millones de artefactos explosivos, muchos de ellos de fabricación
española. Marruecos no ha firmado el tratado internacional contra esas
minas.
Trump y Marruecos
Como
señalábamos al principio, Marruecos ha reconocido que el último
conflicto con España es una nueva embestida para presionar a España por
su no cooperación en sus intenciones de anexionarse el Sáhara. Uno de
los motivos que han llevado al rey de Marruecos a esta ofensiva es que
se encuentra crecido tras el apoyo mostrado por el entonces presidente
estadounidense Donald Trump en el mes de diciembre, cuando a golpe de
tuit reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de la
decisión de Marruecos de establecer relaciones diplomáticas con Israel.
("Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over
the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy
proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring
peace and prosperity!", señalaba el tuit de Trump el 10 de diciembre, ya
no disponible por estar suspendida su cuenta de Twitter).
Pero la decisión de Trump, por mucho que también siga siendo apoyada
ahora por Biden, no se ajusta a la legalidad internacional. Ningún
Estado del mundo reconoce que el Sáhara forme parte de Marruecos. La
legislación internacional es clara al respecto: Sáhara es uno de los 17 territorios no autónomos
("territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del
gobierno propio"), que se encuentran bajo supervisión del Comité
Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin de
terminar el colonialismo. Fue introducido en la lista de los territorios no autónomos el 15 de diciembre de 1960
a través de la resolución 1542 (XV) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, cuando todavía era una provincia española. Los
servicios jurídicos del Consejo de Seguridad de la ONU emitieron un informe el 12 de febrero de 2002 donde volvieron a recordar que:
"El 14 de noviembre de 1975, concluyó en Madrid una Declaración de
Principios sobre el Sáhara Occidental entre España, Marruecos y
Mauritania ('el Acuerdo de Madrid'), por la que los poderes y
responsabilidades de España, como Potencia administradora del
Territorio, se transfirieron a una administración tripartita temporal.
El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni
confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia
administradora, condición que España por sí sola no podría haber
transferido unilateralmente. El traspaso de la autoridad administrativa
sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó a la
condición internacional del Sáhara Occidental como Territorio no
autónomo".
España como potencia administradora
Ya un auto de 2014 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española
declaraba que "España sigue siendo la potencia administradora del
territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la
descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y
74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso
jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe
extender su jurisdicción territorial".
La
ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha
González Laya, desde el pronunciamiento de Trump del pasado año, no ha
modificado su postura, negándose a reconocer la soberanía marroquí sobre
el Sáhara Occidental y asegurando que el contencioso se ha de resolver
en el campo multilateral de Naciones Unidas.
Marruecos, como ha reconocido, ha aprovechado la asistencia humanitaria al líder del Polisario Brahim Ghali, atendido por COVID en España,
para volver utilizar a sus ciudadanos como munición desechable al
servicio de las ambiciones del rey marroquí. Envió el pasado mayo a
emigrantes subsaharianos que se encontraban en Marruecos y a niños
engañados en autobuses a Ceuta, sin conocimiento de sus padres. Incluso
ahora está impidiendo que las jornaleras de su país que se encontraban
en España en la campaña de recogida de la frase puedan volver a
Marruecos y deban permanecer en la península sin trabajo ni residencia
sobreviviendo con el apoyo de la sociedad y de algunos contratistas que
las han seguido manteniendo alojadas. Todo ello para presionar a España y
a la UE con el chantaje de una crisis migratoria, sabiendo lo rentable
que esas crisis son para los países periféricos de Europa, véase los
ingresos que logra Turquía por los servicios prestados de contención.
Abandono de España y de la ONU
Todo
esto no quiere decir que el manejo de la cuestión saharaui haya sido
correcta por los sucesivos gobiernos españoles. Si la monarquía marroquí
ejerce todo su chantaje y violación de la legalidad internacional, la
monarquía española ha mostrado una grave irresponsabilidad
desentendiéndose del futuro de un territorio que un día fue español y
que, por tanto, debería haber garantizado un proceso de descolonización
respetuoso y soberano para con esos ciudadanos. Sin embargo, el
desinterés de los todos los gobiernos españoles por resolver esa
situación ha dejado a los saharauis a merced de las ambiciones
expansionistas de una monarquía dictatorial que no duda en provocar todo
el daño que pueda (represión, persecución y acciones militares) a
quienes se resisten a la anexión. Un detalle que se olvida con
frecuencia es que los ciudadanos saharauis de más edad tienen en su
poder documentos de identidad españoles emitidos anteriormente a
noviembre de 1975, incluso cartillas de cotización de la Seguridad o
documentos de filiación al ejército español. Imaginen que un día España
decida que las Islas Canarias ya no son españolas y deja abandonados a
los españoles que viven en ellas.
Pero también las Naciones Unidas tienen una gran responsabilidad en este
eterno conflicto, han pasado treinta años desde que les prometiera un
referéndum a los saharauis y nada se ha movido, treinta años en los que
ese pueblo, en torno a medio millón de personas, está malviviendo de la
mendicidad internacional en campos de refugiados en el desierto
divididos entre territorio argelino, territorio ocupado por Marruecos y
territorio bajo control del Polisario.
Fuente → mundo.sputniknews.com
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